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El pasado lunes Hungría y Polonia vetaban la ratificación del fondo anti-Covid y del presupuesto plurianual para 2021-2027. La razón para este veto está en el mecanismo de condicionalidad en materia de Estado de derecho, un mecanismo que permitiría negar los fondos europeos a aquellos países que no respeten los valores fundamentales de la UE. En palabras del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, este mecanismo “daría a la Comisión un derecho unilateral para imponer sanciones financieras basándose en motivos puramente políticos”. Viktor Orbán ha ido más lejos y ha asegurado que este mecanismo “convertiría a la UE en una segunda Unión Soviética”. El veto ha cogido por sorpresa a la oligarquía de Bruselas porque Hungría y Polonia se encuentran entre los países más beneficiados por las ayudas de reconstrucción. Johannes Hahn, comisario de presupuestos de la Unión y miembro del partido popular europeo, aseguraba que el mecanismo de condicionalidad “no iba dirigido contra nadie”. Los hechos nos dicen justamente lo contrario.
En septiembre, de mano de un informe del eurodiputado socialista López Aguilar, Polonia era condenada después de un debate sobre el estado de derecho en ese país . Todos los eurodiputados españoles, con la honrosa excepción de VOX, votaron a favor de la condena. Se trataba de la décima resolución contra Polonia en los últimos cinco años. Del mismo modo, Hungría sufrió la misma condena en julio de 2018 en base al informe de la eurodiputada verde Judith Sargentini. Según la política holandesa, Hungría habría roto los valores fundamentales de la Unión Europea. Ambos países fueron también condenados el 17 de abril de este año por sus acciones “incompatibles con los valores de la Unión Europea” durante la crisis del Covid-19. Merece la pena ver las razones de esa condena. En el caso húngaro se acusó a su gobierno de “prolongar el estado de alarma indefinidamente, gobernar por decreto y debilitar el control del parlamento”. En España sabemos muy bien de lo que están hablando, pero aquí no ha habido ninguna condena europea al gobierno socialista-comunista. En el caso polaco se denunció las restricciones al aborto y a la educación sexual, es decir, a la ideología de género, y la celebración de las elecciones presidenciales en medio de la pandemia, “poniendo en peligro la vida de los polacos”. Francia celebró la primera vuelta de sus elecciones municipales el 15 de marzo y se pospuso la segunda vuelta debido a la alarmante situación del Covid-19, pero no se condenó al gobierno de Macron por “poner en peligro la vida de los franceses”. Además, hay que mencionar que la gestión del Covid-19 en Hungría y Polonia en ese momento fue sobresaliente
En una sentencia publicada el 6 de octubre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que Hungría rompió varios convenios internacionales cuando modificó el proyecto de ley de educación superior en 2017. Esta modificación obligó a la Universidad Centroeuropea (CEU), fundada por George Soros, a abandonar el país y asentarse en Viena, Austria. La ley húngara afectó a la CEU de Soros y a otras 28 universidades presentes en el país magiar, no obstante, fue denominada “ley CEU” por los medios y la oposición. La ministra de justicia húngara, Judit Varga, manifestó que acatarían la sentencia, pero que todas las universidades deben regirse por los mismos principios y que no puede crearse una ley para favorecer a la CEU. Por su parte, George Soros se mostró satisfecho con la sentencia y la calificó como una “victoria para los valores fundamentales de la Unión Europea”, aunque descartó el regreso de su universidad a Hungría por su falta de “libertad académica”.
El 9 de noviembre, la Comisión Europea anunció que ha iniciado un procedimiento de infracción contra algunas de las leyes húngaras de migración. Se trata de la práctica de que los solicitantes de asilo presenten sus solicitudes fuera del país magiar, en sus embajadas. En opinión del gobierno húngaro, una vez que los solicitantes entran en suelo europeo luego ningún gobierno podrá llevar a cabo su expulsión, por tanto, el filtro debe hacerse previamente. Este procedimiento nace de otra sentencia del TJUE del 2 de abril que condenó a Hungría, Polonia y Republica Checa por no acoger “refugiados” durante la crisis migratoria de 2015.
Como consecuencia de estas condenas y sentencias, la UE dio un paso más y amenazó a Hungría y Polonia con la retirada de fondos europeos si no se respetaban los valores fundamentales de la Unión, una amenaza que se ha plasmado en el mecanismo de condicionalidad. ¿Cuáles son esos valores fundamentales? Según el discurso de la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: ideología de género (en julio se negaron fondos europeos a seis municipios polacos por este motivo), ecologismo, inmigración, más poder para Bruselas y menos soberanía nacional. Frente a este mantra globalista Judit Varga entiende que los valores europeos son otra cosa, “Hungría está de acuerdo con los padres fundadores de la Unión en que Europa será cristiana y humanista o no será nada”, y añadió que “en el momento de su adhesión a la UE, en 2004, Hungría no dijo sí a una Europa federalista o al globalismo, ni a los Estados Unidos de Europa, sino a una alianza de apoyo y respeto mutuo basada en estados nacionales fuertes. No dijimos sí a unirnos a la UE para que Bruselas defina por nosotros lo que consideramos una familia, lo que consideramos un matrimonio y quien puede adoptar niños en Hungría y en qué condiciones”.
Viktor Orbán recordaba durante una entrevista en Kossuth Radio, el pasado 6 de noviembre, que George Soros escribía hace cuatro años que aquellos países que rechazasen la entrada de inmigrantes no debían recibir fondos europeos. No parece una casualidad.
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