PSOE y cadena perpetua. Por Filípides

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Cuando el romano Ovidio sintetizó la justicia retributiva en la sentencia: “Lex nec justior ulla est, quam necis artifices arte perire sua” –es decir, “no hay ley más justa que los asesinos perezcan asesinados”– no estaba sino afirmando un concepto de justicia natural aceptado socialmente en todas las culturas desde el origen de los tiempos. De hecho, aunque en nuestro ensimismamiento decadente sea incómodo de aceptar, las leyes que avalan la pena de muerte o la cadena perpetua, en tanto leyes, son un rasgo de civilización. Nos guste o no, la existencia de una norma legal, socialmente aceptada, elaborada y fijada por escrito, nos señala, precisamente, un grado de cultura y civilización. Y al contrario, donde imperan la arbitrariedad y la injusticia difícilmente podemos hablar de cultura ni de civilización. Burda y engañosa es la acusación de que las penas duras son injustas por “vengativas”. Y más ridícula aún la tesis de que una ley “vengativa” equivale a una presunta “ley de la selva”. Si nos atrevemos a pensarlo –por encima de los collarines y mordazas impuestos por la corrección política–, sucede exactamente lo contrario. Porque una ley no es justa o injusta por ser primitiva. Lo es o no, simplemente, si hace justicia con garantías. Pero eso ya lo saben los que tras la máscara “buenista” pretenden una sociedad sin ley y, por lo tanto, indefensa.

¿Acaso ignoran nuestros “piadosos” próceres que el mismo acto de regular la venganza por ley la limita? ¿Querrán hacernos creer que no saben que la ley fija por escrito su propio alcance? La pena referida por Ovidio contemplaba una venganza controlada, proporcionada al delito. Lo cual dista mucho de ser primitivo. Desde el código de Hammurabi (en el siglo XVIII a.C.) a la Ley del Talión hebrea: “ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie” (Antiguo Testamento, Éxodo 21:24); hasta el “blutrache” como principio del Derecho germánico, establecían una proporción entre el daño recibido y el que se permitía causar como justa retribución.

Por otra parte, pese a que algunos pretenden que una ley semejante sea no ya civilizada sino el summum de la barbarie, cabe recordar aquí las palabras de Aristóteles en su Moral: “Y añado que, en ciertos casos […] si uno ha sacado un ojo a otro, no es justo contentarse con sacar un ojo al ofensor; porque es preciso que su castigo sea mayor conforme a la regla de proporción, puesto que el ofensor fue el primero que atacó y cometió el delito”. (Op. Cit., capítulo XXXI, “De la justicia”, Austral, Espasa-Calpe, Madrid, 1976, p. 62).

Sí, efectivamente, lo afirmaba el mismo Aristóteles que explicaba aquello de que la virtud se halla en el medio entre dos extremos: “El defecto y el exceso son lo contrario del término medio en que consiste la virtud” (Ibíd., capítulo IX, p. 39). Que no significa, por cierto, como pretenden los sofistas que invocan torcidamente la tesis del filósofo, carta blanca para nadar en la ambigüedad, la negación del bien y del mal, amarra o licencia para el relativismo moral. No. Muy lejos estaba Aristóteles de afirmar que fuese virtuoso el término medio entre lo justo y lo injusto.

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Cinco funciones tiene la pena: el castigo del delito; el resarcimiento de la víctima; disuadir a otros de cometer delitos; proteger a la sociedad evitando la reincidencia del condenado y, si es posible, la reinserción del criminal. Y ya sabemos a dónde conduce la inversión u olvido de estos propósitos.

Recientemente, el PSOE se ha opuesto en el Parlamento Europeo a que los crímenes de ETA sean considerados de lesa humanidad[1]. No puede sorprendernos. Es Fernando Grande-Marlasca el mismo ministro del mismo gobierno que ha concedido todos los beneficios penitenciarios a los etarras; el que ha acercado a los terroristas presos a la Comunidad Autónoma vasca y transferido a la misma las competencias sobre prisiones para que sean ellos quienes liberen a los asesinos. Es el ministro socialista del gobierno socialista que ha permitido los homenajes a etarras y la humillación de las víctimas. Son los mismos que votaron en contra de la ley europea que homologaba los crímenes comunistas con los nazis. Los mismos que votaron en contra de la directiva europea que instaba a enseñar dichos crímenes en las escuelas. Sí, los que han impedido que se cumpliese la Resolución 1481 del 25 de enero de 2006 del Consejo de Europa que instaba a emprender “campañas nacionales de sensibilización sobre los crímenes cometidos en nombre de la ideología comunista”, negándose también a obedecer la indicación europea para “la retirada de símbolos de los regímenes totalitarios en la esfera pública». Recuérdese aquí la votación todavía más reciente –el jueves 7 de abril– en contra de retirar un monumento en Fuenlabrada al general soviético Umar Mamsurov “Xanti” en homenaje a las estalinistas Brigadas Internacionales. No olvidemos tampoco los monumentos y las calles aún dedicadas a los criminales dirigentes socialistas Francisco Largo Caballero[2], Indalecio Prieto[3], Pablo Iglesias[4], Santiago Carrillo[5] o Dolores Ibárruri. Aquella ciudadana “ejemplar” que, como refieren Salvador de Madariaga y José Tarradellas, el 16 de junio de 1936 sentenció al diputado José Calvo Sotelo tras su intervención parlamentaria: “Ese hombre ha pronunciado su último discurso”, predijo entonces, apenas un mes antes de su asesinato. La misma capaz de justificar aquel crimen y otros muchos por parte de sus correligionarios: “[…] es preferible condenar a cien inocentes antes que el culpable pueda ser absuelto” (Mundo Obrero, 12 de agosto de 1937).

Recordemos las calles que conmemoran al asesino comunista Che Guevara en Fuenlabrada, Valladolid o Rivas-Vaciamadrid –donde incluso da nombre a un centro juvenil–. O el memorial a las Brigadas Internacionales, sin ir más lejos, en la Ciudad Universitaria de Madrid.

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Son los mismos, en fin, que rechazaron el jueves 18 de marzo de 2021 que el Congreso de los Diputados equiparase el totalitarismo comunista con el nazi, negándose a asumir la resolución 2819 del Parlamento Europeo del 19 de septiembre de 2019.

Es el PSOE que recurrió ante el Tribunal Constitucional la ley de prisión permanente revisable. Es el PSOE socio de la ETA en el Parlamento Español.

Con todo, pese a la labor anestésica y cómplice de los medios de comunicación, hay cosas que no se pueden tapar demasiado tiempo. Y la sociedad española no puede tragar todo siempre. Muy recientemente –el 29 de marzo– todavía los comunistas de Podemos se opusieron en el Parlamento al endurecimiento de la ley de prisión permanente revisable. Sin embargo, el PSOE ya no se arriesgó a votar en contra de su tramitación.

Llegará un día en que ese partido de canallas, asesinos y ladrones no podrá seguir tapando sus crímenes. Entonces, España será libre.

[1] [1] Fernando Lázaro, “El PSOE se opone a que los crímenes de ETA sean considerados de lesa humanidad” El Mundo, 15 de Marzo de 2022.

[2] [2] “Tenemos que luchar, como sea, hasta que en las torres y en los edificios oficiales ondee no la bandera tricolor de una República burguesa, sino la bandera roja de la Revolución Socialista”. El Socialista, 9 de noviembre de 1933.

“La clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo, y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la Revolución”. Mitin en Linares, 20 de enero de 1936.

[3] [3] El 4 de julio de 1934 Indalecio Prieto sacó su pistola en el Congreso y amenazó con ella al diputado de la CEDA Jaime Oriol.

[4] [4] El 7 de julio de 1910 Pablo Iglesias Posse amenazó en el Parlamento al líder conservador Antonio Maura: “Hemos llegado al extremo de considerar que, antes que su señoría suba al Poder, debemos llegar hasta el atentado personal”. El 22 de julio Maura sufrió un atentado, siendo herido en una pierna y un brazo.

[5] [5] Responsable de “Orden Público” de la Junta de Defensa de Madrid, fue uno de los responsables de los fusilamientos de Paracuellos del Jarama entre noviembre y diciembre de 1936.