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Cómo ya sabíamos la propuesta de VOX para ilegalizar a los partidos separatistas ha sido rechazada en el Congreso. Pertinaces en el error, los partidos nacionales con representación en el Parlamento han rechazado exigir ninguna lealtad constitucional y lo que es más importante, ninguna lealtad para con el pueblo español ni la unidad de la Nación española. Ninguna novedad. La coalición formada por socialistas, comunistas y separatistas jamás defenderá la unidad de España.
En cuanto a Ciudadanos y PP, han acusado a los de Santiago Abascal de ir en contra de la Constitución. Lo de siempre en su oposición al separatismo, ni una mala palabra, pero ni una buena acción. Ciudadanos desempeña un papel que cada día recuerda más al del partido Campesino rumano o la Unión Agraria búlgara, aquellos servían de comparsa a los soviéticos para aparentar cierta legalidad democrática, estos a los socialistas. En cuanto al PP, partido que supuestamente se arroga el papel de principal oposición a la radical izquierda española, sólo ha demostrado su conservadurismo para mantener las leyes y los paradigmas culturales e ideológicos con que esa misma izquierda moldea la sociedad española. Jamás ha actuado efectivamente contra los separatistas del PNV o CiU, al contrario, siempre ha buscado su apoyo, cuando no ha incorporado el nacionalismo de derechas a sus filas, como en el caso del PP gallego.
La disculpa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la propuesta podrá chocar con las actuales mayorías políticas en la composición del Tribunal Constitucional, no con la fundamentación jurídica que permitiría adaptar a nuestro texto constitucional una norma que impida la concurrencia de partidos separatistas a las elecciones generales y su presencia en las Cortes. Claro que eso sería reconocer lo que ya sabemos, que los señores magistrados del Alto Tribunal tragan con lo que los partidos que les han colocado manden. No hay más, no busquen otra explicación, aquí es constitucional o inconstitucional lo que digan los partidos dominantes. Por supuesto, podrán encontrar sesudos constitucionalistas que les explicaran ampliamente las razones jurídicas que impiden la ilegalización de los partidos separatistas, tranquilos, que pagando lo necesario, argumentarían lo contrario.
Puestos a hablar de constitucionalidad, ¿qué puede ser más inconstitucional que permitir el acceso al Parlamento español de unos partidos que persiguen fines que chocan frontalmente con lo que proclama la Constitución como mismo fundamento de la misma, “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”? En Portugal, Francia o incluso Alemania lo han entendido perfectamente. Los Parlamentos son sede de la soberanía nacional y todos sus miembros electos representan esta. La voluntad de la Nación es el auténtico sujeto de la soberanía y los representantes electos deben esforzarse por defender, no tanto los intereses particulares de sus electores, sino los intereses generales de la Nación en su conjunto. El bien común. Esta concepción constitucional conlleva la desaparición del mandato imperativo que es sustituido por el mandato representativo propio de las democracias parlamentarias. Es decir, no es admisible un partido político que represente en las Cortes exclusivamente los intereses de un grupo de votantes o lobby, de tal manera que los partidos separatistas al negar la Nación española y por tanto la soberanía nacional del pueblo español, y al actuar tan sólo en defensa de sus intereses particulares en lugar del bien común, no debían tener cabida en el régimen parlamentario. Los constitucionalistas portugueses, por lo que se ve comprendieron mejor en qué consistía el parlamentarismo, mucho más inteligentes y previsores que los españoles, y sobre todos más leales con su Nación, incluyeron en la Constitución portuguesa de 1976 en su artículo 311.2, la prohibición de constituir partidos que, «por su designación u objetivos programáticos, tengan índole o ámbito regional».
Por supuesto, desde los medios de la izquierda han aplaudo con pies y manos la sandez con que el representante del PNV contestó a Espinosa de los Monteros contraponiendo nacionalismo español con nacionalismo vasco, catalán o gallego. El problema es que ellos en las Cortes no representan a ninguna nación vasca, porque no existe y nunca ha existido, la única Nación es la española, que es el único fundamento de la soberanía nacional y de la existencia misma del Parlamento. Precisamente, su torticero argumento lo que demuestra es que ellos no están allí para representar los intereses de todos los españoles, están para vendimiar a costa de bobos y sinvergüenzas en su exclusivo beneficio y en contra del bien común.
Por supuesto en España nos quedamos siempre con lo peor y en vez de aprovechar la oportunidad que brinda la doctrina parlamentarista para expulsar del hemiciclo a los separatistas, nos quedamos con el Estado de partidos para que la soberanía nacional sea suplantada por la oligarquía que está detrás del Estado de las Autonomías.
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