05/10/2024 23:31
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Las consecuencias del estado de alarma derivado de la Covid-19 y la incierta “nueva normalidad” están desatando una emergencia sociolaboral sin precedentes. 
 
La economía española, en el umbral de la recesión, dispara la incertidumbre y deja en situación de extrema vulnerabilidad a las personas que tradicionalmente han encontrado más dificultades de acceso al mercado laboral: con discapacidad, mayores de 55 años desempleados de larga duración, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas y/o víctimas de la violencia de género y otras personas en riesgo de exclusión social).
 
“Si no se acometen medidas urgentes, se desatará una hecatombe laboral que cronificará la exclusión social de los más vulnerables. El desplome del turismo anticipa un impacto de dimensiones desconocidas sobre el empleo, siendo un sector transversal que arrastra en su caída a otras áreas estratégicas como la hostelería, el transporte o el ocio, y que deja en una situación crítica a las personas que ya se encontraban en riesgo de exclusión antes de la pandemia.
 
Asimismo, “resulta fundamental despejar el futuro de los ERTEs a través de medidas adaptadas a cada sector, evitando que culminen en despido y que originen, a su vez, nuevas bolsas de pobreza y exclusión en España”- señala el directivo.
 
El VIII Informe sobre exclusión social presentado por la Fundación Foessa el pasado año cifraba en seis millones las personas en condiciones de vulnerabilidad que podrían dar el paso definitivo a la exclusión social, en caso de producirse un empeoramiento de la economía.  Y aunque las dimensiones de la oleada de pobreza que se viene son aún difíciles de calcular, parece que este fatal pronóstico podría cumplirse.
 
En otras palabras, esos seis millones de personas podrían sumarse a los 8,5 millones ciudadanos en situación de exclusión que ya se contabilizaban en la era pre Covid-19. Con todo ello, el número de residentes en España en situación de exclusión social se elevaría a los 14,5 millones o, lo que es lo mismo, alcanzaría al 31% de la población, frente al 18,4% actual. 
 
Queda patente la situación de desigualdad de la que parten las personas con discapacidad, que se ve agravada ante coyunturas difíciles como la que hoy atravesamos. No en vano, las consecuencias del coronavirus no se han hecho esperar y en el primer semestre del año se ha producido el primer descenso en la contratación de personas con discapacidad desde el año 2012: entre enero y junio han firmado 38.176 contratos, un 34,7% menos que en el mismo periodo de 2019. Esta caída es, además, superior a la registrada en la contratación de la población a nivel general, que ha sido del 33,6%.
 
“Nos preocupa que la pandemia marque un punto de inflexión y se perpetúe esta tendencia negativa, produciéndose un retroceso en la igualdad de oportunidades y en la inclusión social y laboral que las personas con discapacidad habían ido alcanzando durante los últimos años. Ahora es el momento de ser consecuentes con la Agenda 2030 y no dejarles atrás en la superación de esta crisis, siendo el empleo la única alternativa”, destaca Mesonero.
 
LA PÉRDIDA DE EMPLEO EN LOS MAYORES DE 55  
Los profesionales mayores de 55 años han perdido 73.500 empleos durante el segundo trimestre de 2020, en un periodo en el que el número de ocupados suele crecer debido a la campaña de contratación estival, pero que este año ha invertido su tendencia por la pandemia (en el mismo periodo del año pasado los mayores de 55 años ganaron 92.200 empleos).
 
 “A diferencia de otras personas que se han quedado sin trabajo, los mayores de 55 años se enfrentan a situaciones de extrema complejidad: se truncan sus cotizaciones en un momento clave y su desempleo tiende a cronificarse, lo que deriva en situaciones de pobreza y exclusión social”, destaca Mesonero.
 
En este sentido y. a pesar del protagonismo creciente de los senior como fuerza laboral (representan el 15% de los desempleados frente al 8% de 2010), sus dificultades de acceso al mercado siguen siendo mayúsculas. Una realidad que se ve irrevocablemente reflejada en el paro de larga duración: un 61,7% de los desempleados mayores de 55 años supera el año sin trabajo y la mayoría de ellos (49%) lleva más de 2 años sin encontrar empleo. Esta cifra se reduce en 20,2 puntos porcentuales entre el resto de la población, alcanzando el 41,5%.
 
Detrás de estas cifras se encuentran dos grandes barreras: una desactualización de competencias entre los senior y, sobre todo, prejuicios y estereotipos empresariales que frenan su contratación, abocándoles al paro estructural.
 
Según Mesonero, «estando los desempleados mayores de 55 años especialmente expuestos a la cronificación del desempleo, podrán dar el paso definitivo a la inactividad, ante la falta de expectativas y dificultades de acceso a un mercado laboral herido por la Covid-19.  Ello acarrea un importante riesgo, en un contexto de récord de envejecimiento en España, en el que la fuerza laboral senior es clave para la competitividad del país”.
 
La Fundación Adecco ha activado el proyecto #EmergenciaPorElEmpleo de los más vulnerables, para impactar en las unidades familiares más frágiles, apelando al compromiso de las empresas para ayudar a 10.000 personas cuyos hogares se encuentran en grave riesgo de exclusión y que se han visto especialmente afectados por las consecuencias económicas de la Covid-19. 
 
Frente a otras personas que han perdido su trabajo con la pandemia, los beneficiarios de la Fundación Adecco –personas con discapacidad, mayores de 45 años desempleados de larga duración, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas y/o víctimas de la violencia de género y otras personas en riesgo de exclusión–necesitan una media de 12 meses para encontrar oportunidades reales de trabajo, en la medida en que afrontan situaciones de extrema complejidad: desempleo de muy larga duración, agotamiento de todas las prestaciones o nivel formativo y socioeconómico muy bajo. 
 
Para canalizar estas necesidades, el proyecto #EmergenciaPorElEmpleo hace un llamamiento a las empresas para que se comprometan con la inclusión laboral de las personas más vulnerables, siendo el empleo el mejor proyecto social para desarrollar: “Ahora más que nunca, el papel de las empresas es crucial para que la exclusión y la pobreza no se enquisten en nuestro país. La demanda de empleo está aumentando de forma exponencial y generará una competencia sin precedentes; una situación que podría dejar fuera a los más vulnerables. La única alternativa para frenar la desigualdad y la brecha social es la construcción de alianzas estratégicas que den respuesta al creciente número de desempleados en riesgo de exclusión”, destaca Mesonero.
 
Asimismo, la Fundación Adecco recuerda el importante papel del Estado para liderar, promover e impulsar programas de inserción sociolaboral y políticas activas de empleo que den respuesta al creciente número de desempleados en riesgo de exclusión que se prevén en los próximos meses. “La colaboración público-privada será la llave para aliviar la presión sobre los Servicios Públicos de Empleo y poder atender de forma personalizada a los parados con más dificultades”, concluye Mesonero.

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REDACCIÓN