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El 11 de septiembre del 2013, se estaba celebrando en Madrid en la capital de España, un aquelarre separatista en la librería Blanquerna, considerada por los círculos nacionalistas, como la embajada de Cataluña en España. Catorce hombres entraron en la librería al grito de lo que deberíamos considerar una obviedad, al grito de  Cataluña es España. La incursión apenas duro unos cuantos minutos, con un saldo de una puerta de cristal rota, como consecuencia del portazo, algunos empujones muy vistosos en televisión, pero poco efectivos y ningún daño personal. El «evento» de odio e insulto a España pudo continuar sin más contratiempos. Esa misma noche, los eficaces cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, tenían a los catorce hombres identificados y detenidos, y aquellos que no lo habían sido, se presentaron voluntariamente a prestar declaración.

En principio, nada hacía prever lo que sucedería mas tarde. Nadie podía ni siquiera imaginar que el caso se convertiría en mediático y que el síndrome de victimismo tan arraigado entre los cobardes separatistas, sacarían rédito político de lo que siendo puristas, había sido una simple protesta de denuncia sobre como el nacionalismo catalán, acudía a la capital de España con mensajes de odio y se movían impunemente ante la actitud complaciente de todos los poderes públicos. Incluso el parlamento español, tuvo tiempo de condenar lo sucedido. No se condeno la provocación secesionista en Madrid y el aquelarre separatista, se condeno la valiente actuación de los 14 de Blanquerna. El mundo al revés. Eran tiempos de vino y rosas entre el gobierno de España y el gobierno autonómico.

En el año 2016, la audiencia de Madrid, condenaría a los catorce participantes a penas que oscilaban entre los seis y ocho meses de prisión, cosa que escandalizo a gran parte de la población española. No se entendía como por ejercer el derecho a la legítima protesta, te podría conducir a la cárcel, sobre todo si uno lo comparaba con hechos muchísimo mas graves protagonizados por elementos de izquierda, donde los culpables, en el mejor de los casos y si eran identificados, cosa poco habitual, salían absueltos o con leves amonestaciones.

En el año 2017, el Tribunal Supremo, aumentó las penas a entre dos y cuatro años de prisión, tras los recursos que interpuso la fiscalía y la Generalidad Catalana. La «justicia española» introdujo la discriminación ideológica en la resolución del Tribunal Supremo. Después de los recursos interpuestos ante el Constitucional, este decide que el Tribunal Supremo debe dictar una nueva resolución  que no incluya la discriminación ideológica, y es ahora cuando el Supremo condena hasta dos años y nueve meses del cárcel, a los de «Blanquerna».

Resulta de todo punto increíble e inaceptable, que al crimen de Victor Laínez se le diera carpetazo, condenando al asesino a tan solo cuatro años de prisión, mientras que en el caso que nos ocupa, reivindicar la unidad de España y denunciar con antelación lo que más tarde pasaría con el «proces» y que obligó al gobierno a aplicar el 155 interviniendo en Cataluña, se les condene a alguno de los acusados, a casi tres años de cárcel.

Los catorce de Blanquerna, lejos de merecer ningún tipo de condena o multa, deberían ser reconocidos, homenajeados y premiados. Su valentía y denuncia de lo que estaba pasando en la librería Blanquerna, nos abrió los ojos de lo que con posterioridad pasaría en Cataluña. Ellos nos advirtieron del golpe de estado secesionista que se estaba fraguando. Si ellos son castigados, mayor castigo merecería el ex presidente Mariano Rajoy, por haber aplicado el artículo 155, los partidos y organizaciones políticas que lo apoyaron y su majestad el Jefe del Estado, que refrendo la intervención en Cataluña. Mal va un país cuando castiga a sus más valientes y premia a los mas indignos, cuando encarcela a los que luchan por su unidad y busca cualquier excusa para liberar a los que la ponen en riesgo.

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REDACCIÓN