España necesita mirar al franquismo y no al globalismo para mantener las pensiones. Por José Miguel Pérez

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España se enfrenta a un proceso de auto inmolación recibiendo toneladas de inmigrantes ilegales: más de 25.000 llegados a las islas Canarias, a los que hay que sumar aquellos llegados al litoral de Levante y a las ciudades de Ceuta y Melilla. Desde que comenzó el año 2020 podemos estar hablando, sin duda alguna, de aproximadamente 100.000 ilegales entrados a España. 7000 de ellos –al menos- están habitando hoteles canarios a razón de 49 euros de manutención completa sufragada por el contribuyente español.

La cifra de ilegales no puede ser más terrible. Contrasta con la política que en 2018 impuso en Italia el patriota Matteo Salvini desde la Vicepresidencia y el Ministerio del interior y que, consistiendo en el bloqueo de las rutas migratorias ilegales, en el veto a las ONG compinchadas con las mafias africanas de tráfico de personas y en el cierre de los puertos a los “barquitos solidarios” oenegetas, supuso reducir en tres cuartas partes el número de ilegales llegados a las costas italianas respecto al año anterior. Italia pasó de 120.000 ilegales llegados en 2017, a 30.000 en 2018 gracias a las políticas de Salvini. Los efectos sociales de paz, orden público y seguridad ciudadana no tardaron en hacerse notar.

España ha reemplazado desde 2018 a Italia como puerto receptor masivo de ilegales africanos, y Canarias va camino de convertirse en un inmenso campo de hacinamiento lampedusiano de los que vienen desde África no con un pan bajo el brazo, pero sí con pasaporte, euros ahorrados y un excelente estado de forma física para componer el ejército de sustitución demográfica y cultural que reemplazará a nuestra maltrecha ancianidad y destruirá, todavía más, la posibilidad de fomentar la natalidad autóctona española.

El esquema a que se enfrenta España es siniestro, pero no es casual ni espontáneo. Desde el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez se anuncia la necesidad de aceptar 250.000 inmigrantes anuales “para mantener las pensiones”. ¿Una locura de un gobierno apátrida y borracho de extinguir la cultura y la identidad cristiana? Por supuesto, pero no sólo eso: es un Plan económico global implementado por toda la élite supranacional, desde la ONU y su “Agenda 2030” que patrocina el movimiento masivo de mil millones de seres humanos como consecuencia del falso catastrofismo climático hasta el Fondo Monetario Internacional que en sus informes sobre la Seguridad Social en España estima que nuestro país necesitará “más de 5.000.000 de inmigrantes hasta 2050”.

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La plena convergencia del gobierno español con las élites que regentan la arquitectura financiera globalista nos mete en un laberinto que yugula la soberanía territorial y económica de España, pues el poder está regentado por partidos políticos que están uncidos al becerro de oro consagrado en las cuentas del IBEX 35 o de Silicon Valey. El gobierno español con su agenda globalista no hace más que cumplir con el guión del FMI y con la imposición siniestra de una Agenda de políticas internacionales bautizada como “agenda 2030” que sin constituir un Tratado internacional, ni una norma jurídica de derecho interno ni haber sido refrendada por pueblo alguno de entre los 193 Estados de la ONU, es aplicada con mano de hierro por los partidos buenistas de corte liberal o socialista.

Con la menor tasa de natalidad de la Unión europea –un índice de fertilidad de 1.1 hijos/mujer española-, España se adentra en la receta maligna, perniciosa, fracasada y tramposa del cuento de los “paga pensiones”. Un mercancía falsaria y averiada que se rompe por todos los costados. Primero porque por cada 30 inmigrantes radicados en España, sólo 10 trabajan y cotizan y el resto son mantenidos con sanidad universal, educación gratuita y subsidios permanentes. Segundo porque los que trabajan, generalmente lo hacen en labores de escasa cualificación, sin contratos estables y con más del doble de tasa de paro que los españoles; su contribución al mantenimiento de las pensiones españolas es nula o insignificante. Tercero porque detraen más recursos públicos al erario de los que aportan al recibir sinuosas “rentas de inserción” permanentes y también, y en miles de casos, el actual “ingreso mínimo vital” que eleva los subsidios que hasta ahora muchos percibían. Cuarto, por los problemas de orden público y gastos carcelarios que originan: son inmigrantes el 80 por cien de componentes de las “manadas” de violadores –ésas silenciadas en los grandes medios- que desde 2018 han azotado España.
Los datos están en las hemerotecas, en las cifras dadas por los servicios de la policía nacional y en la propia Seguridad Social.

La invasión migratoria de las pateras y la genuflexión ante el ejército de mano de obra barata anhelado por las empresas maridadas con el poder político para destruir los salarios de los españoles, comenzó en los finales años 90 y principios de los 2000. La ONU lanzó entonces la advertencia global y altisonante de que la Unión europea necesitaba “150 millones de inmigrantes” en las próximas décadas para sostener el Estado de bienestar. No se puede decir que Francia, Alemania, Reino Unido o España no se hayan aplicado el cuento. ¿Están, entonces, el “bienestar social” y las pensiones, salvados? Más bien al contrario: cada vez más destruidos.

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La receta para salvar nuestra sociedad no viene de instituciones internacionales sumisas a las agendas de las grandes corporaciones financieras y tecnológicas del gran capitalismo rapiñero; viene de las lecciones que nos da la propia historia de España. ¿Cómo logró nuestra nación sostener un sistema solidario de pensiones para la ancianidad y la jubilación, de creciente carácter boyante y sostenible sin agujeros ni rémoras? El hito lo protagonizaron las políticas sociales de los gobiernos franquistas de años 50, 60 y 70, y se basó en estimular la natalidad con salarios obreros de cada vez mayor poder adquisitivo, con la vivienda garantizada como derecho social inalienable y con las amplias ayudas a la natalidad encarnadas en las pagas por beneficios a los trabajadores, en los “puntos” familiares como retribución complementaria al sueldo y en la atmósfera social de salubridad pública total donde el matrimonio era una institución admirada y culturalmente aplaudida.

España no necesita globalismo, ni inmigrantes, ni cuentos de “paga pensiones”, ni órganos internacionales que le pongan los deberes. Necesita mirar a su pasado reciente para aprender del ejemplo que a buen seguro en el presente le restituiría la paz, la natalidad, el progreso, las pensiones y la justicia social que perdimos cuando nos entregamos a los politicastros vendepatrias del duopolio partidista y su sumisión a los poderes extranjeros.