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El pasado jueves, el Parlamento Europeo condenaba por enésima vez a Polonia. Esta vez, el delito de los polacos es la sentencia de su Tribunal Constitucional que declaró el aborto eugenésico incompatible con la constitución polaca. La resolución de condena del Parlamento Europeo ha salido adelante con los votos del grupo socialista, los populares europeos, los liberales, los verdes y la izquierda unitaria, con un total de 455 votos a favor, 145 en contra y 71 abstenciones. Los eurodiputados españoles han apoyado la resolución, salvo los de VOX, en el grupo de conservadores y reformistas, que votaron en contra, y los del PP, que se han dividido entre el voto en contra y la abstención.
La Eurocámara advierte del “retroceso de los derechos sexuales y reproductivos” y sostiene que “pone en riesgo la vida de las mujeres”. Tomando los datos de la Federación de Mujeres y la Planificación Familiar, una organización proabortista vinculada a Naciones Unidas, se afirma que en Polonia se realizan más de 200.000 abortos clandestinos cada año. Podrían haber dicho medio millón, porque este dato no se sostiene. En 1997, con un gobierno de izquierdas, se añadió una enmienda a la ley del aborto de 1993 que permitía el aborto por razones socio-económicas. En el año que esta enmienda estuvo en vigor el número total de abortos fue de 3.047 abortos, de los que 2.524 se acogieron a este supuesto. No es posible entender de dónde han sacado esas cifras.
Los europarlamentarios han mostrado su consternación por el uso desmedido de la fuerza y la violencia ejercida por la policía y grupos nacionalistas de extrema derecha contra los manifestantes. No se hace ninguna mención a la violencia ejercida por los grupos de ultraizquierda, que fue la que motivo en muchos casos la actuación policial, ni al vandalismo y la profanación de iglesias. También ofrecieron su apoyo particular a las mujeres y LGBTI+ que “a pesar del riesgo de salud pública, tomaron las calles para protestar contra las graves restricciones contra sus libertades y derechos fundamentales”. Es decir, que prácticamente se considera un hecho “heroico” las manifestaciones multitudinarias e ilegales en plena pandemia del Covid-19. Algunos eurodiputados, como la liberal holandesa Samira Rafaela, manifestaron su compromiso “para unirse a los manifestantes en esta batalla hasta el final”.
Es importante señalar además el evidente sesgo de izquierda radical de la resolución. Cada caso en el que se restringe el aborto es denominado “discriminación debida al género” y se define la prohibición del aborto como “violencia de género”. Además de considerar ilegitimo al Tribunal Constitucional polaco, se pide a la Comisión Europea que presione a los estados miembros, es decir a Polonia, para que liberalicen sus leyes del aborto. Por parte del Partido Popular Europeo, la resolución fue firmada por dos eurodiputados de Plataforma Cívica, Andrzej Halicki y Elzbieta Katarzyna Lukacijewska. Este partido, el principal de la oposición polaca, se define como un partido “cristiano” de centro-derecha.
Iratxe García, eurodiputada socialista, con la camiseta de la Huelga Nacional de Mujeres en la Eurocámara
La presión a Polonia desde el Parlamento Europeo se une a las manifestaciones en las calles, protagonizadas por la izquierda y apoyadas por Plataforma y la mayoría de los medios de comunicación. Pero, ¿quién está detrás del movimiento proaborto en Polonia? La asociación que dirige las protestas se denomina Huelga Nacional de Mujeres (Strajk Kobiet) y sus demandas van mucho más allá de la sentencia del Tribunal Constitucional polaco. En su manifiesto se pide, entre medidas de apoyo a la mujer, el aborto libre hasta las 12 semanas, la educación sexual en las escuelas, que el dinero destinado a la Iglesia se entregue a asociaciones feministas contra la violencia de género, la creación de una comisión para investigar la pedofilia en la Iglesia, más integración en la Unión Europea, o lo que es lo mismo, menos soberanía, la persecución de los discursos de “odio” o que el estado se libre de la superstición, es decir de la Iglesia. Esta asociación nació en el seno de la izquierda polaca en 2016, de la mano de Klementyna Suchanow y Marta Lempart. Suchanow es una escritora y activista radical, en 2017 arrojó huevos a los coches que salían del palacio presidencial y en julio de 2018 fue detenida por hacer una pintada en la fachada del parlamento polaco. Lempart es abogada y activista, pero no le van los huevos ni las pintadas. En 2017 exportó el modelo de la Huelga de Mujeres a otros 50 países, que celebraron una “huelga feminista” el 8 de marzo. En 2018 participó en una conferencia del World Forum for Democracy, un foro impulsado por el Consejo de Europa para que políticos y activistas debatan sobre los retos para las democracias. Un año después, es invitada a la conferencia internacional de la Fundación Open Society, el caballo de Troya de George Soros, en Praga.
En las protestas contra la sentencia del Tribunal Constitucional el movimiento es mucho más fuerte que en las protestas de 2016. Ya no solo cuenta con el respaldo de la izquierda, también con el de Plataforma Cívica, el partido popular polaco, cuyos dirigentes acuden a sus manifestaciones. El apoyo por parte de los medios es casi absoluto, dentro y fuera de Polonia. El dinero tampoco falta, en una campaña de donaciones online la asociación recaudaba un millón y medio de zlotys (unos 335.000 euros) en muy poco tiempo. En noviembre, ante este crecimiento inusitado, se establece un Consejo de Coordinación para dirigir el movimiento. En este consejo, entre los activistas de izquierdas, encontramos a Michal Boni, eurodiputado de Plataforma Cívica entre 2014 y 2019, ministro de trabajo en 1991 y de administración en 2011-2013. Desde 1995 es el director de programa de reforma de política social de la Fundación Stefan Batory. Una organización no gubernamental fundada personalmente por George Soros y registrada en Polonia en 1988, y cuyo objetivo es construir una sociedad “abierta y democrática”.
En un discurso pronunciado en el parlamento polaco el pasado 18 de noviembre, el primer ministro Morawiecki señalaba la raíz del problema: “No es una división entre derechistas e izquierdistas, esta es una división entre los que quieren que la nación polaca decida por sí misma y los que quieren que unos pocos funcionarios en Bruselas decidan nuestro futuro”. La izquierda, el centro-derecha y el feminismo radical tienen un nexo común, su vinculación de una u otra forma a la red Soros. El aborto es otra batalla más en la guerra del globalismo para despojar de su soberanía a los obstinados polacos.
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