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Por estas fechas recordamos que se cumplen los tres años que le gobierno de Pedro Sánchez decreto por segunda vez en la historia de nuestra democracia, un estado de alarma fue el 14 de marzo de 2020. Conviene recordar que la primera fue obra de José Luis Rodríguez Zapatero el 4 de diciembre de 2010 por una huelga de controladores áereos y que prácticamente no afectó a la población. Pero esta vez el PSOE, sin oposición por parte de ningún partido político ni agente social, fue más lejos, y lo que según ellos sería solo durante quince días, duró más de tres meses y se convirtió en una auténtica pesadilla para los españoles.
Al amparo del artículo 116.2 de la Constitución, el gobierno decreto un estado de alarma que, conviene recordarlo, limitaba la libre circulación de las personas, suspendió la enseñanza o la actividad laboral de una buena parte de la ciudadanía. Durante todo este tipo, se dejaron morir a miles de conciudadanos en las residencias de ancianos, cada autonomía hizo y deshizo en el summum de la absurdidad de leyes sin sentido, hasta el punto de traspasar a las autonomías la gestión de toques de queda!!! Según el Gobierno, en ningún caso se vulneraron derechos fundamentales, pero lo cierto es que si se vulneraron, y no solo en las residencias, también manteniendo encerrados a niños, impidiendo las visitas entre familiares o despedirse de los seres queridos fallecidos. Es, desde mi punto de vista, la época más negra en cuanto a derechos fundamentales que ha vivido la España democrática: imposibilidad de asistir detenidos de forma presencial, policías buscando con ahínco quien se saltaba el toque de queda o no llevaba la preceptiva mascarilla…y, lo más preocupante, todos los operadores jurídicos y la sociedad civil lo asumió con total normalidad, salvo honrosas excepciones.
El Gobierno optó por un estado de alarma, ya que la declaración de un estado de excepción hubiese sido muchísimo más duro y requería de la autorización del Congreso de los Diputados. La salvajada fue de tal magnitud que incluso el Tribunal Constitucional declaró anticonstitucional los diferentes estados de alarma, ya que, para obligar a un confinamiento total, se hubiese tenido que proclamar un estado de excepción.
Con la perspectiva del tiempo uno se pregunta ¿Cuál fue el motivo de imponer diversos estados de alarma? ¿por qué se hizo caso omiso al Tribunal Constitucional? ¿por qué cada vez se fue hacia medidas más duras y restrictivas? Solo se me ocurre una respuesta: el miedo y la posibilidad de hacer lo que viniese en gana. Miedo que se generó por parte de los medios de comunicación que repetían a pies juntillas, totalmente comprados por publicidad institucional, las notas de prensa gubernamentales. Presidentes autonómicos que se creyeron con el poder absoluto de hacer lo que les viniera en gana en sus respectivas autonomías, más que nunca sus pequeños reinos de taifas ¿Era absolutamente necesario? Si para sus intereses, no para la ciudadanía. Prueba de ello es que España fue de los países con más restricciones estos años, mientras el resto del mundo occidental no era así. No en vano, seguimos con la obligatoriedad de mascarillas en centros médicos sin tener NINGUNA base científica para ello, solo por el hecho de recordar, quien ostenta el poder.
Durante estos años se han batido, a nivel nacional, autonómico y local, récords en cuanto procedimientos de contratación de urgencia de todo tipo de enseres y servicios que luego han resultado totalmente prescindibles.
No voy a entrar, Dios me libre, en juzgar ningún caso médico, solo me centro en los derechos fundamentales y estos han sido pisoteados y lo volverán a ser en cuanto les interese. Ya no solo por loe estados de alarma, si no por todas las aberraciones jurídicas que se consintieron: odio a los no vacunados, pasaportes COVID para entrar en un bar o en un gimnasio, vulneración del derecho de reunión, allanamiento de morada…Lo sucedido es el sueño de cualquier gobernante: poder hacer lo que le venga en gana con los recursos públicos, cambiar el día a día de los ciudadanos, e intentar quedar como un héroe, mientras, la ciudadanía aún se duele de las heridas. A saber: cifras de suicido como nunca vistas en la historia de España, descenso de la creación de empleo y empresas, incremento de la morosidad, retrasos judiciales y de intervenciones médicas, obligación de cita previa, práctica eliminación de dinero en efectivo, imposibilidad de investigar lo sucedido en las residencias…
Lo más preocupante, insisto, es el silencio cómplice, como si no hubiese pasado nada, pero con la convicción de que en cuanto al poder le interese, los derechos volverán a desaparecer… ¿responderemos igual?
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