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Después de varias jornadas de disturbios callejeros protagonizados por quienes se auto titulan amigos de un tal Pablo Hasél, de nombre artístico Pablo Rivadulla Duró, a fin de prevenir cuantos perjuicios pudieran derivarse de esta barbarie aún no extinta, parece necesario hacer públicas las siguientes cuestiones.
El interfecto nació en Lérida el 9 de agosto de 1988, hijo de un empresario expresidente de la Unión Deportiva de Lérida, cultiva un estilo musical llamado «rap» de origen afroamericano consistente en una sucesión de notas con un movimiento contrario al orden natural, o sea, a contratiempo, siendo comunistas su pensamiento y compromiso políticos.
Sus canciones, con letra recitada, constituyen un conjunto de injurias a las personas e instituciones del Estado, motivo por el que, desde octubre de 2011, con 23 años y hasta la fecha, ha sido condenado en reiteradas ocasiones a más de 20 años de prisión en la que continúa cumpliendo condena, por pertenencia a banda terrorista, enaltecimiento del terrorismo, y agresión a las personas.
Se trata, en fin, de un niño mal de casa bien cuyo encarcelamiento ha servido de excusa a otras calamidades antropomorfas dedicadas únicamente a molestar a sus conciudadanos con la excusa de defender la libertad de expresión y protestar por el encarcelamiento de la alhaja en cuestión mediante manifestaciones no autorizadas en las que sobresale un vandalismo traducido en la fragmentación del suelo del que extraen los adoquines para lanzarlos contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los que no dudan agredir física y personalmente, destrozando y saqueando establecimientos comerciales, mobiliario urbano y agrediendo a los viandantes. Debe destacarse que los daños ocasionados por estos desórdenes corren por cuenta de los contribuyentes.
A través de la televisión salta a la vista que, en cumplimiento de las órdenes recibidas al efecto, la actuación por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no merece otra calificación que la de condescendiente.
Quizás la desafortunada frase de un tal Sánchez «¿de quién depende la Fiscalía General del Estado, del Gobierno, no?, pues ya está», explique la injustificable actuación judicial secundada por el inadmisible silencio fiscal poniendo en libertad a los detenidos en estas algaradas sin casi haber llegado a presencia del juez.
Llama la atención el laconismo de Pedro Sánchez al juzgar estos actos violentos sin descalificaciones ni condenas explícitas de sus autores, despachándose con la frase «en una democracia plena, y la democracia española es una democracia plena, resulta inadmisible el uso de la violencia».
El ministro del Interior, omitiendo toda recriminación y apercibimiento al respecto, ha manifestado su apoyo a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que hacen frente a los protagonistas de estos disturbios, calificándoles como «una minoría que con un concepto equivocado de los derechos hace uso de la violencia, son actitudes injustificables».
El vicepresidente segundo del Gobierno que sufrimos, (a) «el coletas», su portavoz en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, su excompañero de filas Juan Carlos Monedero, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, sin despeinarse, han mostrado su apoyo y aliento a los protagonistas de estos desmanes callejeros, a lo que jueces y fiscales han vuelto a hacer oídos sordos no obstante lo dispuesto al efecto en la vigente Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
La oposición constitucional, sin ningún disimulo por parte del grupo parlamentario del PSOE, sus socios podemitas y cuantos anti constitucionalistas e independentistas les apoyan, apenas ha podido hacer oír su voz en el Congreso de los Diputados o en otros foros solo atentos a los enemigos de España.
Algunos ciudadanos, tratando de hacer frente a estos desórdenes y poniendo en riesgo su integridad física amenazada por el ídolo de los alborotadores callejeros, han optado por defender la paz, su tranquilidad y sus propiedades, lo que constituye un problema añadido de posibles consecuencias trágicas.
En las actuales circunstancias es obligada la referencia a la Directiva de Defensa Nacional que proclama como primer objetivo de la Defensa «la protección del conjunto de la sociedad española, su Constitución, y los valores, principios e instituciones que ésta consagra para el pleno ejercicio de los derechos y libertades de toda la ciudadanía, así como garantizar la soberanía, independencia e integridad de España y el ordenamiento constitucional, de acuerdo con el Artículo 8.1 de la Constitución, siendo también objetivo prioritario de la Defensa contribuir a la preservación de la paz y seguridad internacionales en el marco de los compromisos contraídos por España».
Por otra parte, añade que «las Fuerzas Armadas desarrollarán sus misiones permanentes, frecuentemente apoyando a las autoridades civiles para hacer frente a desafíos no siempre convencionales. Las labores de colaboración y apoyo a autoridades civiles alcanzan su máxima expresión en la gestión de situaciones de crisis y emergencias».
Si a estas alturas el Gobierno considera que las circunstancias actuales no están incluidas en los anteriores supuestos, debe pulsar la opinión de los ciudadanos que han sufrido la ira de estos salvajes, dimitir o emplear la Directiva de Defensa Nacional para uso higiénico.
Por lo expuesto es evidente que no podemos continuar así: o esta situación acaba con nosotros o nosotros con ella, para lo que o Pedro Sánchez se deshace de sus socios o nuestros convecinos del planeta Tierra nos expulsan hasta del sistema solar para evitar nuestro contagio.
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