21/05/2024 00:44
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Yolanda Díaz transmitió a Puigdemont el mensaje de Pedro Sánchez sobre su receptividad y la intención de transformar España. Este último un eufemismo que parece harto interesante, y hasta alarmante, para los actores constitucionales que son garantes del Estado de Derecho.

La política, como el ajedrez, a menudo implica movimientos cuidadosamente calculados-como son las tretas sanchistas con el consejo de los desharrapados de la Complutense aplicando teoría de manipulación social a la realidad en España-y, a veces, inesperados. En los últimos días, hemos sido testigos de uno de esos movimientos, cuando la ministra de Trabajo y Economía Social , Yolanda Díaz, se entrevistó con Carlos Puigdemont, el líder independentista catalán que enfrenta cargos legales en España y se encuentra prófugo de la justicia y sin inmunidad del Parlamento Europeo.

La noticia de esta entrevista ha generado un intenso debate en la sociedad española y ha planteado preguntas válidas sobre las implicaciones políticas y legales de tal encuentro. Aunque la ministra Díaz ha argumentado que esta entrevista es parte de su papel como política y que no implica una toma de posición en el conflicto catalán, hay motivos legítimos para preocuparse por las consecuencias de este acto; entre ellos la presunta prevaricación usando fondos públicos como si pertenecieran a esta manada de aprovechados.

Como todavía hay quien no comprende las implicaciones ilegales o las excusa, demos masticado el intríngulis de este problema de calibre mayor:

El contexto político y un plano de situación para entender la gravedad del asunto

Para aclarar completamente el significado de esta entrevista, es esencial recordar el contexto político en España. Carlos Puigdemont, junto con otros líderes independentistas, estuvo involucrado en el referéndum de independencia de Cataluña en 2017 que fue considerado ilegal por el gobierno español y el Tribunal Constitucional. Esta acción resultó en la declaración unilateral de independencia de Cataluña y la subsiguiente aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que suspendió la autonomía de Cataluña.

Puigdemont huyó de España para evitar ser arrestado y enfrentar cargos relacionados con su participación en el referéndum. Desde entonces, ha vivido en Bélgica y se ha convertido en un símbolo del movimiento independentista catalán.

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Las implicaciones legales

Uno de los principales argumentos en contra de la entrevista es que podría ser percibida como un gesto de apoyo o legitimación de un individuo que está prófugo de la justicia. Las autoridades judiciales españolas han pedido la extradición de Puigdemont, y cualquier interacción pública con él podría ser interpretada como un desafío al sistema legal y una complicidad delictiva, como así lo han estimado asociaciones privadas que han denunciado ante los tribunales a la líder de Sumar. Además, la entrevista plantea la pregunta de si se deben establecer diferencias entre políticos y ciudadanos comunes cuando se trata de la aplicación de la ley. No en vano el gobierno sanchista se comporta como si estuviese por encima del bien y del mal siendo penalmente sancionables esas prebendas que se arrogan sin sonrojo ni vergüenza o dignidad que valgan.  En una sociedad democrática y basada en el estado de derecho, nadie debería estar por encima de la ley. La entrevista podría interpretarse como un intento de suavizar la gravedad de las acciones de Puigdemont o los torticeros amaños de Pedro Sánchez para negociar con delincuentes el Gobierno de España.

El debate en curso o la certeza de la ilegalidad

La entrevista de Yolanda Díaz con Carlos Puigdemont ha desencadenado un debate en curso sobre los límites de la diplomacia y las responsabilidades de los políticos. Por un lado, algunos argumentan que el diálogo y la negociación son esenciales para resolver conflictos políticos y que esta entrevista podría ser un primer paso hacia una solución pacífica para la situación catalana. Los defensores de esta postura acostumbrada en la indecencia son los tertulianos y periodistas prostituidos al servicio de La Moncloa, pagados para manipular, ocultar y mentir con absoluta carencia de ética y honradez.

Por otro lado, hay quienes vemos la entrevista como un peligroso precedente y como un acto que podría erosionar la confianza en el sistema legal y en el principio de igualdad ante la ley. Argumentamos que, en lugar de entrevistarse con un prófugo de la justicia, los políticos deberían respetar los procedimientos legales establecidos.

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Así pues, la entrevista planificada entre Yolanda Díaz y Carlos Puigdemont-y en las sombras Pedro Sánchez-es un evento que merece una reflexión profunda y cuidadosa porque comporta extremos legales que podrían encausar a la líder comunista. Si bien el diálogo es importante en la resolución de conflictos políticos, es fundamental considerar las implicaciones legales y políticas de tal encuentro. En última instancia, el resultado de esta entrevista podría influir en la percepción de la justicia, la legalidad y la equidad en España. La sociedad española continuará debatiendo este asunto, ya que busca un equilibrio entre la diplomacia y el respeto por el estado de derecho que, por otro lado, implica a otros actores constitucionales que observan con preocupación el cariz delictivo del gobierno en funciones para mantener a Pedro Sánchez y sus cómplices, incluso bajo la sospecha de un fraude electoral en el que siguen creyendo millones de españoles. Suma y sigue hacia el estrecho conducto de la discordia provocada por los mismos de siempre.

Autor

Ignacio Fernández Candela
Ignacio Fernández Candela
Editor de ÑTV ESPAÑA. Ensayista, novelista y poeta con quince libros publicados y cuatro más en ciernes. Crítico literario y pintor artístico de carácter profesional entre otras actividades. Ecléctico pero centrado. Prolífico columnista con miles de aportaciones en el campo sociopolítico que desarrolló en El Imparcial, Tribuna de España, Rambla Libre, DiarioAlicante, Levante, Informaciones, etc.
Dotado de una gran intuición analítica, es un damnificado directo de la tragedia del coronavirus al perder a su padre por eutanasia protocolaria sin poder velarlo y enterrado en soledad durante un confinamiento ilegal. En menos de un mes fue su mujer quien pasó por el mismo trance. Lleva pues consigo una inspiración crítica que abrasa las entrañas.
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JCrespo

El descaro de estos políticos que se creen que todo el monte es orégano. Que se creen por encima del bien y del mal y, como dijo cierta ignorante que el dinero de los españoles, en realidad «no es de nadie…», pues así se lo gastan como quieren.
Hacen y deshacen sin preocuparse y sin responsabilidades, pues si algún Poder del Estado les reconviene y amenaza por sus actos, ellos se «encargan», llegado el caso, de poner a dicho Organismo a su disposición.
Viajan, cuando quieren y a costa de todos en los lujosos vuelos de, lo que creen, su Avión particular. Así, el acto de la Doña Rogelia rubia de reunirse y negociar con un delincuente condenado por el más grave delito contra la Unidad de la Nación Española ya no extraña a nadie y, me temo de que todo se quedará ahí, como en una República bananera.

Aliena

«La sociedad española continuará debatiendo este asunto»; ¿durante cuánto tiempo? ¿Dos días, un día, unas horas? La catarata de tropelías de Sánchez – y antaño, de Zapatero, y mucho antes, de Felipe González y secuaces, entre los que están incluidos TODOS los supuestos-semi-pseudoprotestones de hoy – es tan brutal que, aunque la sociedad no tuviera su proverbial memoria de pez, por aplastante lógica una acción delictiva es sustituida por otra equivalente o peor en un plazo insignificante, lo mismo en la vida que en la mente y medios de expresión de la tan sufrida como inane ciudadanía ( ay, ese término ) española.

Geppetto

La sociedad española no debate nada de nada
Quienes debaten son los mugrecillas plumillas y los politicos de uno y otro partido que intentan acusar el de enfrente de lo malo que es,mientras cerdea lo que puede

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