Carta de un profesor universitario a sus compañeros docentes sobre las directrices del Rectorado en el tema COVID y vacunación

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Todo ha sido en contestación a esta directriz de UGT:

Ante el avance de la incidencia de la pandemia y puesto que la Generalitat Valenciana va a solicitar al TSJ de la Comunidad Valenciana la ampliación del pasaporte COVID a todos los espacios de ocio y hostelería que incluyen gimnasios y cines, UGT ha hecho llegar a la Rectora la necesidad de que la Universidad solicite a la Generalitat la inclusión en el pasaporte COVID de los espacios docentes de la Universidad.

Desde UGT creemos necesario ampliar el pasaporte a estos espacios porque es ahí donde se producen las concentraciones de estudiantes más numerosas en interiores y más teniendo en cuenta la proximidad de los exámenes oficiales a la vuelta de vacaciones de Navidad; y porque, además, la mitad de los estudiantes que han dado positivo en COVID no están vacunados.

Desde UGT somos plenamente conscientes de que la vacunación importa y para corroborarlo están los datos de hospitalización y fallecimientos, mucho menores en la actualidad en comparación con olas anteriores, cuando no contábamos con ninguna vacuna. Además de otras medidas, el pasaporte COVID debe ser un acicate para lograr las mayores cuotas de vacunación y espacios seguros en nuestro entorno de trabajo.

UGT Serveis Públics UA

Estimados compañeros,

Aunque no demasiado, confieso que no ha dejado de sorprenderme vuestra petición al Rectorado de nuestra Universidad en relación con la exigencia del «pasaporte COVID» para todo el cuerpo docente. Ruego disculpas si me extiendo, pero creo que la situación lo requiere.

Reconociendo que mi pensamiento ha sido en este sentido bastante idealista y quizás romántico, siempre he estado convencido de que es de las universidades de donde proceden las opiniones, iniciativas y movimientos capaces de oponer una resistencia eficaz frente a las tentaciones totalitaristas de los Estados de no importa qué región geográfica; eso, la fiscalización social de los Estados, es lo que, hasta la politización actual de las universidades públicas y desde mi punto de vista, ha sido lo que ha permitido a las sociedades evolucionar hacia Estados realmente democráticos (subrayo lo de «realmente», para distinguirlo de la ficción que vivimos); es el freno necesario a los impulsos, hoy de todos conocidos, que intentan allanar los derechos y libertades más esenciales de los ciudadanos. Pero me explico:

La así llamada «pandemia» (después de haber cambiado convenientemente su definición desde una organización privada como lo es la OMS, cuyas fuentes de financiación excuso explicar, por bien sabidas) resulta ser, según un buen y creciente número de publicaciones científicas y una representación de científicos del área de la Biología, la Química y la Medicina (incluidos varios premios Nobel) tan creciente como silenciada por los poderes públicos, un síndrome (no una enfermedad) que cursa habitualmente de manera benigna entre la población y cuya letalidad y mortalidad asociadas son similares o incluso inferiores a las de la gripe estacional común; esas, y no otras (las divulgadas por los medios -¿informativos?- las que se obtienen a partir del procesamiento de los datos recogidos en organismos oficiales, como lo son el Ministerio de Sanidad de España, el Instituto de Salud Carlos III y las todopoderosas FDA y CDCs estadounidenses, entre muchos otros que, a juzgar por sus «recomendaciones a la sociedad», gustarían de otros datos bien distintos y, desde luego, peores de los que tienen.

La unanimidad del sector político no puede resultar menos que curiosa: del uno al otro extremo del arco ideológico resulta que se desdeña la objetividad, la pluralidad y el debate científico y todo el mundo en bloque, desde Maduro a Bolsonaro y desde Macron a Sánchez, hace palmas hasta con las orejas a unas medidas inauditas por lo insensatas, que lo único que están haciendo es contribuir al totalitarismo de los Estados, que han renunciado a los principios democráticos en favor de los intereses económicos (y sociales) de compañías farmacéuticas (todas ellas en manos de Varguard y BlackRock, en última instancia), para lo que utilizan descaradamente a una prensa servil (también en poder de los mismos, en última instancia) y desprovista a día de hoy, y salvo contadas excepciones, de periodistas con la profesionalidad y capacidad de crítica, análisis y pensamiento autónomo que tanto serían de agradecer; mientras tanto, con el uso de esa arma de propaganda en la que se han convertido lo que deberían ser unos servicios informativos, y siguiendo las líneas oficiales del pensamiento único, se vitupera a quienes osen pensar de manera distinta, se les excluye, se les segrega, se les ridiculiza, se les expulsa, se les expedienta y se les condena al ostracismo, todo ello con la necesaria colaboración de una sociedad desinformada, incapaz de pronunciar sus propias opiniones, embotada y aborregada como está con el continuo bombardeo de consignas en el sentido más puro del oficialismo y de la abominación del pensamiento libre y crítico.

A los «disidentes» se nos ha llamado desde «negacionistas» (una miradita al diccionario nos permitiría concluir que un «negacionista» es quien «niega determinadas realidades o hecho históricos, particularmente, el holocausto» (nótese la incisión sionista; DRAE, 2021, acepción única); más extensamente, la definición de la popular Wikipedia es la de que el «negacionistas» son los individuos que eligen negar la realidad para evadir una verdad incómoda. De acuerdo al autor Paul O’Shea, «es el rechazo a aceptar una realidad empíricamente verificable. Es en esencia un acto irracional que retiene la validación de una experiencia o evidencia histórica». El autor Michael Specter define el negacionismo grupal cuando «todo un segmento de la sociedad, a menudo luchando con el trauma del cambio, da la espalda a la realidad en favor de una mentira más confortable«. Y nosotros, los que pensamos en posibilidades distintas y nos apoyamos en datos empíricos, sabemos que, al igual que los demás, no estamos en posesión de la verdad absoluta y queremos el debate neutral y objetivo entre dos tendencias hoy tan enfrentadas y polarizadas como lo está la sociedad en todos los ámbitos como consecuencia de la ideologización sobre ella practicada. Es decir: no somos nosotros, sino aquellos que practican el dogma del pensamiento único, quienes merecen ser llamados negacionistas con toda propiedad.

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Y ahora, tras haber pasado por el 50, el 70 y el 90% de población inyectada para conseguir una «inmunidad de rebaño» (por cierto, nunca mejor dicho lo de «rebaño»), se lanza desde los gobiernos el mensaje de la «necesidad» del 100% de la población «vacunada» para conseguir esa pretendida inmunidad; y, para redondear la cuenta, introducir un «pasaporte COVID» para «garantizar la seguridad del resto de las personas»… ¿De qué seguridad hablamos? El mencionado «pasaporte» no es más que un arma para que una población aborregada limite los derechos de los ciudadanos que piensen diferente al resto del rebaño. Y eso por varias razones que, por si se desconocen, cito:

Las «vacunas» NO SON TALES VACUNAS. Si alguien se molesta en leer los documentos técnicos de esas «cosas», comprobará que no son mas que tratamientos genéticos EXPERIMENTALES; no tienen la capacidad de inmunizar que se requiere a una vacuna de las de verdad. Por lo tanto, nadie tiene puesta ninguna vacuna frente a esta temible enfermedad que tiene una tasa de supervivencia del 99.98%, provocada por un virus que todavía no ha podido ser ni aislado ni cultivado en tejidos humanos (como también reconocen las instituciones antes citadas, junto a todas las demás).
Al «pasaporte» le dan a día de hoy una validez de 6 meses, que muy previsiblemente bajará a 3 más pronto que tarde, dada la progresiva ineficacia de la así denominada «vacuna».
Los «vacunados» son contagiosos al menos en la misma medida que los no vacunados. Por lo tanto, la medida del «pasaporte», además de ser inútil y discriminatoria, resulta también en cierto modo estúpida; y por otra parte, se está obligando a los empresarios del ocio y de la hostelería, bajo amenaza de sanción (en realidad, tan solo propuesta de sanción, que solo prosperará en la medida en que no sea recurrida) a solicitar improcedente e ilegalmente un documento privado, que su titular no tiene obligación alguna de enseñar. Siendo así, ¿quién protege a los no vacunados de los «vacunados»?

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De todo lo anterior, de lo que, disponiendo de abundantes referencias excuso citarlas por no tratarse esto de un artículo científico, creo que resulta muy fácil concluir que la del «pasaporte» es una medida exclusivamente política, sin base en la razón ni en la ciencia, raquítica ante el menor razonamiento crítico y cuyo solo objetivo no es, como nunca lo ha sido en la mente de los políticos de cualquier signo, el presunto «interés por la salud pública de la ciudadanía», sino que únicamente se orienta a la discriminación de los que piensan distinto y que exhibe con toda desvergüenza un tinte totalitario muy inquietante.

Por todo lo dicho, es mi humilde opinión que vuestra petición al Rectorado debería haber sido más meditada y discutida con el necesario espíritu crítico y sin dejarse influir por la propaganda de unos medios «informativos» que niegan el debate y se ajustan íntegra, fiel y religiosamente a las consignas procedentes del gobierno y/o la satrapía de turno.

Como observación adicional, os diré que los que pensamos distinto a la oficialidad no somos tampoco eso que han dado en llamar «antivacunas»: yo personalmente tengo toda la colección puesta, y alguna más, dado que viajo con frecuencia a países de los llamados «de riesgo»; y si en alguna ocasión me hago una herida en algún lugar poco saludable, lo primero que hago es ir a ponerme la famosa antitetánica, por si acaso.

Por último diré que la exigencia del «pasaporte COVID» atenta contra los derechos y libertades individuales, protegidos por, entre otras, la siguiente normativa que cito por su mayor relieve:

Constitución Española: Artículos 14 (de Actos Discriminatorios) y 18.1 (del Derecho al Honor y a la Intimidad Personal).
Ley ORGÁNICA 3/2018, de Protección de Datos Personales: Artículo 6 (del basado en el consentimiento del afectado).
Código Penal: Artículo 510.1 (Crimen de Incitación al Odio).

Todas ellas de rango superior a las medidas «de protección» que se nos intentan imponer desde el gobierno central y desde muchos de los autonómicos.

Por otra parte, y para finalizar, resaltar que LA «VACUNACIÓN» (contra el COVID-19) EN ESPAÑA NO ES OBLIGATORIA Y POR LO TANTO ES ILEGAL IMPONERLA A NADIE, O NEGARLE LA ENTRADA A LUGAR PÚBLICO ALGUNO; CUALQUIERA DE LAS DOS COSAS PUEDE IMPLICAR ACCIONES LEGALES POR PARTE DE LOS DISCRIMINADOS.

Saludos cordiales

Dr. José Enrique de Tomás

Universidad de Alicante, Dto. de Ecología