Pandemia y responsabilidades graves, por Ernesto Ladrón de Guevara

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La actuación de este Gobierno desde que se constituyó, con la crisis pandémica en mitad del proceso, está plagada de múltiples irregularidades y presuntos elementos que hacen suponer que en cualquier país con un Estado de Derecho sólido y con independencia real de poderes, no podría pasar desapercibido a los contrapesos judiciales y políticos.

Son tantas las supuestas causas que motivarían diferentes procesos judiciales, tanto en el ámbito ordinario como en el constitucional, que es más que sorprendente que la fiscalía no haya actuado de oficio, lo que no es de extrañar si contemplamos el simple hecho de que se haya nombrado una fiscal general desprovista de todos los elementos de imparcialidad política y de neutralidad ideológica, cuestión fundamental para ejercer esa transcendental función desde un escenario que no induzca sospechas de utilización bastarda. Tampoco es de extrañar este extremo, ya que los socialistas siempre han actuado poniendo pasarelas desde el poder político, es decir, desde el Legislativo al Judicial. Ahí está el caso de los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, en el que la mano de los partidos políticos ha estado muy presente desde que se adulteró su sentido originario.

Por eso no es de esperar que una instancia como la Fiscalía, que se entiende, como ocurre en los EEUU, que es la que ejerce en nombre del pueblo, en ese caso el americano, no lo haga en nombre de la Nación sino del Gobierno; al igual que la Abogacía del Estado, que es del Estado y no del Gobierno. Entendiendo que el Estado es más que el Gobierno. No se entiende de otra forma que la que fue ministro bajo el manto socialista haya sido nombrada como herramienta de control de la Fiscalía, privándole de sus principales atributos, entre otros el de actuar contra el Ejecutivo si éste comete actos fraglantes contra el Estado de Derecho. Lo mismo podría ser entendido respecto a un Tribunal Constitucional que se precie como tal, que debería actuar de oficio contra actuaciones evidentes de conculcación de derechos fundamentales y libertades públicas contemplados en la Constitución Española. Eso, al menos es lo exigible en un verdadero Estado democrático.

Es por ello que ni se les nota ni se les espera.

El Gobierno actúa de facto como un poder omnímodo, sin apenas limitaciones efectivas desde el Poder Legislativo, comprando voluntades de grupos políticos que no cumplen su función fiscalizadora, y actuando sin ningún recelo ni pudor, bien utilizando el dinero público para condicionar la libertad informativa, o logrando bloqueando la acción parlamentaria (cuestión ya corregida en parte); u otras decisiones trasladadas al BOE.

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Ejemplos hay más de los que caben en los dedos de las dos manos. Veamos algunos: Una eugenesia por la vía de los hechos sin ley de eutanasia debatida previamente. Un proyecto legislativo como es la Ley de Educación de la ministra Celáa cursada en una situación de excepcionalidad y por la puerta de atrás. Una serie de actos legislativos mediante órdenes ministeriales y reales decretos sin que sepamos si el Rey las ha ratificado. La conducción del rebaño de la masa recluida en sus casas hacia un Nuevo Orden Mundial cumpliendo la encomienda del rey Soros. Coerción de la libre crítica y censura de actos gubernativos utilizando al generalato de un cuerpo policial de un prestigio inigualable como es la Guardia Civil, que, por cierto, ha supuesto, ante la avalancha de críticas y de haber quedado al descubierto, su retirada en sucesivas convocatorias de prensa donde ya no se ve ningún uniforme policial ni militar, como debe ser en un Estado democrático y libre. Por no añadir sospechosas actuaciones en la compra de material sanitario. Etc.

Y a todo esto se añade que nada menos un vicepresidpente del Gobierno, claro líder comunista, como él mismo reconoce, se permite insultar de forma inequívoca e impune en sede parlamentaria a los representantes de una opción parlamentaria, recordándonos escenas del pasado en las que también en sede parlamentaria se amenazó de muerte a líderes conservadores a quienes o se ejecutó o se intentó sin suerte.

Son demasiadas cosas para pensar que estamos en un cambio de régimen realizado por procedimientos anómalos y aprovechando una pandemia que debería ser el asunto de emergencia único a abordar, y también sus consecuencias de diferente orden sobre la población.

Entre todos los asuntos adquiere tintes dramáticos y realmente alarmantes lo que ha ocurrido en las residencias de ancianos, donde han fallecido, excluidos de las atenciones hospitalarias, miles de personas que han dedicado su vida a sacar a este país de situaciones agónicas pasadas. Esa dejación de obligaciones cuyos tintes hacen pensar en la necesidad de acciones penales contra sus responsables, a mí me indica que hay algo más que una presunta negligencia temeraria con efecto homicida. Sobre todo cuando de forma explícita han existido expresiones de voluntad para relegar a ese tramo de población en las atenciones de emergencia vital, creando de facto una desigualdad y discriminación con resultado de muerte.

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Este asunto es tan grave que requiere una atención específica y una focalización de la acción ante los tribunales para depurar responsabilidades o acciones penales, en su caso.

Pero, sinceramente, yo no tengo fe de que la Justicia haga acto de presencia, sencillamente porque mucho me temo que lo que vamos a ver en lo sucesivo es una toma del poder con tintes totalitarios, bajo la apariencia de control parlamentario, si es que no se ha producido ya.

Solamente un partido político, que es Vox, ha sido coherente con su postura incriminatoria. Los demás han jugado con sus palabras dando la apariencia de responsabilidad, sin hacer nada para frenar a dos partidos políticos que nos gobiernan como un pastor a sus ovejas, haciendo que sus críticas al gobierno suenen a voces cínicas, hipócritas.

No se trata tanto de frenar la acción de gobierno sino de tomar sus riendas, obligandole a rectificar sus actuaciones fraudulentas. Sobre todo si es un Ejecutivo cuyo punto de mira no está en las necesidades del pueblo al cual dice representar, sino en sus intereses de perpetuación en el ejercicio despótico de la gestión pública. Si se me pide una muestra para avalar esa apreciación, tomemos como elemento de prueba las decisiones de modificación de los padrones municipales a través del BOE.

El partido Ciudadanos nos tendrá que explicar cual es la razón no explicitada por la que decidió apoyar a un Gobierno al que tanto ha criticado, más allá de beatíficas intenciones de ayudar en la gestión de la pandemia, todo hace sospechar que hay algo que no se nos cuenta.