Además de amoral e incompetente, resulta que Pedro Sánchez es comunista. Por Rafael García Alonso

Extenderse en la demostración de que Pedro Sánchez es un ser amoral y un presidente incompetente parece tarea innecesaria, ya que ambas consideraciones, a tenor de su conducta y logros al frente del Gobierno de España, resultan prácticamente axiomáticas para cualquier persona dotada de un cierto grado de objetividad y una mínima capacidad intelectual. Más ilustrativo resulta comprobar que, si bien carece de una ideología de base que vaya más allá de su adicción al poder, el psicópata monclovita muestra unas maneras de hacer política de carácter esencialmente comunista.

Así, esquemáticamente, el marxismo-leninismo se caracteriza por el ejercicio dictatorial del poder por parte del líder del Partido Comunista, el adoctrinamiento de la sociedad mediante la educación en la escuela y las campañas de propaganda de sus terminales mediáticas, el control de los medios de producción, la eliminación de la propiedad privada, la creación de redes clientelares de voto cautivo, y, finalmente, la aniquilación de toda disidencia. Pues bien, P. Sánchez en sus años al frente del Ejecutivo se ha ajustado fielmente a este conjunto de normas que constituyen el eje vertebrador de todo proyecto político que se precie de comunista.

Así, este aprendiz de Maquiavelo, evidenciando su afán autoritario, inicialmente orientó sus esfuerzos a convertir al grupo parlamentario socialista en un obediente rebaño ovino, mientras que, casi al mismo tiempo, se ocupaba denodadamente en transformar al Parlamento en un vulgar y esperpéntico teatrillo legislativo donde la honorabilidad y la inteligencia parecen no tener cabida. Una vez atropellado el Poder Legislativo, nuestro infausto presidente, con la finalidad de socavar la independencia del Poder Judicial, en primer lugar, nombró como Fiscal General del Estado a una persona de su entorno, como Dolores Delgado, absolutamente sometida a sus consignas, contraviniendo el espíritu del cargo y quebrando la acción de la justicia; a continuación, intentó por todos los medios posibles controlar al Consejo General del Poder Judicial, negándose incluso a algo tan plausible como que sus miembros fueran elegidos por los propios jueces, y tras fracasar en el intento suprimió por ley buena parte de sus funciones, bloqueando su actividad; y, finalmente, asaltó sin escrúpulo alguno al Tribunal Constitucional, imponiendo como magistrados a juristas estrechamente vinculados al partido socialista, lo cual vino a suponer la existencia de una mayoría afín a sus postulados y, por lo tanto, predispuesta a validar sus iniciativas legislativas, por descabelladas que éstas puedan llegar a ser. En consecuencia, con la eliminación de la separación de poderes, la democracia se halla amenazada de muerte, de tal forma que este trilero de la política ve como progresivamente su poder se acrecienta, mientras los españoles vislumbramos como acecha en la sombra el fantasma del totalitarismo.

Como todo régimen totalitario, el sanchismo necesita sumar adictos a la causa y como esto no es algo que logre con sus perniciosas políticas, recurre al adoctrinamiento de infantes y adolescentes en la escuela, mediante un programa educativo básicamente consistente en la sustitución la meritocracia por la mediocridad y la subordinación de los contenidos curriculares a una metodología educativa que conlleva la supresión del esfuerzo, para con todo ello evitar el desarrollo de la capacidad de procesamiento y análisis de la realidad y, en consecuencia, eliminar del escenario social no ya la libertad sino también la capacidad de pensamiento. Insuficientemente satisfecho con el control de los centros escolares, a lo largo de su periplo presidencial, P. Sánchez no ha dudado a la hora de falsear la información, manipular los datos económicos y deformar los sondeos electorales, todo ello en beneficio propio, mediante un obsceno control de RTVE, el INE y el CIS. En esta misma línea propagandística, el Gobierno de P. Sánchez, en vísperas de las elecciones de mayo, ha batido todos los records en inversión publicitaria, al destinar a los medios de comunicación la friolera de 47 millones de euros en tan solo 4 meses. De esta forma, con un planteamiento nítidamente orwelliano, este insufrible ególatra que tenemos por presidente ha convertido la actividad propagandística en una de sus prioridades, consciente de que ello es condición necesaria para llevar a cabo un proyecto político de marcado carácter personalista como es el suyo.

Si bien España es todavía una democracia liberal y, por lo tanto, la gran mayoría de los medios de producción se encuentra en el sector privado, el Gobierno de P. Sánchez no ha cejado en el empeño de obstaculizar la propia viabilidad financiera de las empresas, mediante una política fiscal de carácter confiscatorio, a la vez que convertía al Estado en una máquina de gastar dinero del contribuyente sin mejorar las prestaciones sociales. Así, durante la presidencia de P. Sánchez el gasto público ha aumentado en un 44%, lo cual ha provocado un déficit público del 4,5% respecto al PIB, obligando al Estado a endeudarse en casi 400.000 millones de euros, elevando la deuda pública hasta un insostenible 113% del PIB. Por si el panorama no fuera suficientemente desolador la tasa de desempleo se halla en el entorno del 13%, lo cual convierte a España en el país con mayor porcentaje de población en paro de toda la eurozona. A su vez, solo en 2022 cerraron 26.207 empresas, la cifra más alta desde que se registra la serie de datos. A pesar de estos datos demoledores para cualquier economía, el Gobierno de P. Sánchez ha dedicado a subvenciones más de 100.000 millones de euros al año, buena parte de los cuales suponen un gasto absolutamente ineficiente, ya que su principal finalidad es la creación y mantenimiento de redes clientelares que vienen a constituir un enorme caladero de votos. Toda esta situación viene a demostrar de manera fehaciente que el Gobierno de P. Sánchez esta llevando a cabo una campaña de acoso y derribo del sector privado, convirtiendo, a su vez, al Estado en el inversor nacional por antonomasia. Esta fórmula, típicamente comunista, solo puede suponer para España una destrucción progresiva de la clase media y un aumento desorbitado de la pobreza, tal y como ha ocurrido en todos aquellos países donde se ha aplicado.

Para rematar la faena, P. Sánchez desde el comienzo de la legislatura está llevando a cabo un inusitado ataque a la propiedad privada, que ha culminado con la aprobación de la Ley de Vivienda, para lo cual ha contado con el apoyo de comunistas e independentistas. La nueva ley establece poner un tope al precio de los alquileres en las llamadas zonas tensionadas, esto es, en las zonas con mayor demanda de viviendas en régimen de alquiler, además de establecer una subida anual de precios supeditada a un índice de referencia que siempre será inferior al IPC, de tal forma que el arrendador año tras año verá como se deprecia el valor del dinero recibido por su vivienda. Resulta evidente el carácter electoralista de esta medida, ya que lo que el Ejecutivo socialcomunista está vendiendo a la ciudadanía es humo envuelto en papel de regalo, ya que topar los alquileres, como ya ha sucedido en Berlín o Barcelona, tan solo puede traer consigo una disminución de la oferta de viviendas de alquiler en las zonas tensionadas y una subida de los alquileres en las zonas no tensionadas debido al aumento de la demanda, con lo cual la ley no solo perjudica a los propietarios de viviendas, sino también a las capas más desfavorecidas de la sociedad. A su vez, en una clara demostración del desprecio que este Gobierno siente hacia todo aquel que por herencia, esfuerzo o talento tiene viviendas en propiedad, esta nueva ley incluye una serie de retorcidas medidas que, en definitiva, vienen a favorecer la ocupación de viviendas y el impago de alquileres, lo cual solo puede hacer que su número aumente de forma exponencial y que la empresa “Desokupa” tenga trabajo hasta el día del juicio final.

En un célebre discurso pronunciado en 1848 ante la Asamblea Constituyente, decía el político y pensador francés Alexis de Tocqueville que “La democracia y el socialismo solo tienen en común una palabra: igualdad. Pero adviértase la diferencia: mientras la democracia aspira a la igualdad en libertad, el socialismo aspira a la igualdad en la coerción y la servidumbre”. Con la llegada de P. Sánchez a la presidencia del Gobierno el socialismo español ya ni tan siquiera aspira a la igualdad, sino que su verdadero proyecto pasa por eliminar todo tipo de oposición e instaurar en España un régimen totalitario a imagen y semejanza de las dictaduras latinoamericanas. Es por ello que resulta de vital importancia que todo defensor de la democracia y del Estado de Derecho entienda que ha llegado el momento de cruzar el Rubicón para tomar las riendas de su propio destino.

Autor

Rafael García Alonso

Rafael García Alonso.

Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Medicina Preventiva, Máster en Salud Pública y Máster en Psicología Médica.
Ha trabajado como Técnico de Salud Pública responsable de Programas y Cartera de Servicios en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria, llegando a desarrollar funciones de Asesor Técnico de la Subdirección General de Atención Primaria del Insalud. Actualmente desempeña labores asistenciales como Médico de Urgencias en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.
Ha impartido cursos de postgrado en relación con técnicas de investigación en la Escuela Nacional de Sanidad.
Autor del libro “Las Huellas de la evolución. Una historia en el límite del caos” y coautor del libro “Evaluación de Programas Sociales”, también ha publicado numerosos artículos de investigación clínica y planificación sanitaria en revistas de ámbito nacional e internacional.
Comenzó su andadura en El Correo de España y sigue haciéndolo en ÑTV España para defender la unidad de España y el Estado de Derecho ante la amenaza socialcomunista e independentista.

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