De la Justa Supresión Autonómica. Por Daniel Ponce Alegre

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Transcurridos ya más de 40 años desde la aprobación de la Constitución Española podemos afirmar, sin lugar a dudas, que las cámaras autonómicas, han llevado una frenética, opresora y limitante actividad legislativa en diversas facetas de nuestra vida personal y social, siendo su máxima y más maligna expresión liberticida “la legislación post pandémica”.

En el actual panorama político nacional es evidente, no sólo la consolidación de los parlamentos autonómicos y CCAA, sino también su enquistamiento, lastrando y parasitando al Estado, a la Nación y al Pueblo Español a todos los niveles: económico, administrativo, cultural y religioso.

No sólo han supuesto ser fuentes despilfarro y empobrecimiento sino también de infiltración. Agentes subversivos al servicio de ONG´s y grupos empresariales, y elementos desestabilizadores de la paz y el orden han encontrado en la maraña autonómica el caldo de cultivo perfecto para sus pérfidos planes de naturaleza fundamentalmente judeo-masónica. Aparentemente por dinero o razones políticas, dichos planes fueron “planchados” y organizados desde las principales obediencias y canalizados a través de políticos mediocres en lo humano y espiritual pero ansiosos de poder, por pequeño que fuera el ámbito regional para deconstruir España, nuestra sociedad y a nosotros como personas.

Se han convertido así (los casi 2000 diputados autonómicos repartidos en los 17 parlamentos y en las dos asambleas de las ciudades de Ceuta y Melilla) en raíz y principal fuente de nuestra actual situación material, moral y espiritualmente maldita, y deplorable a los ojos de Dios.

En los últimos años, de manera especial desde el año 2001 y sobre todo en los momentos de mayor crisis económica y corrupción política, se ha puesto el foco sobre el tema de la eliminación autonómica. Ha habido otros muchos análisis, antes que este, que han argumentado sobre la necesidad de suprimir o eliminar los parlamentos autonómicos y, por lo tanto, las estructuras administrativas o de “representación política” que los justifican, las CCAA, basando sus argumentos en motivos exclusivamente económicos, algo muy propio de los políticos liberales, muchos de los cuales se encuentran sometidos, formal o informalmente, a la Obediencia Masónica Inglesa. En el presente artículo, el lector podrá observar cómo ese no será nuestro criterio para justificar la eliminación autonómica. Entre las razones de naturaleza económica insertaremos otras más de fondo, como en parte ya hemos hecho en los párrafos anteriores.

Los parlamentos autonómicos cuestan en la actualidad a los contribuyentes, según cifras oficiales, en torno a 500 millones de euros. El parlamento catalán es, con diferencia, el más caro de todas las comunidades autonómicas, lo que nos muestra, independientemente de la gestión económica o administrativa eficaz, que hay razones políticas e ideológicas tras el despilfarro, razones que, los que justifican ese gasto, llaman pomposamente “construir estructuras de país”. Lo que no dicen es que junto a esa “construcción” hay destrucción, empobrecimiento y ruina. Junto al parlamento catalán están el andaluz y el vasco en gasto. Entre estos tres se llevan aproximadamente una cuarta parte del presupuesto, dejando en condiciones muy depauperadas otras regiones y municipios que no estarían en tal situación si les llegase el presupuesto directamente, por partidas acotadas en fondo y forma, y si no hubiese esta estructura intermedia llamada CCAA que hace de grieta, por un lado, y de lastre, por otro lado. El gasto de personal es la partida autonómica más cuantiosa, llevándose casi un tercio del presupuesto total.

Uno de los aspectos más polémicos en el coste de los parlamentos autonómicos en España es el de las “aportaciones a los grupos políticos”, es decir, las cantidades que cada cámara reparte entre los partidos políticos que la integran y que están sujetas a la arbitrariedad de cada parlamento. La cámara catalana reparte más dinero a los grupos políticos que la integran que el parlamento y senado juntos. Nuevamente le siguen en arbitrariedad y derroche la andaluza y la vasca. Este hecho es especialmente significativo de lo que supuso la inclusión de las CCAA en la Constitución Española de 1978: una cuña de injusticia o espina debilitadora y “federalizadora” de España impuesta por “los constructores del Nuevo Orden Mundial” tras la muerte del Caudillo, D. Francisco Franco, entre los que destacan el pérfido Henry Kissinger y los suyos… Como hicieron con Alemania, mediante la imposición constitucional de los “Lander”, para impedir su verdadera unificación, la unidad de “Deutchland”.

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Somos conscientes, desde este Digital, que la supresión de los parlamentos autonómicos y de las CCAA implicaría la reforma de la Constitución Española de 1978, raíz de buena parte de nuestros males, sino de todos.

Los argumentos usados por los que se oponían a esta constitución “planchada, cocinada y servida” para España eran:

Es una constitución atea y anticristiana.
Se opone a la vida familiar, social y nacional.
Aboca a España a la desintegración.

Premonitorias palabras las de D. Blas y muchos otros que dieron en la piedra angular de lo que ha supuesto para España la llamada CE-78. Nos mostraron las razones de la intrínseca maldad y perfidia de dicha constitución, y cómo, sin saberlo plenamente, nos señalaban cómo esta constitución era, y es aún hoy, parte de la agenda o “caballo de troya” de los constructores del NOM para España.

No es mi intención, con este artículo, hacer un detallado o extenso análisis sobre las razones económico-administrativas y políticas que justifican la supresión de los parlamentos autonómicos y de las CCAA, y hemos visto también que de la Constitución Española del 78 (planchada en las logias masónicas para la destrucción de España y la “construcción” del satánico Nuevo Orden Mundial) sino mostrar, en primer lugar, que esa eliminación es esencial para nuestra Fe, Soberanía, Unidad y Libertad Nacional, y, en segundo lugar, que la supresión pasa por recuperar nuestro Patrimonio Religioso, Tradicional y Político Católico e Hispánico Nacional.

Las formas político-administrativas para esa Regeneración pueden ser diversas pero los pilares o fuentes del Derecho están arriba indicados. Vienen a mi mente tres Instituciones muy valiosas (por eso van a por ellas haciendo uso, nuevamente como en la década de los 80, de tretas propias de la cloaca del Estado) en este camino de regeneración y recuperación de España:

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La Fundación Nacional Francisco Franco con El Instituto Benedictino de EE. Sociales.
La Hermandad Nacional de la Vieja Guardia con la también Hermandad Nacional de la División Azul.
El Centro de Estudios Histórico-Políticos General Zumalacárregui.

Todas ellas pueden ser canales de transmisión del Legado Católico, Hispánico y Nacional de España, que, en definitiva, es el Legado del Magisterio bimilenario de la Iglesia, de su Doctrina Social y el modelo de los reinos católicos que formaron y forman la Cristiandad.