«Los militares están obligados a defender la unidad de España. Fuera de la ley no hay obediencia debida». Por el Tte. Coronel Enrique Area Sacristán

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Según Jorge Vigón, decíamos con ocasión del referéndum organizado por el ejecutivo y parlamento catalán hace unos años, solo el que manda ha de hacerlo también dentro del límite de sus atribuciones en virtud de aquella ordenación en que juega; y las ordenes han de recaer sobre cosa lícita y permitida. Fuera de la ley no hay obediencia debida, decía en un artículo anterior.

En este supuesto, continuaba, la utilidad pública está implícita en las órdenes del que manda legítimamente; condición de legitimidad que si en muy excepcionales condiciones – por imposición de deberes de orden superior – señala un límite a la obligación de obedecer, le deja de ordinario toda su fuerza de obligar, sin ponerle tasa.

Todo el quid de la cuestión suele estar en no servir a un poder que no sea legítimo. Sólo que ni a todo el mundo pueden inquietar estos conflictos ni todos tienen capacidad para resolverlos.

Olvidar esto puede conducir a situaciones de una desagradable fecundidad. En una orden hay que distinguir entre la letra y el espíritu y hay ocasiones en que, como se atiene mejor al espíritu, es desobedeciendo la letra de las órdenes.

Cuando no se tiene esta seguridad, la consecuencia puede ser la del coronel del cuento, que un día se encontró con la tropa sublevada.

A quienes no están preparados intelectual y moralmente para entender rectamente, hay que hacerles comprender la necesidad de resignar el cuidado del discurso y la facultad de decisión en quienes puedan ejercitarlos, cuestión que no comprenden los dirigentes socio-comunistas y separatistas vascos y catalanes. En la milicia y en las FFCSE ha de ser el oficial al mando quien siempre sepa dónde está el deber y quién está capacitado para señalarlo.

La tarea es fácil en las circunstancias normales; pero cuando éstas se salen de lo corriente como va a pasar en España pueden ser extraordinariamente dificultosas.

Pero las situaciones en que la rebeldía es un deber, como es el caso de los miembros de la policía autónoma catalana respecto a sus mandos políticos, son tan poco numerosas como extravagante es el caso catalán y vasco que ahora se han unido con la extrema izquierda de Sánchez e Iglesias para destruir España.

No es lo corriente que a unos modestos soldados, entendiendo este término como genérico para todos aquellos empleos que no tienen información suficiente para juzgar una situación sociopolítica de forma rigurosa, se le presenten ocasiones de resolver estos arduos problemas de esta especie como los plantean los socio-comunistas y separatistas. Pero como parece que va a ocurrir a cualquiera le bastaría una brevísima meditación para no extraviar su conducta; porque si la orden, exista tacita o explícitamente, de ejecución u omisión es injusta y del incumplimiento de tal no se deriva un mal mayor, el deber estricto es el de desobedecerla; máxime cuando de no hacerlo se desmiembra la Patria.

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Cuando la orden injusta, tácita o explicita, no parte de tan altas instancias jerárquicas, entonces la solución al conflicto es mucho más sencilla; la injusticia es una evasión del orden, de la ordenación: es una insubordinación, porque la subordinación obliga a todos por igual, al superior como al subordinado, al que manda como al que obedece.

Entonces, si la importancia del caso lo justifica, como en el caso actual en el que el gobierno de la Nación incumple la Ley de Leyes aliándose con los enemigos de España, comunistas, catalanes y vascos independentistas, el subordinado tiene siempre expedito el camino para recurrir de la injusticia o de la extralimitación. Si el superior no revoca la orden o cambia de conducta, como el daño de la insubordinación será, en este caso, menor que el que cause la subordinación o la ejecución de las ordenes, deberán incumplirse».

Caso contrario, el que evita defender la unidad de España, bien por inacción cobarde o por omisión, no está legitimado para gobernar al pueblo ni a las Fuerzas Armadas. Decir que los militares no tienen derecho a opinar o a entender de política va más allá de la limitación de derechos fundamentales puestos en entredicho por algunos como la libertad de expresión. Es cercenar la obligación, digo bien, la obligación que tiene todo militar de conocer sobre política. Si los militares opinan de geoestrategia, que no es otra cosa que política internacional, con mayor derecho y razón deben de entender de política interior pues son los garantes de la unidad de España y de mantener sus tradiciones, como bien dicen las Reales Ordenanzas y la Constitución.

Una de las leyes fundamentales de la psicología colectiva es la tendencia a la imitación y a cada paso estamos viéndolo comprobado en el acatamiento de bastantes profesionales a las imposiciones de moda y en la copia, grotesca tantas veces, de las costumbres y los vicios de los políticos de turno. Generalmente se imita por simpatía al que se toma por modelo, otras por la sugestión que ejerce un grupo, sea del tipo que sea, que se considera distinguido o, en nuestro caso, poderoso para mover las masas en contra de profesionales que deben tener por norma la defensa de valores morales superiores sin importarles el «qué dirán».

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El soldado, genéricamente hablando, analiza y observa la manera de proceder de sus superiores, casi siempre examina instintivamente el género de vida de sus oficiales superiores, y a la de ellos ajusta su conducta; y si se quejan o critican en las trastiendas, como pasa con estas cuestiones, otro tanto harán los subordinados, creando la desmoralización de los Ejércitos o el vacío en la función principal de los mismos. Por eso quienes nos mandan en los escalones superiores tienen la obligación de dar ejemplo y no dedicarse exclusivamente a mencionar en las barras la situación generada por los enemigos de la unidad de España y arrestar a quien defiende el artículo 2º de la Constitución en público, o menciona el artículo 8º de la misma, como público fue su juramento, como si defender la legalidad vigente fuera motivo de sanción cuando es deber ser de los miembros de los ejércitos.

Sólo debemos pensar que un arresto injusto, e incluso la cárcel, ante el juramento de dar hasta la última gota de nuestra sangre por la Unidad de la Patria y el Ordenamiento constitucional, es peccata minuta; nos supone solamente un alargamiento o un regalo de años de vida que juramos estar dispuestos a ofrecer sin saber cuándo tendríamos que hacerlo. Entre la traición callada para llegar a una buena jubilación y la cárcel o la muerte, la elección que hicimos al jurar Bandera es clara y concisa: la cárcel o la muerte.

¡¡¡VIVA ESPAÑA¡¡¡ ¡¡¡VIVA EL REY¡¡¡