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Decía el filósofo español José Ortega y Gasset que las creencias son ese conjunto de pensamientos y planteamientos que constituyen la base de nuestra conducta debido a que estamos seguros de su veracidad sin ningún tipo de cuestionamiento previo. De esta forma habitualmente nos comportamos y tomamos decisiones sobre la base de nuestras creencias sin tan siquiera pensar en ellas, pero teniéndolas en cuenta de forma automática. Pues bien, una de las creencias más arraigadas en una parte no desdeñable de la población española -fundamentalmente como consecuencia de las eficaces y continuadas campañas de agitación y propaganda que la izquierda ha sido capaz de desarrollar desde sus albores hasta el día de hoy- es que tanto el PSOE como el PCE, más allá de como se denomine en cada momento, son formaciones políticas genuinamente democráticas, a pesar de que el análisis de la realidad pasada y presente permita desmontar tal creencia. Así, parece dar lo mismo que en octubre de 1934 el PSOE, liderado por Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto, con el apoyo del PCE, dirigido por José Díaz, perpetraran un “Golpe de Estado” contra la II República, finalmente sofocado por el Gobierno de Alejandro Lerroux, y también parece ser intranscendente que en este verano de 2023 se estén desarrollando los prolegómenos de lo que en un futuro muy próximo será el segundo “Golpe de Estado” que el PSOE, en este momento acaudillado por Pedro Sánchez, y los comunistas de Sumar, comandados por Yolanda Díaz, están dispuestos a consumar para contar con el apoyo parlamentario de los independentistas catalanes y vascos y así permanecer al frente del Gobierno de España durante la próxima legislatura. El hecho es que, a pesar de las evidencias que demuestran lo contrario, un buen número de españoles siguen instalados en la creencia de que en la actualidad tanto el PSOE como Sumar son partidos políticos que defienden la unidad de la nación española y el orden constitucional.
Parece por tanto llegado el momento de establecer de manera fehaciente que tal creencia no es otra cosa que una perniciosa falacia, para, a continuación, intentar hallar la solución a la problemática derivada de la formación de un nuevo Frente Popular de marcado carácter antiespañol y totalitario, como es el bloque constituido por socialsanchistas, comunistas bolivarianos, golpistas catalanes y filoterroristas vascos.
Lo primero que llama la atención de la situación que estamos padeciendo en el momento actual es la lamentable falta de convicciones y la patética impotencia mostrada por ese monigote grotesco en que se ha convertido Pedro Sánchez, al aceptar sin oponer resistencia alguna todas y cada una de las exigencias de los líderes separatistas, con la exclusiva finalidad de mantenerse en el poder, pero no para ejercerlo, ya que su debilidad parlamentaria se lo impide, sino tan solo para colmar su impresionante vanidad y disfrutar de los privilegios que ello conlleva.
Así, hemos podido ver como de manera injustificada, tanto desde un punto de vista comunicativo como desde una perspectiva económica, se reforma el Reglamento del Congreso para permitir en sus sesiones el uso de unas lenguas, como el catalán, el euskera y el gallego, que son cooficiales tan solo en sus respectivas regiones, careciendo de dicha condición en el conjunto del territorio español, el cual constituye el ámbito propio de representación política de la Cámara Baja; a su vez asistimos con irritación al anuncio por parte de ERC y Junts de un pacto con el PSOE y Sumar para la promulgación de una Ley de Amnistía para los sediciosos catalanes, lo cual supone una aberrante legitimación de la intentona secesionista catalana de octubre de 2017, que viene a implicar consecuentemente una indecente asunción del carácter represor del Estado español; y por último, en el colmo de la desvergüenza, observamos escandalizados como el entramado separatista proclama sin tapujos que la única motivación de su apoyo al psicópata monclovita es la realización de sendos referendos de autodeterminación en Cataluña y País Vasco, lo cual vendría a dinamitar la convivencia ciudadana y a eliminar el principio de igualdad entre españoles.
Son numerosos los juristas de reconocido prestigio que han manifestado la inconstitucionalidad de todas estas iniciativas, pero, más allá de disquisiciones jurídicas puntuales, resulta evidente la vulneración de la Carta Magna promovida por los independentistas y sumisamente aceptada por los socialcomunistas, ya que ese conjunto de medidas escenifican a la perfección la brutal ofensiva que las fuerzas secesionistas están llevando a cabo para levantar “muros de la vergüenza” en el seno del territorio español, subvirtiendo en consecuencia y de forma rotunda la Constitución, la cual establece “la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”.
Estamos, por tanto, en un momento de crisis moral, institucional, política y económica, que nos conduce inevitablemente a una situación de emergencia nacional frente a la que solo cabe como respuesta una masiva movilización ciudadana con la sana intención de revertir la fractura territorial y social que se está produciendo a un ritmo vertiginoso. Los objetivos de esta movilización ciudadana son múltiples y apuntan en distintas direcciones.
Así, en primer lugar, con las movilizaciones se trataría de demostrar no solo con palabras –que como bien es sabido se las lleva el viento- sino también con hechos que los españoles no estamos dispuestos a aceptar dócilmente la destrucción de la nación española, la suspensión de la soberanía ciudadana en aras de la soberanía territorial y la imposición de unas políticas ilegitima e ilegalmente rupturistas que pueden degenerar en un enfrentamiento civil.
En segundo lugar, la acción ciudadana se debería orientar a impulsar la unidad de acción de todos los partidos de centroderecha, los cuales deberían encauzar convenientemente las movilizaciones para así propiciar la máxima visibilidad al firme y absoluto rechazo que una gran mayoría de españoles siente ante la intentona golpista que está siendo implementada por el Frente Popular izquierdista-secesionista con la mezquina pretensión de reducir a escombros a la nación española.
Por último, el movimiento ciudadano supone de facto emplazar al Rey Felipe VI para que, tal y como le obliga el Artículo 61 y le permite el Artículo 62 de la Constitución, tome las medidas necesarias para, en primer lugar, salvaguardar la unidad nacional y el orden constitucional, en segundo lugar, proteger el Estado de Derecho y, finalmente, reinstaurar la convivencia entre iguales y la paz social.
Hoy más que nunca no caben lamentaciones, ya que éstas no constituyen otra cosa que el refugio de los débiles, sino que más bien lo que requiere la gravísima situación por la que España atraviesa es fuerza, determinación y coraje para aplastar definitivamente la amenaza golpista y antidemocrática que unos políticos irremediablemente miserables pretenden consumar, teniendo como faro espiritual la inquebrantable esperanza de devolver a España al lugar que por su historia le corresponde.
Autor
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Rafael García Alonso.
Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Medicina Preventiva, Máster en Salud Pública y Máster en Psicología Médica.
Ha trabajado como Técnico de Salud Pública responsable de Programas y Cartera de Servicios en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria, llegando a desarrollar funciones de Asesor Técnico de la Subdirección General de Atención Primaria del Insalud. Actualmente desempeña labores asistenciales como Médico de Urgencias en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.
Ha impartido cursos de postgrado en relación con técnicas de investigación en la Escuela Nacional de Sanidad.
Autor del libro “Las Huellas de la evolución. Una historia en el límite del caos” y coautor del libro “Evaluación de Programas Sociales”, también ha publicado numerosos artículos de investigación clínica y planificación sanitaria en revistas de ámbito nacional e internacional.
Comenzó su andadura en El Correo de España y sigue haciéndolo en ÑTV España para defender la unidad de España y el Estado de Derecho ante la amenaza socialcomunista e independentista.
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Vamos a ver
En 1978 se promulgo una constitucion que «devolvía» la soberanía al pueblo y a partir de ese momento, se supone, que son los españoles los que con su voto deciden quienes van a gobernar en el Reino de España.
Pues desde ese momento España ha ido de culo y contra el viento, cada vez que «el pueblo habla» el batacazo es mayor y el desastre aumenta.
Quiza eso sea el fundamento de la «democracia liberal», pero de ser asi, dicha democracia es contraria a los intereses de los españoles, que aunque se junten a «puñaos» piensan desastrosamente consiguiendo que cada vez vivan peror ellos y mejor sus supuestos representantes, que han organizado una clase social al marjen de los problemas que ellos, con su falta de criterio,crean.
En España y desde el motin de Riego, la famosa democracia o sencillamente el Liberalismo ha destruido vez tras vez España, conduciendo a la sociedad a la guerra civil, el golpe de estado y la conspiracion que siempre e da paso al derramamiento de sangre.
Mucho liberalismo, mucha democracia y mucha vaina , pero los españoles cada vez peor, eso si, con el voto por delante
Por favor, es usted tan desmemoriado como la mayoría: no sólo olvida el 23-F – EL ORIGINAL – o el 11-M sino también el regalo que el Campechano Zafio I le hizo a Marruecos ( y según los papeles desclasificados de la CIA estaba dispuesto a entregar también Ceuta, Melilla y Canarias ), ¿y nos viene usted ahora decir que el Rey debe hacer tal o cuál y que la «indisoluble unidad de España» ( ésa que la Constitución que no es tal se pasa por el forro al hablar de las «nacionalidades» )
por aquí y por allá?