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Entrevistamos a Francisco Martínez Peñaranda, presidente de la Asociación Libertas, que nos habla del grave problema de los menores tutelados en España y de cómo su asociación lo denuncia y propone soluciones.
¿Por qué desde Libertas denuncian las irregularidades que se dan en los menores tutelados en España?
La Asociación Libertas tiene entre sus principales fines la defensa de la infancia y la defensa de la familia. La familia es la célula básica de la sociedad que es garantia de esa protección a la infancia y el lugar privilegiado para la crianza y el desarrollo integral y armónico del niño.
Por supuesto que se dan casos de injusticias y de situaciones en las cuales es necesario proteger a los niños de posibles abusos y desamparo. pero esto no puede ser la norma, más al contrario es y debe ser la excepción.
En el momento actual ante cualquier situación real o presunta, la norma no es el apoyo a la familia y el intento de subsanar o corregir la carencia, por el contrario la norma es la separación del niño de su ámbito natural que es su familia en la mayoría de los casos sin la debida prudencia y justificación. Los abusos y excesos por parte del estado se han convertido por tanto en norma y el intervencionismo ya no es la excepción, es lo habitual.
¿Por qué llega a hablar de menores robados a sus familias?
Precisamente por lo comentado en la respuesta anterior. Y con el agravante de que se ha derivado la autoridad en la toma de decisiones a los servicios sociales de las comunidades autónomas y ayuntamientos.
En otras palabras se ha sustraído la decisión de considerar el posible desamparo de manos de los jueces y se ha derivado a los servicios sociales. Los jueces por principio, actúan desde un análisis independiente con garantías procesales con pruebas y testigos y ahora se deriva a una decisión en la mayoría de los casos arbitraria de funcionarios que en muchas ocasiones actúan de buena fe, pero en la mayoría de los casos no aportan estas garantías.
Tal como menciona usted, antiguamente era un juez el que determinaba cuando un menor debía ser tutelado. ¿Por qué es grave que no sea el juez el que lo determine ahora sino la asistenta social?
Efectivamente, tal y como hemos comentado esto deja en absoluta indefensión a las familias, ya que la independencia de estas actuaciones por parte de la administración está en entredicho y máxime cuando en algunas comunidades autónomas se ha privatizado este servicio. Es decir, en un primer paso se sustrae a los jueces dirimir sobre el derecho de familia y en un segundo paso se ha privatizado el servicio con lo que se deja la puerta abierta al posible negocio de los niños en desamparo, es de lógica que estas empresas no busquen devolver los niños a sus familias como fin último ya que su lucro está en tener los máximos niños posibles, ya que cobran por ello. Esta es la razón por la que se podría decir que existe cada vez más la percepción de que los niños no son amparados sino robados.
El recurso al juez es siempre posterior a la retirada del niño, es lento y tedioso y en muchos casos oneroso si se pretende tener alguna posibilidad de recuperar a los hijos ya que con un abogado de oficio resulta muy improbable conseguirlo.
Bastaría que una familia se oponga a que su hijo, adoctrinado en la escuela, quiera hormonarse para cambiar de sexo para que le quiten la tutela de su hijo…
Tal como ya dijo la ínclita ministra de educación de triste recuerdo «los niños son del estado» según manifestó y según su criterio y esta es la tendencia y el rumbo que nuestros legisladores han tomado de forma paulatina.
El adoctrinamiento en ideologías al margen de la familia es ya un hecho indiscutible y en caso de negativa o resistencia al mismo, la familia se convierte en el agente maltratador por intentar proteger a su hijo de estos abusos a los que el estado no tiene derecho tal como reza en el artículo 27 de nuestra constitución y en la declaración de los derechos del niño.
De tal modo que ya se están dando bastantes casos en los cuales se ha retirado a los hijos de sus familias por motivos ideológicos con el argumento de que los niños tienen derecho a su autodeterminación, esto está en la ley y de forma progresiva se está implantando.
Niños que no tienen ningún criterio formado de lo que les conviene, al margen de la familia y al margen de asesoramiento profesional y son cada vez más inducidos a la toma de decisiones muy graves e irreversibles, a edades muy tempranas, tales como el tratamiento hormonal cruzado, con inhibidores e incluso la castración. Y esto también es un robo de niños a sus familias que por principio desean lo mejor para sus hijos y a los cuales se les sustrae cualquier posibilidad de poder ayudarle con la asesoría de profesionales.
¿Qué otros abusos se suelen dar a la hora de quitar a los hijos de la tutela de los padres?
Desde nuestro punto de vista el error es conceptual. Una de las razones últimamente esgrimidas por los defensores de estas políticas es la pobreza, de modo que el Estado en lugar de ayudar a la familia como sujeto vulnerable o con necesidad de apoyo, considera que el pobre es el niño y el niño no es pobre, la necesidad es de su familia, bien sea de trabajo de ayuda económica o de vivienda etc.
Por eso decimos que es un error conceptual, es un cambio de paradigma. Segun esto, ahora el niño debe ser protegido por su «verdadero papá» el papá estado. Y ese es el craso error que se está implantando.
Tal como usted ha subrayado, la ministra Cela dijo que los menores no son de los padres, sino del Estado…¿En qué medida es grave una imposición totalitaria contra la familia?
La familia es anterior al Estado y esta idea de que el estado es su papá es una idea efectivamente totalitaria propia de regímenes despóticos tales como el comunismo o el nazismo, esta es sin lugar a dudas una deriva muy peligrosa que nos retrotrae a las épocas más oscuras de nuestro pasado reciente en Europa.
¿La patria potestad, que era algo sagrado, está ahora bajo criterios arbitrarios….?
La patria potestad es un tesoro que debemos cuidar, no es un concepto solamente jurídico, está en la raíz de nuestra cultura y sobre todo del derecho natural más elemental.
¿Cómo hemos dado lugar a que muchas titulaciones estén en manos de empresas privadas.? ¿Cómo se puede luchar contra esta lacra?
En efecto, esto es muy grave, ya que se presta a la posibilidad de ser un negocio muy lucrativo basado en algo tan delicado y digno de ser protegido como es la infancia. Creo que es un gravísimo error que se debe corregir.
¿Qué tipo de reacciones está habiendo?
Todavía no hay mucha conciencia social de esta grave situación, no obstante, después de los escándalos que se han producido en varias comunidades autónomas en donde han salido a la luz, abusos y corrupción de menores por parte algunos agentes de estos servicios sociales, a mi modo de ver algo está cambiando sensiblemente en la percepción de la opinión pública en referencia a estos temas. Esperemos que algún partido político tome esta bandera como propia para poder revertir más pronto que tarde este doloroso drama.
Autor
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Subdirector de Ñ TV España. Presentador de radio y TV, speaker y guionista.
Ha sido redactor deportivo de El Periódico de Aragón y Canal 44. Ha colaborado en medios como EWTN, Radio María, NSE, y Canal Sant Josep y Agnus Dei Prod. Actor en el documental del Cura de Ars y en otro trabajo contra el marxismo cultural, John Navasco. Tiene vídeos virales como El Master Plan o El Valle no se toca.
Tiene un blog en InfoCatólica y participa en medios como Somatemps, Tradición Viva, Ahora Información, Gloria TV, Español Digital y Radio Reconquista en Dallas, Texas. Colaboró con Javier Cárdenas en su podcast de OKDIARIO.
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