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En algunos países hispanos, la izquierda ha esgrimido políticamente la historia para distraer sus miserias. Las desgracias del pasado son utilizadas torticeramente por los agentes políticos para obtener rédito electoral y cotas de control social. Primeramente fue la represión de las autoridades militares contra la insurgencia americana, lo que llamó su atención, lo cual era hasta comprensible por su proximidad temporal y la ideología de las víctimas. Sin embargo, en los últimos tiempos, han fijado su atención en la labor de la colonización española en América, omitiendo la tarea de otros conquistadores extranjeros. No se han parado en barras y hasta han catalogado el Descubrimiento como el origen de un genocidio cometido contra la población indígena. El asunto es preocupante en cuanto que algunas autoridades mundiales del momento, como el Presidente actual de EE.UU., parecen valorar tales planteamientos capciosos. Pues bien, la novedad de esta herramienta propagandística ha arribado a territorio español, induciendo al sector izquierdista del país para criminalizar uno de los bandos de la última guerra civil, al mismo tiempo que el régimen político nacido de la victoria militar, con una finalidad evidente de domesticación social.
El Cono Sur
Refieren los politólogos que en las competencias electorales algunas formaciones políticas diseñan campañas propagandísticas contra sus adversarios a fin de que aparezcan alejados de la moderación y la corrección política. Fenómeno similar ha ocurrido en la Argentina, tras el enjuiciamiento de los gobiernos militares de 1976-1983, pues se ha manipulado la tragedia de la persecución contra la guerrilla que asoló el país en la década de los setenta. Efectivamente, la denominada izquierda peronista –que poco tiene de Perón y sí mucho de extremista- con el discurso de los desaparecidos, los derechos humanos y hasta el delito de lesa humanidad ha conseguido pastorear al sano pueblo argentino largo tiempo, incitándole a campar por campos yermos, aunque pueda pincharse con las zarzas de la incompetencia y la corrupción; eso sí, con libertad de balidos y tintineo de cencerros. Pero un pueblo no es un rebaño, aunque parece que determinados políticos profesionales únicamente lo entienden así y hasta lo corrobore la comunidad nacional, en determinadas ocasiones, con su mansedumbre y apatía.
Lo cierto es que las desapariciones forzadas en Argentina no han superado las nueve mil y en Chile, las cuatro mil, según estimaciones oficiales. Como es sabido, las Fuerzas Armadas de estos dos países decidieron combatir la subversión y la guerrilla con tácticas militares ideadas por dos países democráticos, como Francia y EE.UU., en relación con los conflictos bélicos de Argelia y Vietnam. Eran estrategias durísimas que contemplaban incluso la desaparición de enemigos por medio de comandos especializados, como reconocería el general francés Paul Aussaresses con posterioridad. La peculiaridad argelina consistía en que esas acciones de limpieza se efectuaban por tropas escogidas y su accionar operativo pasaba desapercibido para la opinión pública de la metrópoli, cuna del sistema de libertades políticas que hoy brilla en el mundo moderno. Hasta tal punto fue así, que las desapariciones forzadas en la antigua colonia se reanudaron en 1993, como consecuencia de la lucha de carácter interno que diezmó el país argelino hasta 1999, no preocupando mucho al mundo occidental tales desapariciones y eso que su número tal vez haya provocado unos siete mil homicidios. En cambio, la lucha contra la subversión en el Cono Sur tuvo lugar, principalmente, en dos de los países más desarrollados de Iberoamérica y en el seno de un enfrentamiento civil de carácter ideológico. Poco importaba a los propagandistas políticos que el Ejército y la Armada tuvieran autorización para efectuar aniquilamientos rebeldes, como incluso se plasmaría en una norma argentina de 1975 aprobada para erradicar la subversión del terrorismo; lo mismo que había sucedido en Argelia con el otorgamiento de poderes plenos en 1956 a las fuerzas operativas. Eso no le importaba a los agitadores políticos ni tampoco a los profesionales de ocasión; ya que si esa represión se hubiera canalizado a través de tribunales de guerra, como enfatizó la sentencia que condenó a las juntas militares argentinas, la demonización político-social hubiera sido inevitable. Efectivamente, la actuación de cortes marciales estaba previsto en los códigos militares de tales naciones -en consonancia con las antiguas ordenanzas castrenses de Carlos III-, y su puesta en funcionamiento hubiera salvado el honor de no pocos hombres de la milicia, aunque a la postre hubieran sido perseguidos igualmente, a tenor de cómo se viene desarrollando en España el plan de la memoria histórica, cuyo antecedente más fiel de control político y vigilancia de las conciencias se halla en la Argentina con la denominada comisión de la verdad.
España
En nuestro país, lo ocurrido con la recuperación republicana de los años treinta siguió los derroteros que pasamos a detallar. En primer lugar, varias universidades creadas durante el quindenio socialista mostraron un interés excesivo por la represión política de los vencedores en la guerra civil y la posguerra, omitiendo, minusvalorando o ninguneando la represión izquierdista de la contienda, más cuantiosa y mucho más cruel. Con la llegada de la derecha moderada al poder en 1996 y, sobre todo, a partir de su consolidación electoral en el año 2000, se produjo, como reacción programada, un acelerado renacimiento por los hallazgos de la represión franquista, totalmente intencionado. Desde ese instante, el estudio de la represión derechista en la guerra de 1936-1939 se convirtió en una herramienta política más que una investigación histórica. Fruto de ello, fue la ley nacional sobre la memoria histórica que aún rige –como poco, parcial e interesada-, si bien dicha normativa ha dejado algunas rendijas por las que podían mantenerse, siquiera, ideas diferentes sobre estos hechos históricos tan turbios como controvertidos, sin intromisiones del poder político, como ha acreditado la reciente respuesta que un modesto municipio vallisoletano ha efectuado frente a los requerimientos parcialísimos del Senado. Dicha conducta encomiable, que recuerda acaso la actitud del alcalde de Zalamea del universal Lope, será difícil de mantener cuando entre en vigor la ley de Memoria Democrática (sic), pues pudiera suponer que el alcalde de Camporredondo pudiera ser procesado.
Lo esperpéntico de la ley a que hacemos referencia estriba en que los creadores, impulsores y redactores de esta nueva normativa draconiana han sido los mismos partidos y sindicatos responsables de las terribles matanzas y latrocinios perpetrados en España contra la población civil desde 1931 hasta prácticamente el año 1952, fecha en que entró en vigor el convenio de Ginebra de 1949. Hasta entonces, la izquierda española, acompañada de concretos partidos nacionalistas, produjeron más de cien mil ejecuciones y asesinatos entre la población española, aparte de cometer millares de robos y saqueos, destruyendo igualmente cientos de edificios religiosos y obras de arte sacro, apropiándose igualmente de los fondos del Banco de España y de otras entidades crediticias y mercantiles. Fue una persecución terrorífica y cruel como nunca se había visto en suelo patrio, con millares de personas martirizadas, ejecutadas, apaleadas o encarceladas. No se respetó la vida, pero tampoco la hacienda privada, ni siquiera el pudor, soportando no pocas mujeres gravísimas vejaciones sexuales.
Pues bien, la documentación conservada apunta directamente a personajes del socialismo español como los principales responsables o instigadores de tan gran holocausto, cometiéndose incontables atrocidades contra personas pacíficas como piadosos frailes, monjas de clausura, venerables ancianos o niños indefensos, practicándose incluso el canibalismo con algunos de estos infelices.
La historia de Méjico y Venezuela
Los actuales presidentes de estas dos naciones hispanas, también han hablado en público del genocidio de los españoles en la colonización del continente americano, omitiendo que en sus respectivas naciones se han producido matanzas muy cercanas en el tiempo. Se trata de una grave ligereza histórica que busca desviar atenciones ante un electorado sin instrucción suficiente, cuando es evidente que la conquista de dichos territorios se efectúo por un puñado de españoles que, por su escaso número, no podían realizar ningún tipo de pogromo. Y lo que resulta más inconcebible es que tanto el mejicano López Obrador como el venezolano Maduro lleven apellidos de criollos españoles, lo que resulta incompatible con la rectitud indígena con que estos líderes populistas pretenden adornarse mediáticamente.
Pues bien, por lo que a México respecta, ha de recordarse que la etapa de la conquista fue iniciada por los soldados de Hernán Cortes que apenas completaban los efectivos de tres batallones. Cortés, sufriendo incluso reveses bélicos (la Noche Triste….), supo sobreponerse y derrotar a todo un imperio, que en absoluto se caracterizaba por la paz sino por la opresión de los pueblos limítrofes y los sacrificios humanos. Nunca un jefe expedicionario había logrado tanto con tan pocos compatriotas. Quizás por semejante proeza es por lo que los burgueses indigenistas de ambos lados del océano miran con recelo al conquistador extremeño, cuando, en realidad, únicamente merecería respeto por su destreza militar y diplomática. Estos ilusos son de la opinión de que la colonización y pacificación de un territorio poblado de nativos hostiles y paganos puede efectuarse sin el empleo de las armas ¡cuán equivocados están! Efectivamente, toda obra humana es imperfecta, no hay duda; pero, los logros de la obra civilizadora de España en el continente americano están ahí: un idioma, una cultura, un derecho, una religión, unas costumbres…
Curiosamente, es a partir del abandono del virreinato de Nueva España por parte de nuestros compatriotas cuando la violencia social se adueña de la América septentrional, siendo incontables los motines y hechos sangrientos acaecidos desde entonces. Pues bien, centrándonos en la historia del Méjico independiente, hemos de mencionar los siguientes episodios a título de ejemplo: las guerras contra el vecino del norte y el régimen autocrático del general Santa Anna; la guerra de Reforma (1858) y el gobierno de Juárez; la guerra contra los partidarios de Maximiliano de Austria y la posterior ejecución de éste en 1867; la larga dictadura del general Porfirio Díaz, etc.
Posteriormente, en 1910, estalla la revolución mejicana que inauguró una época de grandes violencias en el país, generando más de un millón de muertos y 1.5 millones de desplazados, según las estadísticas más convincentes. Entre las mayores barbaridades perpetradas en aquel periodo, cabe mencionar las terribles atrocidades atribuidas a los hombres de Pancho Villa, muy poco conocidas por necesidades memorísticas del Estado.
Concluida la guerra civil propiamente dicha, no cesa con ello ni la opresión ni las ejecuciones, pues se suceden la revuelta de Agua Prieta en 1920 y el alzamiento de los huertistas en 1923. Tres años más tarde, el Presidente Plutarco Calles inicia una persecución contra la Iglesia que deriva en una guerra civil olvidada: la Cristiada. Pues bien, entre los masacrados se cuentan centenares de seglares y laicos ejecutados sin formación de causa por las tropas de Calles, siendo algunas de las víctimas ya canonizadas por la Santa Sede. La pacificación en 1929 no termina con el perseguimiento religioso en algunos estados, como el de Tabasco, donde los castigos contra elementos católicos perduran hasta bien entrada la década de los treinta.
En lo que respecta a la nación venezolana, no llego a atisbar qué persecuciones pudieran practicar nuestros compatriotas contra los indígenas de Venezuela, pues los primeros españoles prefirieron establecerse en la costa y la explotación propiamente dicha del territorio fue dirigida por banqueros alemanes hasta 1545, siendo sustituidos después por españoles residentes quienes, por tal motivo, quedaron sometidos a la normativa dictada desde la metrópoli y protectora de la población nativa. Lo que sí consta es la fundación de la ciudad de Caracas en 1567 por el zamorano López de Losada tras derrotar a los indios con sólo 300 españoles, auxiliados por unos quince mil indígenas; la creación de las primeras escuelas durante el siglo XVI, así como la fundación de la Universidad de Caracas en 1660.
Ya en el siglo XIX, la nación venezolana fue sacudida por numerosas convulsiones políticas y revoluciones que generarían autocracias estatales, si bien fue el primer país de Sudamérica en abolir la pena de muerte. Con todo, en 1908, tomaba el poder el general Enrique Vicente Gómez, quien se mantuvo en el cargo hasta 1935, siendo acusado por sus detractores de haber establecido una férrea dictadura. En 1952, sería el coronel Marcos Pérez Jiménez quien tomaría el poder merced a otro golpe de Estado, estableciendo un régimen militar que duraría hasta su derrocamiento en 1958.
Y es que el peculiar caudillaje americano ha producido no pocos dirigentes autocráticos, desde prácticamente la época de la independencia. Con todo, algunos de ellos se preocuparon por el progreso del país en que ejercieron su alta magistratura; otros, en cambio, fueron sanguinarios y aprehensores. No es, por tanto, nada raro esta característica en la historia institucional de Iberoamérica; basta con leer la obra literaria Tirano Banderas.
Las estadísticas sangrientas actuales
Nos fijaremos exclusivamente en este epígrafe en los casos conocidos de violencia gubernamental o parapolicial tanto en Venezuela como en Méjico, pues ello es responsabilidad directa de los gobiernos presididos por López Obregón y Nicolás Maduro. Antes que nada, hemos de precisar que los índices de violencia en estos dos países son muy altos según las estadísticas consultadas. Méjico, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, registró 36.539 homicidios en el año 2020, cantidad similar a las muertes de esta misma clase anotadas en años anteriores. Una cifra enorme si lo comparamos con solamente los 333 homicidios cometidos en España durante 2019. Por su parte, Venezuela registra en 2020 unos 11.891 homicidios, según el Observatorio Venezolano de Violencia (en 2018, fueron veintitrés mil cuarenta y siete las personas masacradas y un año después, 16.506). En 2014, este laboratorio de investigación social certificó que la nación sudamericana era el segundo país del mundo con mayor tasa de asesinatos por cien mil habitantes.
Con todo, los datos que refieren agresiones contra los derechos humanos son más esclarecedores. Hemos elegido para ello una fuente que creemos bastante independiente: el Human Rights Watch, un observatorio de derechos humanos con sede en Nueva York.
En México han desaparecido 75.000 personas en los últimos años. Se han cursado unas tres mil denuncias de abusos militares y más de tres mil, por torturas, en instancias internacionales. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó en 2019 su preocupación por las reclamaciones acerca de ejecuciones extrajudiciales cometidas por funcionarios mejicanos. Pues bien, las conclusiones del informe de este año del HRW son demoledoras: Las violaciones de derechos humanos —incluyendo torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales y ataques contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos— han continuado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia en diciembre de 2018. La impunidad sigue siendo la norma…
En lo que respecta a Venezuela, hemos de decir que los datos publicados por el HRW en su último informe de 2021 resultan aún más sobrecogedores: cinco millones y medio de venezolanos han huido del país y en situación precaria; una población asediada por el hambre y las enfermedades y la falta de higiene; abusos de funcionarios, etc.
Punto y aparte lo constituye la represión política y policial. Más de quince mil quinientas personas han sido detenidas arbitrariamente desde 2014, siendo algunas torturadas con todo tipo de artilugios y únicamente 870 fueron procesadas por tribunales militares. Policías y agentes de seguridad han ejecutado extrajudicialmente a más de 21.000 personas desde que Maduro ocupa la silla presidencial. Además, grupos armados adscritos a la política gubernamental cometen múltiples crímenes y atropellos contra la población, lo mismo que los grupos guerrilleros desgajados de las FARC colombianas y asentadas en el territorio nacional: todas estas atrocidades están relacionados con los miles de asesinatos que quedan sin resolver (3.507 en 2020, 4.632 en 2019, 5.102 en 2018, 5.035 en 2017 ó 4.968 en 2016). Por regla general los homicidios se cometen con el rostro tapado con máscaras o pasamontañas.
Las conclusiones del HRW son también tremendas: La mayoría de las violaciones de derechos humanos siguen impunes. En julio, la Oficina de la ACNUDH [Naciones Unidas] informó que los factores que contribuyen a esta impunidad generalizada incluyen la manipulación de la escena del crimen y la retención de información por parte de las fuerzas de seguridad; conflictos de interés; e intimidación, amenazas y represalias de agentes de esas fuerzas contra las víctimas y sus familiares.
Conclusión
En países de habla hispana, caso de Venezuela, Méjico o mismamente España, la izquierda actual se ha embarcado en una cruzada contra genocidios ficticios, con el fin de edulcorar sus incompetencias y errores, a la par que obtener réditos electorales que les permita asentarse plácidamente en el poder. Basta simplemente con repasar la historia de estos territorios para constatar las equivocaciones y las verdades a medias. Por tanto, lo más prudente, a la luz de la criminalidad observada, hubiera sido que los dirigentes izquierdistas en tales naciones permaneciesen callados, por mor de las atrocidades que sus ascendientes o referentes políticos perpetraron en el pasado o que incluso sus subalternos siguen cometiendo.
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