13/11/2026 01:43
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Existe una frontera trágica entre el cumplimiento mecánico de la norma escrita y la consecución de la justicia sustantiva. Cuando el articulado de una ley se aplica con ciega frialdad formal, despojado de cualquier consideración ético-humanista, el derecho deja de ser el escudo que protege al vulnerable para convertirse en el martillo que lo aplasta. El reciente desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años expulsada de su relativo hogar en el distrito madrileño de Retiro tras más de siete décadas de arraigo, representa la plasmación palmaria de este dilema ontológico: el triunfo de una legalidad formalmente impecable que deviene en una injusticia moral abrumadora… ¿En apariencia?

El caso ofrece pocos resquicios al análisis estrictamente positivista. Bajo la lógica del mercado libre y las sucesivas reformas de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la extinción de las prórrogas históricas del contrato de 1956 otorgaba a la sociedad inversora propietaria el derecho legal de exigir una actualización de la renta ajustada a los precios de la zona. Se subrogó el contrato por su madre y al morir esta, hubo una segunda subrogación de dos años por ley.  Pasar de un alquiler de 500 euros a pretender la cifra de 1.650 euros mensuales encaja en los parámetros contables de la rentabilidad inmobiliaria; sin embargo, frente a una pensión que roza los 1.400 euros, la pretensión convertía la permanencia de la anciana en una imposibilidad aritmética absoluta. Ni siquiera la buena fe de bajar la renta más de 1.000 euros respecto al precio de alquiler en el mercado fue suficiente para llegar al acuerdo.

Desde el rigor procesal, los tribunales se han limitado a aplicar la norma vigente: expirado el título arrendaticio y descartada la negociación comercial, la ejecución de la orden de desalojo resulta incuestionable para la arquitectura del derecho de propiedad. Pero es precisamente aquí donde la filosofía jurídica debe alzar la voz para denunciar la perversión del sistema. La máxima latina summum ius, summa iniuria, la aplicación rígida e inflexible de la ley puede generar la máxima injusticia,  cobra hoy una vigencia estremecedora…. ¿En apariencia?

Un ordenamiento jurídico incapaz de ponderar la vulnerabilidad extrema, la edad avanzada y el desarraigo vital de quien ha construido toda su existencia en cuatro paredes no es un sistema justo; es un mecanismo burocrático desalmado. La propiedad privada es un pilar irrenunciable del Estado de Derecho, sí, pero su ejercicio no puede desvincularse de una función social ni de un principio elemental de piedad y equidad. Cuando la norma escrita ampara la expulsión por la fuerza de una persona de 87 años para satisfacer el margen de un fondo de inversión, la ley pierde su legitimidad moral y se degrada a mera coerción formal… ¿Es así como se describe?

La sociedad no puede resignarse a aceptar la ecuación de que todo lo legal sea, por el mero hecho de serlo, éticamente tolerable. Frente al positivismo que reduce la justicia a la fría letra del código, se hace urgente reivindicar una visión superior de la norma: aquella que sitúa la dignidad de la persona humana y el sentido común por encima del cálculo especulativo… Hay muchas personas en real indefensión más allá que la situación de Maricarmen. A ellos me refiero.

De no ser por el recurso habitacional que el Ayuntamiento de Madrid ha puesto a disposición de Mari Carmen , además de otras asistencias, el drama sería mucho mayor; cuestión de recursos que ha sido silenciada por el circo del famoseo y el arribismo que se dedica a protestar encendiendo los ánimos radicales sin dar nada , amén del propio gobierno central que usa a los ciudadanos como arietes políticos.

Vivimos en una sociedad cada vez más desarraigada de humanidad donde el sectarismo político se ha hecho dueño demagógico de la justicia social en su propio beneficio, cuando cuesta distinguir la reivindicación de lo justo con la confusión de la conveniencia política. En esta laguna de incertidumbre, de falta de certeza en la intención humanitaria ha quedado el desahucio cumplido de Carmen. Un caso seguramente politizado en tanto otros pasan inadvertidos ante la sociedad adormecida con sus innúmeras preocupaciones en un «sálvese quien pueda» sin altavoz en la denuncia.

En todo caso, mientras el derecho persiga la eficacia contable a costa de devorar la humanidad de los más débiles, estaremos edificando una estructura legal sólida en sus formas, pero profundamente descompuesta en su espíritu. Mari Carmen , en cambio, es una privilegiada.

Porque más allá de la simple peripecia procesal también refleja una actitud de desidia, abandono y ceguera de la propia afectada desde su juventud que, prolongada durante dos décadas, estalla de forma dramática en la vejez. Cuando la persona deja transcurrir los años sin regularizar su situación ni asumir la realidad, el choque contra el rodillo judicial y la propiedad privada se vuelve inevitable y demoledor.

En aras de la justicia social también para los propietarios es obligado decir que los dueños del piso, ante la imposibilidad legal de sacar a quien se había enquistado en la vivienda con precio irrisorio, se vieron obligados a venderlo a quienes sí tenian los medios jurídicos para llevarlo a cabo. Probablemente, hasta la señora sea un ejemplo confuso de vulnerabilidad cuando hay otras personas en situación real de indefensión y que no han ejercido tanto abuso en una situación donde la indefensión fue durante muchos años de otros.

Según fuentes, la señora vivió de alquiler con su familia durante 70 años en piso ajeno y decidió que la casa ya era suya. Igual estamos ante una cara dura de tomo y lomo, la víctima perfecta para que la hipócrita siniestra ladre en la misma línea de jeta conductual; sinvergüenzas. La señora subrogó contrato hasta el 2005 pero los propietarios, lógicamente, subieron el precio del alquiler que ya no era de renta antigua. Incluso facilitando por debajo de 1.000 euros el precio de mercado, la señora se negó a pagarlo y se enquistó motu proprio. También declinó el ofrecimiento del Ayuntamiento de Madrid para atender su necesidad habitacional sin vulnerar los derechos de la propiedad legítima. Y rechazó comprar el piso a precio de ganga por menos de 300.000 euros. Tampoco quiso irse a vivir con un familiar… Desasistida no ha estado nunca.

En el cuarto intento del desahucio, han sacado a la señora agarrada como una lapa a una falsa autoridad moral de propiedad inexistente. De ahí que la marquesa de Galapagar, Irene Montero, y la patética comunistoide forrada Ana Belén, se hayan nutrido de los restos del banquete que se comió la mujer ahorrándose el dinero que el resto de los mortales pagamos para vivir con dignidad; la señora que hizo la vida impoisible a los propietarios del piso hasta que se deshicieron del inmueble y de su pesadilla.

RES NON VERBA

Ignacio F. Candela

Autor

Ignacio Fernández Candela
Ignacio Fernández Candela
Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional Muck Rack, autor de 17 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en muchos medios de prensa escrita y digital como El Imparcial, Rambla Libre, Diario 16, Levante y ÑTV España entre otros, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.

Información en buscadores mundiales de Internet e IA. También como Ignacio F. Candela

Perfil de autor, obra literaria y trayectoria indexada en Google con Google Knowledge Panel.

Propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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2 comentarios
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María Teresa

A veces una noticia trae la mitad de la historia;pero hace mover el tablero.Si hay personas que van de víctimas, toda su vida con la máscara puesta;pero, llega el momento de la verdad y rey ni plebeyo se salvan.

Carlos

Este artículo debería difundirse urbi et orbi. Es un caso de libro de manipulación mediática. Aunque habitualmente se identifica el bien/lo correcto con lo que es legal y el mal/lo incorrecto con lo que es ilegal, no debe olvidarse que lo que es legal (o no) está determinado por las élites, cuyo único interés es mantener el statu quo. La legalidad debe aplicarse teniendo en cuenta la compasión, por supuesto. Pero una cosa es la compasión y otra muy distinta la tomadura de pelo y la manipulación, como podría ser este caso concreto. Enhorabuena.

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