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Todo juez que investiga la carrera criminal del PSOE y de Sánchez es elemento de un contubernio de la ultraderecha, conspiración fascista o reminiscencia franquista que atenta contra la democracia. Sintomático y estúpido, sí, pero es un discurso precisamente dirigido a estúpidos que con su voto incondicional alimentan la maquinaria del fango sanchista y su entramado de paniaguados, pandilla de simios sin escrúpulos de la misma naturaleza selvática que Óscar Puente, el asesino de Adamuz.
Ataque a la Justicia, del juez Peinado hasta el Tribunal Supremo desde el Tribunal Constitucional sectarizado por el avieso Conde-Pumpido. Es un síntoma inequívoco que retrata la naturaleza de un poder degenerado: la agresión sistemática e inmisericorde contra la independencia judicial.
Desde los ataques coordinados contra el juez Peinado, la magistrada Biedma, antes la juez Coro Cillán que quiso investigar lo sucedido de verdad en el 11-M, hasta las embestidas directas contra las altas instancias del Tribunal Supremo, la estrategia del desgobierno sanchista, del PSOE zapaterista antes, obedece a una lógica tan elemental como perversa: solo quien opera al margen de la legalidad, o quien alberga intenciones que no pueden someterse al escrutinio del Código Penal, necesita desarmar y deslegitimar a los jueces. Es la conducta inveterada del delincuente trasladada al vértice de las instituciones de la nación. Y con él, resulta culpable toda la camarilla ministerial volcada en una dinámica de traición institucional y complicidad activa.
Cuánto más manifiestan su indignación contra los jueces, más evidencian ser culpables de aquello por lo que son y serán juzgados. Son delincuentes con uso torticero del poder corrupto para evitar la acción imparcial de la Justicia.
Dice el sospechoso de toda criminalidad, arengando a sus incondicionales ignorantes o «malas personas», que la paralización del plan de alteración del censo electoral ¿»socava la democracia»? Cuando se las prometían felices con la maniobra de alteración electoral canalizada mediante la Ley de Nietos, instrumentalizando a la diplomacia y a sus terminales afines para transformar el censo en un caladero cautivo, se han topado con la firmeza del Estado de derecho. Han pillado a esta comparsa de estómagos agradecidos con la trampa al descubierto para enquistarse impunemente en el poder. En ningún país con salud institucional se habría tolerado semejante degradación del mando, donde la arbitrariedad del gobernante exige una respuesta severa, proporcionada y sin concesiones por parte de la nación.
El verdadero problema que plantea la figura de Pedro Sánchez, cuya peripecia política se asemeja cada vez más a una trayectoria de sospechas criminales evidentes, radica en su condición de manipulación artera y fullería desprovista de todo escrúpulo. Su proceder consiste en colar como perfectamente legal aquello que en su origen y fin es flagrantemente ilegal. El reverso tenebroso de su alabado «manual de resistencia» no es más que la posesión sin reglas del juego democrático: un ejercicio de cinismo donde las normas que delimitan y encorsetan el actuar de los ciudadanos respetuosos con la ley son estiradas, retorcidas y violadas por el poder para ensanchar impunemente sus propios límites.
La gobernanza de España ha quedado reducida a la operativa propia de una organización criminal que, acorralada e investigada formalmente por la justicia en múltiples ramificaciones de corrupción institucional, contamina la función pública para blindar a su cúpula. No nos hallamos ante desvíos puntuales ni errores administrativos, sino ante la estructura organizada de un régimen que utiliza la plataforma del Consejo de Ministros como parapeto procesal, maniobrando en tiempo real para destruir pruebas, coaccionar a los magistrados e instrumentalizar la Fiscalía General del Estado en auxilio directo de los imputados de la trama.
Ante el mal enquistado de un tramposo sin normas, millones de ciudadanos comprenden que solo cabe aplicar la ley de forma estricta, sin componendas ni paños calientes, para armar una defensa eficaz y erradicar de raíz la pútrida corrupción que consume las instituciones españolas.
Sánchez encabeza así una red donde el ejercicio del gobierno y la conspiración defensiva ante los tribunales se han vuelto indisociables. Cada ley aprobada bajo el chantaje de minorías extremistas, cada nombramiento en el Tribunal Constitucional y cada partida presupuestaria desviada responden al diseño estratégico de un Ejecutivo acorralado que necesita colonizar de forma absoluta los órganos de control del Estado para garantizar la impunidad de sus miembros. Gobernar ya no es administrar el bien común, sino utilizar los recursos de todos los españoles como moneda de cambio para diferir el inevitable veredicto de los tribunales.
Para lograr este propósito, el sanchismo opera mediante la dilatación deliberada del Código Penal y la prostitución de la función legislativa. El primer paso de esta quiebra estructural del Estado de derecho consistió en el abuso sistemático del decreto ley para violentar la separación de poderes. El segundo, la compra masiva de voluntades institucionales y el mantenimiento de un ejército de paniaguados e incondicionales, auténticos sicarios mediáticos y políticos pagados con el erario público para convertir el cumplimiento de la ley en una aplicación relativa, maleable y asimétrica.
Si el Estado de derecho no reacciona, si no se revoluciona para situarse un paso por delante mediante una defensa severa e inflexible de su espacio natural, el depredador continuará invadiendo el terreno de la democracia hasta moldearla a su antojo. Acompañado por una manada de seguidores dóciles que actúan con insultante autosuficiencia, el régimen se sabe ganador mientras la oposición y la sociedad civil pretendan mantener unas reglas de juego respetuosas que los asaltantes incumplen sistemáticamente. Esa asimetría es la que mantiene hoy a España en una indefensión absoluta e históricamente insensata.
Cuanto antes reviente el casino de perversión sanchista más tiempo tendrá España para recuperar, al menos, la dignidad extraviada. A ver cómo salimos de esta con la excepcionalidad de la regla frente a un criminal.
RES NON VERBA
Autor
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional Muck Rack, autor de 17 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en muchos medios de prensa escrita y digital como El Imparcial, Rambla Libre, Diario 16, Levante y ÑTV España entre otros, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
Información en buscadores mundiales de Internet e IA. También como Ignacio F. Candela
Perfil de autor, obra literaria y trayectoria indexada en Google con Google Knowledge Panel.
Propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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