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En el día de hoy, 18 de Julio de 2.020, Antonio Pozo Pitel, como Concejal del Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo y en representación de los Concejales de la Oposición, ha presentado una Querella Criminal contra el Presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo por Prevaricación Administrativa.
Parece evidente que el querellado, D. Miguel Ángel Gallardo Miranda, Presidente de la Diputación de Badajoz, en un ejercicio arbitrario del poder, ha cometido un delito de Prevaricación Administrativa, confirmando que las anteriores imputaciones que se le habían hecho por amenazas y coacciones, no eran infundadas, sino más bien el inicio de una actuación al margen de la Ley, absolutamente prevaricante, frente a quien se oponía a sus designios historicidas, pues no cabe escudarse en que la Infame Ley de Memoria Histórica, en su interesada interpretación, le facultaba para imponer, al margen de la justicia, a quien se le deben entregar las subvenciones y a quien no.
Y es que D. Miguel Ángel Gallardo realizó en 2.016 una serie de amenazas con la máxima publicidad, en las que anunciaba la retirada de las subvenciones a Villafranco del Guadiana y a Guadiana del Caudillo por no cumplir, según él, con la Infame Ley de Memoria Histórica. Estas amenazas se han materializado mediante una desviación de poder consistente en anteponer, de manera sectaria, los intereses políticos e ideológicos de su partido a los intereses generales de las mencionadas poblaciones.
Esta actuación totalitaria, denunciada tanto por el Alcalde de Badajoz (ya que Villafranco del Guadiana es entidad local menor de Badajoz), como por el entonces Alcalde de Guadiana del Caudillo, ha sido objeto de firme reproche judicial que pone de manifiesto de manera clara la existencia de conducta dolosa de Prevaricación Administrativa por parte del querellado. (Sentencia del Juzgado de lo Contencioso nº 2 de Badajoz 87/2.019 de 17 de julio, y STSJ EXT 171/2.019 y 167/2.019 de 28 de octubre).
Todo ello y los antecedentes expuestos en la Denuncia, justifican la Querella Criminal presentada contra Miguel Ángel Gallardo, por Prevaricación Administrativa.
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