Sobre el rango de la cultura en la Constitución. Por Diego Fierro Rodríguez

Getting your Trinity Audio player ready...

José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de cultura, ha afirmado que en una entrevista concedida a La Vanguardia ve necesario elevar el rango de la cultura en la Constitución. Concretamente, el filósofo del Derecho señala que “es importante el pacto de Estado, e incluso en algún momento también habrá que pensar en la ubicación de la cultura en la Constitución”, pues “hay que reforzarla como un derecho fundamental”, ya que “ahora está reconocida, pero no al nivel de la educación o la sanidad”.

Actualmente, hay tres niveles de protección de los derechos en la Constitución. En el primer nivel se encuentran los derechos fundamentales, recogidos en los artículos 15 a 29, que abarcan derechos como el de la vida o la libertad de expresión, y los derechos a la igualdad y a la objeción de conciencia de los artículos 14 y 30.2, que se caracterizan por la garantía de su contenido esencial en la configuración de su regulación y por su tutela jurisdiccional privilegiada, que abarca procedimientos preferentes y sumarios y el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. En el segundo nivel se encuentran los derechos recogidos en los artículos 30 a 38, excluyendo la objeción de conciencia, recogida en el primer nivel, siendo cierto que este grupo de derechos, que abarca algunos como el derecho a la propiedad o el derecho al trabajo, se caracteriza únicamente por la garantía de su contenido esencial en el establecimiento de su régimen jurídico, sin que pueda exigirse una protección reforzada ante los órganos judiciales, al contrario de lo que ya sucede con los derechos del primer nivel. En el tercer nivel se encuentran los principios rectores de la política social y económica, que, en sentido estricto, no pueden tener la consideración de derechos, pues imponen directrices programáticas para que los poderes públicos adopten medidas para garantizar unas condiciones adecuadas de vida.

La cultura se encuentra en el tercer nivel de protección de los derechos en la Constitución. El artículo 44.1 de la norma fundamental establece que “Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho”. La Sentencia del Tribunal Constitucional 49/1984, de 5 de abril, indica que “la cultura es algo de la competencia propia e institucional tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas, y aún podríamos añadir de otras comunidades, pues allí donde vive una comunidad hay una manifestación cultural respecto de la cual las estructuras públicas representativas pueden ostentar competencias, dentro de lo que entendido en un sentido no necesariamente técnico-administrativo puede comprenderse dentro del ‘fomento de la cultura’”. Además, hay que destacar que la cultura se encuentra protegida por la Unión Europea, pues, según la Sentencia del Tribunal Constitucional 35/2016, de 3 de marzo, “desde el Tratado de Maastricht, que introdujo el entonces art. 128 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, actual art. 167 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la cultura se ha convertido en una de las políticas de la Unión, que debe contribuir “al florecimiento de las culturas de los Estados miembros, dentro del respeto a su diversidad nacional y regional, poniendo de relieve al mismo tiempo el patrimonio cultural común” (apartado 1) y favorecer “la mejora del conocimiento y la difusión de la cultura y la historia de los pueblos europeos” (apartado 2), complementando de este modo las actuaciones que deben desarrollar prioritariamente los Estados miembros, de acuerdo con el art. 6 c) del mismo TFUE”.

LEER MÁS: El seguro de lucro cesante puede alcanzar al confinamiento por sus términos. Por Diego Fierro Rodríguez

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, carece de sentido establecer el derecho a la cultura como un derecho fundamental, pues el acceso a la cultura no es indispensable para las personas, al contrario que la vida, la libertad ideológica, la libertad de expresión o el derecho de reunión. Además, no habría forma de configurar un derecho por el que se pudiera exigir a los órganos judiciales el acceso a la cultura, cuando hay que reconocer que, gracias a internet, a las librerías, a los teatros, a los cines y a los museos, no es difícil acceder a la cultura.