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En los últimos días, Unidas Podemos ha intentado lograr la creación de dos comisiones de investigación contra dos personas clave en la consolidación del régimen político implantado en 1978 en España. Una iba a ir dirigida contra Juan Carlos I, rey emérito de España, por hechos sobre los que ya está investigando el Ministerio Fiscal. La otra pretendía comprobar la implicación de Felipe González en el asunto de los GAL, que ya fue juzgado y revisado por el Tribunal Supremo mediante una sentencia dictada en 1998.
Hay que tener presente el peculiar régimen jurídico de las comisiones de investigación del Parlamento. El artículo 76 de la Constitución establece que el Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público y que sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas. Por tanto, las comisiones de investigación pueden ayudar a determinar la existencia de unos hechos con un contenido que quizá llegue a tener relevancia jurídico-penal.
Lo que no cuadra en relación con el objetivo de las propuestas de Unidas Podemos es que las dos comisiones de investigación propuestas por el partido político dirigido por Pablo Iglesias, al igual que otras algunas otras pedidas y constituidas con anterioridad, carecen de utilidad jurídica, por haberse realizado o por estar en desarrollo actuaciones de investigación contra los sujetos cuya actuaciones pasadas se pretende analizar. Especialmente llamativa es la propuesta de Unidas Podemos sobre Felipe González, que se ha visto impulsada en un momento en el que el expresidente del Gobierno se ha mostrado muy crítico con la coalición sobre la que se sustenta Pedro Sánchez, que resulta totalmente kafkiana.
Como muchas otras cosas, la finalidad de las comisiones de investigación parlamentaria se ha deformado para poder satisfacer pretensiones políticas basadas en buscar el desmoronamiento de las instituciones vigentes a partir del estudio de actuaciones de figuras relevantes con las que hemos podido llegar a disfrutar de cuarenta años de una democracia que, aunque tenga sus defectos, puede resultar mejor que el régimen que desean implantar Unidas Podemos y otros partidos políticos con los que tiene afinidad ideológica, como la que les conecta con los independentistas.
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