La Comunidad exige al Gobierno central que respete la autonomía fiscal de las CCAA y no imponga nuevos tributos a los madrileños

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La Comunidad de Madrid exige al Gobierno central que respete la autonomía fiscal de las comunidades autónomas para gestionar los tributos cedidos, tal y como recogen la Constitución Española y la Ley Orgánica de Financiación Autonómica. Así lo ha aseguró el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, quien ha recordado la intención manifestada por el Ejecutivo de imponer a los madrileños el pago del impuesto de Patrimonio, que se encuentra bonificado al 100% en Madrid desde el año 2008.

El consejero ha valorado la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentada por un grupo parlamentario en el Congreso que persigue acabar con la “competencia fiscal a la baja”, en alusión a la Comunidad de Madrid. En su opinión, “está diseñada solo para perjudicar a los madrileños”, ya que cita a regiones donde el impuesto de Patrimonio está bonificado al 100% y donde el impuesto de Sucesiones y Donaciones es “prácticamente inexistente”.

Fernández-Lasquetty ha destacado que esta propuesta incumple la Constitución Española, así como las normas vigentes de cesión de impuestos, es “un atentado contra la capacidad normativa en materia tributaria de las comunidades autónomas y supone un quebranto del principio de lealtad institucional”.

Contra la autonomía fiscal de Madrid

El titular de Hacienda y Función Pública ha explicado que si se llevase a la práctica dicha enmienda, se impondría una cuota estatal del impuesto de Patrimonio, que no existe hasta ahora, y podría acabar con las bonificaciones en Sucesiones y Donaciones que se aplican en Madrid, lo que supondría la desaparición de la autonomía fiscal de las regiones.

Además, Fernández-Lasquetty ha alertado sobre el hecho de que sea “precisamente un partido independentista, que no cree en la unidad de España, el que pretenda una armonización fiscal para todas las comunidades autónomas. Es una mera excusa para dinamitar los buenos resultados en materia fiscal de la Comunidad de Madrid”.

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Madrid aumentó la recaudación de tributos propios en 2019

En 2019, la Comunidad de Madrid registró un aumento del 7,7% en la recaudación de los impuestos de gestión propia, como son el impuesto de Sucesiones y Donaciones, Actos Jurídicos Documentados (AJD), Transmisiones Patrimoniales (ITP) o los impuestos relacionados con el Juego. De esta manera, la recaudación total en estos tributos alcanzó los 2.164 millones de euros, sobre los 2.010 millones de 2018, a pesar de que el pasado año entraron en vigor en Madrid nuevas bonificaciones en los impuestos de Sucesiones y Donaciones, AJD y ITP.

“Es un claro ejemplo de que bajar impuestos no supone una merma en la recaudación”, ha constatado el consejero.

Los madrileños pagarían 5.900 millones por la armonización

El titular regional de Hacienda ha recordado la amenaza del Gobierno central con armonizar el impuesto de Patrimonio, tal y como avanzó el Ministerio de Hacienda, para que ninguna región se beneficie del “efecto sede”, en alusión a la Comunidad de Madrid.

En relación con este tributo, la Comunidad de Madrid lo tiene bonificado desde 2008 al 100%, “porque se trata de un impuesto injusto y arcaico que grava por duplicado la misma propiedad, que es declarada también en el IRPF y, en el caso de inmuebles, en el IBI. Además, es un impuesto ineficaz, que desincentiva el ahorro”, ha apuntado el consejero.

Fernández-Lasquetty también ha criticado que se acuse a la Comunidad de hacer “dumping fiscal”. “Se trata de una acusación completamente falsa porque todas las comunidades autónomas contamos con el mismo marco competencial en materia tributaria. Madrid no hace nada que no puedan hacer el resto de regiones, tal y como recoge la normativa vigente. La propia ministra Montero ha reconocido recientemente que el término está mal empleado”, ha precisado.

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Por último, el consejero ha detallado el coste que supondría la armonización fiscal de los tributos de gestión autonómica para los más de tres millones de contribuyentes madrileños, que alcanzaría los 5.900 millones de euros en el caso de la Comunidad de Madrid. En concreto, 780 millones por el tramo autonómico del IRPF; 1.100 millones en Patrimonio; 3.332 millones en Sucesiones y Donaciones, y 692 millones en Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados.