Tras El Pais, el Gobierno actúa contra el Expediente Royuela. Por Javier Marzal

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Ayer, les informábamos que el Juzgado de 1ª Instancia nº 48 de Madrid, ha admitido a trámite la demanda de Juan Antonio Escudero Muñoz contra El País por afirmar que el Expediente Royuela (ER) es un “bulo”.

Hoy, les informamos que hemos solicitado al Presidente del Gobierno, que cese al Ministro de Justicia por el nombramiento para el Eurojust de La Haya de una jueza corrupta que forma parte de la metamafia institucional denunciada en el ER.

En el escrito al Presidente se dice:

En el Consejo de Ministros del 2 de febrero de 2021 aprobaron que una jueza corrupta represente a España en Eurojust en La Haya, a propuesta del Ministro de Justicia.

Se trata de la jueza Elisabet Castelló Fontova que el 12 de abril de 2018 estaba situada en el nº 1270 del escalafón de la carrera judicial (BOE del 24/04/2018) y que no tiene méritos suficientes.

esta jueza fue investigada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en 2009, por su relación con la presunta banda criminal del ex Fiscal Mena y su posible prevaricación en la condena de Santiago Royuela Samit, como represalia contra su padre Alberto Royuela Fernández, por denunciar a esta metamafia institucional.

Mas recientemente, esta jueza ha admitido a trámite en las Diligencias Previas 622/2020-D del Juzgado de Instrucción nº 33 de Barcelona, una denuncia por delitos contra el honor de otro ex funcionario público implicado en esta metamafia e igualmente investigado por el TSJC.

El 27 de enero de 2021, Santiago Royuela recurrió las numerosas irregularidades de este procedimiento, solicitando en virtud de la DIRECTIVA (UE) 1930/2019 que se investigue si son ciertos los hechos denunciados públicamente contra el denunciante, que acreditan la falsedad de 500 informes forenses para encubrir el mismo número de asesinatos, varios encargados por el PSOE.

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No es posible desligar el nombramiento de esta jueza con el auge que está tomando el Expediente Royuela (ER) ni con las actuaciones antijurídicas de la jueza. El propio Santiago Royuela cree que el Gobierno se la ha llevado al extranjero para protegerla.

Es evidente que el Ministro quiere evitar que se investigue la participación del denunciante y de la jueza en esta metamafia institucional que, según el ER, asesinó a mas de 600 personas por encargo del PSOE.