El juicio se celebró coincidiendo con el asesinato de Carrero Blanco: Así fue el proceso 1001 que condenó a la Directiva de Comisiones Obreras

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En junio de 1972 la policía franquista obtiene la detención de 10 integrantes del núcleo dirigente de la más importante fuerza opositora, pacífica y de masas

Hasta el actor Marlon Brando anunció que acudiría a la vista, aunque finalmente no pudo hacerlo.

El área de Formación y Cultura del Trabajo de la Confederación Sindical de CCOO ha publicado el quinto vídeo de la serie “Flashes sobre la historia”, una iniciativa para mantener viva, preservar y dar a conocer a las nuevas generaciones la memoria histórica de la clase obrera. Esta vez rememora el Proceso 1001, que llevó a la cárcel a parte de los dirigentes nacionales de las Comisiones Obreras.

La detención de la Coordinadora General de CCOO se produjo el 24 de junio de 1972 en la residencia religiosa de los padres Oblatos de Pozuelo de Alarcón, donde mantenía una reunión clandestina. Año y medio después el Tribunal de Orden Público (TOP) sentenció a los “10 de Carabanchel” a 162 años prisión. Para comprender la dureza de las condenas y la importancia política de lo acontecido hay que remontarse al papel que desempeñaba entonces Comisiones Obreras.

Si bien hoy somos un sindicato consolidado y el primero por afiliación y representatividad electoral, la fecha fundacional es objeto de controversia. La razón radica en que nuestro alumbramiento se produjo a través de un largo proceso en el que, hasta la llegada de la democracia, el perfil responde más a un movimiento de oposición que a una organización de corte clásico. Su origen está vinculado a una fórmula espontánea: la creación de comisiones de trabajadores en las empresas para enfrentar problemas muy concretos y que se disolvían al finalizar la tarea. A lo largo de la década de los 60, aquellas comisiones primigenias adquieren estabilidad y mejoran su coordinación en las diferentes ramas de actividad y territorios, empleando de manera sorpresiva para las autoridades franquistas las reducidas posibilidades que la legalidad del momento permitía, por ejemplo, mediante la participación a cara descubierta en las elecciones sindicales promovidas por la dictadura.

En 1972, tras avanzar en las elecciones convocadas en 1963, 1966 y 1971 el número de enlaces sindicales y de jurados de empresa promovidos por CCOO era ya muy numeroso. Al tiempo, el empuje de las luchas laborales provoca que entre 1963 y 1968 se produzcan 1.714 huelgas parciales. Es el periodo más determinante para la consolidación de unas CCOO estables. Tras unos primeros momentos dubitativos, explicables por la sorpresa inicial y las contradicciones de un régimen que se debatía entre la apertura y el búnker, la dictadura mostró su rostro más duro y represor. Las movilizaciones crecientes obtienen como respuesta los despidos, detenciones, torturas, encarcelamientos y asesinatos. Pero CCOO resiste.

El año 1966 se cierra con el inicio de la huelga más larga de la dictadura, la de la Empresa Siderúrgica de Laminaciones de Bandas en Frío de Etxebarri (Bilbao). Fueron ocho meses que despertaron la solidaridad de muchas otras empresas y que CCOO aprovechó para convocar una Huelga General en la zona, secundada por 23 empresas y rematada con una importante manifestación en el Arenal.

CCOO convoca, a principios de 1967, la “Marcha sobre Madrid”. Al finalizar su jornada laboral, los trabajadores de la periferia industrial caminan hasta la ciudad. La movilización se salda con las detenciones, entre otros, de Julián Ariza y Marcelino Camacho. 365 intelectuales remiten una carta al vicepresidente Agustín Muñoz Grandes en protesta por la represión. Fue en vano. El TOP condena a Ariza y a Camacho a penas de cárcel. CCOO no se amilana y sigue convocando movilizaciones. La dictadura responde con un incremento de la represión.

Tras el asesinato el 20 de enero de 1969 de Enrique Ruano a manos de la Brigada Político-Social, se proclama el Estado de Excepción. Situación que volvería a repetirse a finales de 1970, esta vez en respuesta tanto a las movilizaciones obreras como a las que se desarrollaron en relación con el Proceso de Burgos. A pesar de la represión, CCOO obtiene buenos resultados en las elecciones sindicales de 1971. Entre octubre de ese año y diciembre de 1972 se producen 17.364 bajas de enlaces sindicales, la mayoría por despidos.

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Y llegamos al mes de junio de 1972, cuando la policía franquista obtiene la pieza que pretende ya ansiosamente: la detención de 10 integrantes del núcleo dirigente de la más importante fuerza opositora, pacífica y de masas. Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius, Francisco García Salve (Madrid); Eduardo Saborido, Fernando Soto, Francisco Acosta (Sevilla); Juan Muñoz Zapico (Asturias); Miguel Ángel Zamora (Zaragoza); Pedro Santisteban (Vizcaya), y Luis Fernández Costilla (Valladolid) fueron detenidos y encarcelados en Carabanchel.

El juicio

El juicio se fijó a las 10 de la mañana del 20 de diciembre de 1973, pero se postergó hasta las cuatro de la tarde porque media hora antes ETA hizo volar el coche en el que viajaba Carrero Blanco. El abogado Juan María Bandrés reveló a Jaime Sartorius, según recoge Juan Moreno en su libro Comisiones Obreras en la dictadura, que la fecha del atentado había sido escogida a propósito: “Los preparativos estaban ya en marcha cuando señalaron la fecha para la vista del Proceso 1001 y lo hicieron coincidir al estar la atención internacional pendiente del juicio contra CCOO, para que tuviera mayor repercusión el atentado”.

La campaña organizada contra el Proceso 1001 obtuvo muy importantes resultados en forma de solidaridad internacional. Hasta el actor Marlon Brando anunció que acudiría a la vista, aunque finalmente no pudo hacerlo. Las defensas fueron asumidas por diversas personalidades que cubrían un amplio espectro político. La dictadura franquista enfrentó como consecuencia del Proceso 1001, dentro y fuera de España, fortísimas críticas provenientes de amplios sectores sociales, políticos y culturales que se prolongaron en el tiempo. Con motivo del recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo se convocaron nuevas protestas. Las penas fueron rebajadas de los 162 años iniciales a 38.

Poco después de la muerte de Franco, Juan Carlos de Borbón indultó a los procesados. CCOO volvería a sufrir el zarpazo de la represión en enero de 1977, esta vez contra sus abogados de la calle Atocha. Después obtendría la legalización.

La historia de CCOO es también la de la lucha por la conquista de la democracia combinando reivindicaciones laborales concretas con una visión de los intereses de clase más general. Una doble orientación que CCOO ha preservado y que se antoja tan conveniente en momentos de una fuerte ofensiva por parte de los herederos ideológicos de la dictadura franquista y del neoliberalismo económico.

DINERO PARA LOS SINDICATOS

El Gobierno regala 2400 millones de pesetas a Comisiones Obreras y UGT para acallar sus reclamaciones históricas

“El País” aplaude

EL PACTO bilateral entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios, que garantiza a CC OO y UGT la percepción en tres plazos anuales de un anticipo de 2.400 millones de pesetas a cuenta de sus derechos sobre el patrimonio verticalista, ha suscitado una apasionada reacción de la CEOE, la organización empresarial que había rubricado, a lo largo del proceso de negociación simultáneo a tres bandas con el poder ejecutivo y las centrales, el acuerdo nacional sobre el empleo.La protesta parece provocada, como causa inmediata, por la falta de información o por la eventual ocultación de esas conversaciones bilaterales, que no sólo caminaron en paralelo con la negociación trilateral, sino que incidieron positivamente en su éxito final.

Para nadie son un secreto las vinculaciones entre UGT y PSOE y entre CC OO y PCE. En esa perspectiva, el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos es el fruto de una negociación entre centros de poder situados en campos opuestos, que han llegado a un compromiso en función de sus respectivos intereses. Sin caer en las simplificaciones y esquematismos de algunos grupos de izquierda, que asignan a UCD el papel de leal servidora de la CEOE, las afinidades de la organización empresarial con el centrismo o con la gran derecha y sus claras preferencias por fórmulas de Gobierno de este signo, resultan también evidentes.

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En este sentido, el considerable alboroto creado por la CEOE en torno a los anticipos comprometidos por el Gobierno en favor de CC OO y UGT, que aceptan, a su vez, aplazar durante tres años sus reclamaciones sobre el patrimonio sindical, no puede sino contribuir a la confusión y crispación de nuestro panorama político, en unos momentos en que la demagogia de los golpistas hace leña de cualquier madera. Aunque nadie en su sano juicio pueda pretender que Leopoldo Calvo Sotelo y sus ministros sean peones al servicio de la estrategia de la izquierda, la desmesurada campaña de la CEOE está alimentando el desnutrido almacén de argumentos de la ultraderecha para apuntalar tan absurda teoría.

Todo hace suponer, como decimos, que ese acuerdo parcial sobre el viejo contencioso en tomo al patrimonio de los sindicatos verticales y los bienes incautados en 1936-1939 a las centrales históricas ha desempeñado un papel altamente positivo en la firma del pacto de política de rentas para 1982. De añadidura, la CEOE siempre se ha mostrado partidaria de negociaciones directas con los sindicatos, interlocutores indispensables en un sistema moderno de relaciones industriales. En esa doble perspectiva, parece que la organización patronal debería dar su beneplácito a cualquier medida que se orientara a la consolidación de centrales vigorosas, responsables y abiertas a la negociación con los empresarios, que son los primeros interesados en la existencia de esos interlocutores, y que serían los más perjudicados por la proliferación de minisindicatos ultrapolitizados y testimoniales. Y, sin duda, salvar de la quiebra financiera a UGT y CC OO es una condición necesaria para la consolidación de un sistema de relaciones industriales moderno.

Queda, finalmente, el complicado problema jurídico y administrativo de la titularidad del patrimonio sindical, a cuya solución en nada ha contribuido la política de aplazamientos y de silencios de los sucesivos Gobiernos centristas a lo largo de cuatro años. Es indudable que el patrimonio incautado durante la guerra civil a los sindicatos históricos tiene que ser devuelto a sus propietarios, si bien las cuatro décadas transcurridas, las transformaciones urbanas y las indemnizaciones por daños y perjuicios dificulten la tarea de inventariar y valorar esos activos. En lo que respecta al patrimonio de los sindicatos verticales, los derechos esgrimidos por la CEOE, que se basan en la llamada cuota patronal dentro de la afiliación sindical obligatoria, no pueden ser abstraídos del contexto histórico y político del régimen anterior y del papel que desempeñaron los sindicatos verticales dentro del franquismo.

El tinglado vertical, alimentado por las tasas de las empresas y por los descuentos en las nóminas, se subrogó imperativa y coercitivamente en las competencias y funciones de unos sindicatos de clase perseguidos a sangre y fuego, pero respetó, salvo algunos intervencionismos menores, la autonomía de los empresarios, a quienes se regaló, de añadidura, la persecución penal de las huelgas. Resulta, en verdad, complicado dar una solución clara y equitativa al destino de ese patrimonio, acumulado por un monopolio de falsa representatividad obrera y reclamado ahora por una pluralidad de sindicatos de trabajadores. Pero la pretensión de que el 85% de esos activos pertenece a la CEOE o a otras organizaciones empresariales en función de los mecanismos de pago de las cuotas obligatorias durante el franquismo, o es una cortina de humo, o es una infame broma de la patronal. La cuota sindical del franquismo fue una tasa más impuesta por el régimen, que ofreció tranquilidad social y garantizó bajos salarios a las empresas, mientras encarcelaba a los líderes obreros. Querer regatear ahora a los sindicatos de clase su patrimonio expoliado después de la guerra y el construido sobre la represión y el terror es empeñarse en no querer comprender el significado mínimo del tránsito hacia las libertades.