Un papel mojado, la Constitución (IV). Por Ernesto Ladrón de Guevara

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He estado divagando sobre si seguir diseccionando artículo tras artículo la Constitución Española para demostrar su flagrante incumplimiento de la mano de un Tribunal Constitucional que no vela por su estricto cumplimiento, ni por unos gobiernos que no cumplen su obligación de preservar la separación de poderes, es decir que no cesan en su afán de controlar el Consejo General del Poder Judicial, tal como advierten los órganos ejecutivos del Consejo de Europa; así como los 2500 jueces que han dirigido una protesta oficial a Europa.

La degradación a la que está llegando la seguridad jurídica, y más en concreto la Constitución, debe preocupar a quienes tienen la alta magistratura del Estado, como es el Consejo de Estado, pero es evidente, también, que éste órgano consultivo que debe, a su vez, velar por las razones de Estado, es decir por la paz, la seguridad y la permanencia de España como unidad nacional, tampoco cumple su función; simplemente porque forma parte de las puertas giratorias, y los ahí presentes no son personas independientes puestas por su prestigio personal o jurídico, sino por ser resultado y efecto de una partitocracia corrosiva que pone y quita a quienes forman parte de un nuevo régimen que está sustituyendo al que se presumía constitucional. O más exactamente pudiéramos decir que estamos en un proceso que en palabras de un ministro de Justicia del Gobierno de Sánchez es “una crisis constituyente”, lo que dicho nada menos que en sede parlamentaria no ha de ser tomado como un lapsus linguae ni como un exabrupto en un momento de desidia mental. No. Tiene su sentido.

Y es que están deconstruyendo el edificio constitucional de forma premeditada para un tránsito hacia otro modelo. La misma Corona, que detenta la máxima representación del Estado constitucional está pendiente de un hilo y puesta en cuestión.

El modelo de transición está claro, consiste en ir deslavazando de su sentido literal cada uno de los artículos que forman parte de entramado constitucional básico, el fundamental; en ir quitando valor y sentido a la letra y el espíritu de la ley de leyes, para modelar el tránsito hacia un nuevo modelo en el que la democracia también esté pendiente de la voluntad de unos sátrapas determinados; las garantías jurídicas y su seguridad dependiente de la voluntad de esas mismas satrapías y la estructura del Estado puesta en situación de quiebra permanente hasta llegar a otro modelo cuya figura determinativa vaya por la vía abierta por la Agenda Sao Paulo. Quien quiera enterarse de lo que dice dicha declaración estratégica para extender el modelo de Cuba y Venezuela al resto del cono sur americano, lo puede leer en este enlace https://www.lalinternaazul.info/2019/11/01/la-agenda-del-foro-de-sao-paulo/

Lo que está ocurriendo en esta campaña electoral para las Elecciones de Madrid, es el vivo reflejo de lo que digo y la proyección de lo que estoy afirmando. No son palabras a humo de pajas sino afirmaciones que pueden irse comprobando con hechos concretos, como la toma de las calles en pleno proceso electoral siguiendo el hito de lo que ya vimos en su día en las calles vascas, para llegar al poder mediante la limitación de las libertades del resto de los conciudadanos, viviendo la misma descomposición de los derechos fundamentales de forma absolutamente impune. Estos días lo comprobamos en Madrid, el único refugio para las libertades que quedaba aún sin tocar por los subversivos; y que en esta contienda electoral vemos con toda su crudeza. Lo de las balas y los sobres queda por dilucidar, y como es de prever no se hará porque ya se encargarán de dificultarlo.

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Hasta aquí hemos llegado porque quienes han tenido la responsabilidad de aplicar la máxima severidad con los que actúan al margen de las leyes, obligando a los ciudadanos pacíficos a tragarse los carros y carretas del ejercicio del poder ilegítimo, como ha ocurrido en Cataluña, con actos clarísimamente subversivos contra el marco constituyente, han dejado en una nebulosa de impunidad a quienes se alzaron más allá de la sedición. D. Santiago Trancón lo deja meridianamente claro en su libro “La España sentenciada pero no vencida”. Yo solamente difiero con Santiago Trancón en el título del libro, pues España considero que está vencida y desarbolada.

Santiago Trancón hace un repaso jurídico y conceptual de las resoluciones judiciales en el caso del “Procés” donde demuestra la injusticia cometida mediante graves defectos en una sentencia del Supremo, que deja prácticamente indemnes a una parte considerable de los sublevados contra el orden constitucional y el marco jurídico. Pero lo que más me llama la atención es el repaso de los “sinsentidos irracionales” de los hechos que confirman el desmoronamiento del Estado y la fragilidad de nuestra democracia, en palabras del propio autor de “La España sentenciada”. Hago un sencillo recorrido sobre los enunciados sin entrar en el fondo de la exposición:

-Anulación de la función constitucional de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado.

-Control del Poder Judicial.

-Nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal por la que se limita el poder de los jueces, privándoles de su función de recibir las denuncias y perseguir los delitos.

-Eliminación del carácter de lengua oficial del español y su exclusión de la enseñanza como lengua vehicular.

-Ofensiva del Gobierno de coalición contra la institución monárquica.

-Acoso al poder judicial y a los jueces para someterlos a su control.

-Proyecto de reforma del delito de sedición.

-Absolución al mayor de los Mozos de Escuadra.

-Trato deferente y privilegiado a los golpistas presos.

-Creación de tres nuevas embajadas catalanas.

-Incorporación de Bildu a la coalición frente populista que sostiene a este gobierno.

-Impunidad y consentimiento de manifestaciones y actos de violencia en Cataluña, por no añadir en estos días la clarísima dejación de funciones en las diferentes agresiones a Vox.

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-Nueva Ley de Memoria Democrática, que persigue a los historiadores imparciales.

-Irrupción de una brutal crisis social, económica y sanitaria por incapacidad manifiesta o presunto dolo.

Etcétera.

Merece la pena leer este libro pues deja al descubierto las chapuzas judiciales en torno a los diferentes intentos de levantamiento anticonstitucional y de desmantelamiento de la unidad configurada en el artículo segundo de la C.E. cuando dice que “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.”. Esta declaración constitutiva de todo el ordenamiento jurídico no es una panacea. La expresión “nacionalidades” además de confusa da pie a múltiples interpretaciones, alguna de las cuales ha estado alimentando a los secesionismos. Pero esa “unidad nacional” no da pie a lo que Zapatero, con su estrategia de fragmentación premeditada, llamó “nación de naciones” o aquella barbaridad antijurídica de que “nación es un concepto discutible y discutido” con cuya afirmación quedaba claro el sentido y el propósito de ese nuevo PSOE que tiene en su intención no declarada, pero si puesta al descubierto, el trocear nuestra unidad nacional y destrozar la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles.

Y en este sentido tiene total justificación lo de Sao Paulo, confirmado por las continuas idas y venidas del expresidente a Venezuela, por no hablar de las concomitancias del socio preferencial de Sánchez con Maduro y su régimen.

Esa losa y ese lastre que tiene España en su proyecto colectivo tiene su punto de arranque en el Título VIII de la Constitución española, ligada a la aberración de la Adicional I, concesión a todas luces al nacionalismo vasco, que preserva “Los derechos históricos de los territorios forales” que en nada concuerda con el artículo 14 de la Constitución que declara la igualdad de todos los españoles, cuyo origen arranca en la Constitución de Cádiz que depositaba, en 1812, la soberanía en los ciudadanos españoles de todas y cada una de las “Españas”, es decir aquellos habitantes de todos los territorios que formaban la Hispanidad. Y, por tanto, fruto de ello declaraba a todos ellos iguales ante la ley. Todo eso se ha ido al garete porque nadie de quienes tienen la obligación de convertirlo en fuerza de ley ha cumplido su papel.