Jaque mate al Estado de Derecho. Por Crista Sánchez

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Pocas maneras más convenientes de estar desinformado que solapar noticias. Una detrás de otra, como una trituradora que en apenas segundos destruye la leve imagen en la memoria de lo que fue o pudo llegar a ser un suceso… quedando apenas, por el contrario, un mensaje subliminal: nada digno de análisis… todo es pasajero, no pierdas tu tiempo, diviértete…

Pero ocurre que nosotros no tenemos prisa, por eso nos detenernos, porque, además, sabemos que «en cien años todos calvos», así que, tozudos, vamos a recuperar algunas de esas noticias que se han quedado al fondo de un saco de crónicas, aplastadas, silenciadas por otras que con más suerte, mayor oportunidad y/o conveniencia, llegaron a las pantallas de los Telediarios, desayuno, comida y cena.

Noticias que tuvieron más relevancia, entendiendo por relevancia, un exponente proporcional al interés partidista que la noticia tiene para el Gobierno de España, dueño de los medios por la venia de de un decreto Ley que costó 15 millones de euros al erario público.

Rescatamos del cofre de las noticias ninguneadas una que no deja de ser actualidad, si la relacionamos con las crónicas que nos llegan sobre el relevo de la plana mayor de los jueces, esto es el CGPJ, y sus execrables tejemanejes, alejados de todo uso sensible de la Justicia. El Cotolengo.

Dado que, con un Poder Judicial independiente, ni tendríamos este espectáculo circense, este teatro de varietés formado por Gobierno, Oposición, Poder Judicial y Fiscalía, ni nuestro juez protagonista de hoy andaría parodiando a un personaje más propio de una monarquía bananera que de un país que se llama a sí mismo Estado de Derecho.

¿Qué Derecho ni qué niño muerto?

Sin jugarretas, señores, aquí no regateamos. Entre otras cosas porque meter a todos en el mismo saco denota falta de inteligencia. Nosotros somos muy conscientes de que hay jueces…, y jueces del PSOE, del PP, de Izquierda Unida y de PODEMOS. Hay jueces para todos los gustos y de todos los colores y hay Jueces. Hombres y mujeres de honor que hacen su trabajo llegando hasta las últimas consecuencias. Y si no, que se lo digan a los jueces Castro o Alaya.

Muy lejos de estos ejemplos está el juez del PSOE al que dedicamos hoy el rescate de la noticia. Dado que se trata de un juez que lleva años medrando en los organismos públicos al uso, desde el trampolín del Partido Socialista. El mismo juez que anuló hace unas semanas una orden por la que el Gobierno autonómico de Madrid prohibía: el botellón, fumar en la calle; el uso obligatorio de la mascarilla en espacios al aire libre y cerrados y la limitación del derecho de reunión a 10 personas.

Alegato contra la incoherencia

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Lo que nos llama la atención no es el hecho en sí de anular o dejar de anular, sino que la invalidación se llevase a cabo al mismo tiempo que los ministros Illa y Celaá imponían esas mismas medidas restrictivas a nivel estatal, informando de ello a través de una rueda de prensa a la vuelta de sus vacaciones. Igualmente llamativo es que se revocase en Madrid, mientras donde Lambán, Torra, Urkullu o Ximo Puig, –eso sí, taifas socialistas e independentistas-, se imponía la norma con la aquiescencia de la Justicia.

Luego, denunciamos que ningún agravio comparativo impidiese el encontronazo de la presidenta Diaz Ayuso con el brazo tonto de la Ley de Alfonso Villagómez Cebrián. Que al impedir las medidas restrictivas impuestas en el resto de España, con el fin de evitar los contagios y los colapsos hospitalarios, se entiende, en su misma lógica, que Cebrián los alentaba en la capital de España, dispuesto a que Madrid se convierta en un caos, en una morgue, o en lo que haga falta para que los de la coalición PSOE-PODEMOS se hagan con el tan ambicionado Gobierno de la Comunidad de Madrid. —Decir que la jugarreta no dio para más de una semana—.

¿Por qué? Porque Madrid lo vale, porque hay que hacer la cama a la moción de censura en ciernes. Por lo mismo que han evitado a toda costa hacer controles en Barajas, como han hecho el resto de capitales europeas.

Pero vamos a contrastar nuestras opiniones, para que luego no se diga: Realmente, ¿qué razones argumentan la anulación regional madrileña?…, según publica El País:

«El juez entiende que la normativa regional no se puede aplicar al hacer referencia a una orden del Ministerio de Sanidad que no ha sido publicada previamente en el Boletín Oficial del Estado […] La falta de este paso previo produce indefensión para los ciudadanos […] Además, mantiene que un Ejecutivo autonómico no puede limitar los derechos fundamentales»

Aún siendo razones estupendas, nos atrevemos a calificar de indefinidos e imprecisos, de vagos, al fin y a la postre, los motivos aducidos por el señor Cebrián, teniendo en cuenta que en otras taifas limítrofes se estaba multando y deteniendo a gente por incumplir esa misma norma. Y ya puestos, nos arriesgamos a señalar que la conducta del señor juez se ajusta más a coherencia si el paradigma observado para medir es el de responder con servicios prestados al Partido.

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Y si no, juzguen ustedes, que esto va de jueces

Fue asesor del Defensor del Pueblo en 1994 y letrado del Tribunal Constitucional entre 1998 y 2001.

En 2004 pasó a ser miembro del gabinete del entonces ministro socialista López Aguilar, puesto que conservó hasta el año 2008, junto a otro ministro de Justicia socialista, Fernández Bermejo, al que recordamos por su dimisión tras el escándalo de la celebérrima foto de la cacería, en la que aparecía junto al juez estrella que instruía el caso Gürtel, Baltasar Garzón, expulsado más adelante por prevaricación.

Estuvo designado y llegó a figurar en la lista de candidatos a vocales de CGPJ. Y en 2018 optó a integrar el Comité de Ética Judicial del del mismo Organo de Gobierno de los jueces…, es hijo de un juez de la casa, del CGDP.

Hace poco publicaba un artículo en El Faro de Vigo mostrando su entusiasmo por el nombramiento de la nueva Fiscal General del Estado, la exministra socialista Dolores Delgado, de la que opina: «no tengo dudas de que veremos a un Ministerio Público todavía más comprometido, si cabe, con la defensa de la legalidad y de los derechos de la ciudadanía».

Solo añadir dos cositas más, a modo de despedida y conclusión. Una, recordar, no sin cierto rintintín, que Dolores Delgado estaba en la cacería de Garzón y Bermejo, como buena amiga de Villarejo que es. Y dos, y respondiendo a las declaraciones de Cebrián sobre la yogui amiga de Villarejo, celebrando su firme compromiso, decir que suscribimos, efectivamente, ese firme compromiso, sin embargo, única y exclusivamente con el Gobierno.

Y si no, que se lo digan a Iglesias Turrión, su Dina y su caja B solidaria o, en el lado opuesto a Pérez de los Covos y su meritocracia pateada o a toda esa sociedad civil que ha visto cómo se desestimaban en bloque sus querellas contra el Gobierno por mala praxis en la gestión del coronavirus con más muertos por cien mil habitantes del planeta, mientras de paso, no sé muy bien si por maldad o por ignorancia o por una mezcla de ambas, además se les insultaba sin ningún pudor, llevando las estrategias torcieras de la Fiscalía hasta límites insospechados.

No hay más preguntas, señoría.