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Antecedentes republicanos
En los años treinta, la provincia de Alicante era una demarcación provincial con una influencia notable del republicanismo burgués, de carácter más bien elitista y masónico. De esta provincia era natural el que sería Director General de Seguridad en la primavera de 1936 durante el gobierno del Frente Popular: José Alonso Mallol. Un personaje que guarda cierto paralelismo con algunos aventureros que pululan por la política actual, no en vano había sido un vendedor de máquinas de escribir con algún problema financiero en el pasado, quien llegada la República se enrolaría en las filas izquierdistas alicantinas, llegando a ser candidato electoral por el partido radical socialista en 1933 y presidente del consejo provincial de Izquierda Republicana meses más tarde. Pues bien: desde la perspectiva política que nos llevó a la guerra civil, hemos de decir que Alonso Mallol tuvo bastante que ver con el encubrimiento de los asesinos del diputado Calvo Sotelo y con el traslado de Primo de Rivera (antiguo parlamentario) a la cárcel de Alicante en junio de aquel fatídico año, tras hablar ante el Tribunal Supremo, defendiendo la legalidad de su partido político, que admitiría sin solución de continuidad el insigne tribunal. Otro personaje republicano muy conocido en la provincia fue Lorenzo Carbonell Santa Cruz, quien fuera alcalde de la ciudad de Alicante en la época republicana, también miembro del partido radical-socialista y rotario. Don Lorenzo fue un personaje polémico, dotado de una tremenda incontinencia verbal hasta el punto que le llevaría a proclamar ante las elecciones generales de 1936, según el Servicio de Información Militar, la siguiente frase estremecedora: “habría que cortar la cabeza a todos los que intentasen votar a las derechas”…
No obstante, con el fracaso del alzamiento militar en la provincia alicantina y el subsiguiente triunfo de las masas que seguían al Frente Popular, el poder y la violencia pasarían de facto a las siguientes formaciones políticas: PSOE, PCE, FAI, UGT y CNT.
El Terror
En 1943, la Causa General de la provincia fijaba en 1168 el número de alicantinos asesinados por el terror rojo. Por entonces, los cadáveres recogidos en la provincia sumaban 892 y las personas desaparecidas, 98; mientras que los muertos fuera de la jurisdicción provincial eran 178, en conformidad con dicha estadística oficial. Curiosamente, no se engloba en dicho cómputo aquellos enterrados formalmente, tras ejecutarse la pena capital recaída en un juicio sumario sustanciado ante un tribunal popular o militar, y que no fueron exhumados tras la terminación de la guerra; cuyo número desconocemos. Tampoco parece incluirse en dicho cómputo los enterrados, cuyos restos no fueron reclamados por sus parientes, ni siquiera los desconocidos inhumados, habida cuenta la publicación de la orden de 1940 sobre la protección de los cementerios eventuales en el boletín del obispado de Orihuela. En consecuencia, los muertos reales por la furia roja se sitúan entre los 990 y los 1571 fallecidos, cifra esta última fijada por el general Salas Larrazábal en 1977, atendiendo a las anotaciones practicadas en los registros civiles hasta 1950.
En cualquier caso, el cómputo de religiosos ajusticiados en la provincia alcanza las 114 víctimas (entre ellas, 54 miembros del clero secular de la diócesis de Orihuela), distribuyéndose los mártires del siguiente modo: 97 sacerdotes y 17 miembros de órdenes religiosas.
Las iglesias completamente destruidas por los izquierdistas durante la contienda suman en el obispado de Orihuela un total de 25 templos, siendo casi todas las restantes afectados por las acciones bárbaras de las hordas rojas. De hecho, los daños totales causados a esta diócesis superan los dieciocho millones de pesetas del año 1941, según valoración episcopal confeccionada al efecto. Mientras, en el territorio alicantino regido por la diócesis de Valencia, los daños irrogados a las propiedades eclesiásticas llegaban incluso a una cifra más astronómica para la época: exactamente, 40.547.250 pesetas. Por ende, ha de mencionarse, entre otros edificios religiosos, las destrucciones de las iglesias de las parroquias de San Juan Bautista y San Francisco y los graves atentados sufridos por las monumentales concatedral de San Nicolás de Bari y la iglesia de la parroquia de Santa María, todas sitas en la capital alicantina, así como la devastación de la iglesia arciprestal de Santa María de Alcoy, todo un monumento del siglo XVII.
En cuanto a la propiedad privada, las autoridades toleraron la sustracción de 1.439.516 pesetas de la época, en joyas, alhajas y objetos de diversas entidades bancarias, así como la apropiación del oro depositado en diferentes bancos, cuyo valor ascendía a 1.137.982 pesetas. Por lo demás, colectivos y centrales sindicales se incautaron de inmuebles e industrias (calzado, metalúrgicas, cerámicas, madera, papel, alimentación, etc.,), desplazando a sus propietarios o asesinándolos, controlando también el pequeño comercio por medio de empleados afiliados a los sindicatos izquierdistas, constituyendo los denominados “consejos de obreros”, generándose daños millonarios. La agricultura también fue intervenida, produciéndose igualmente pérdidas de consideración, al decretarse incautaciones y colectivizaciones por los comités locales como represalia contra las personas de orden.
En lo que respecta al patrimonio histórico-artístico, lo habitual fue la destrucción de todo aquello cuyo valor era ignorado por la milicianada, apropiándose, en cambio, de los objetos conocidos de gran valor, incluyendo hasta colecciones de la enciclopedia Espasa. De hecho, desaparecieron obras escultóricas del insigne Salcillo, pinturas notables y diverso material histórico depositado en templos, museos arqueológicos, archivos y bibliotecas, como fue el caso de los objetos medievales que conservaba la iglesia Monóvar, también destruida, o las preciosas imágenes, retablos y alhajas de los templos de Ibi.
Pues bien: el número de víctimas de la provincia no es muy grande, en comparación con lo ocurrido en otras provincias vecinas, si bien la persecución no por ello dejo de ser feroz, habida cuenta que en ese trágico inventario se incluyen hasta asesinatos de niños y mujeres indefensas… No en vano, los juicios sustanciados por los tribunales populares se organizarían en la capital alicantina, coincidiendo con el enjuiciamiento de José Antonio Primo de Rivera. Y es que el procesamiento de la familia Primo de Rivera fue un simulacro procesal para enmascarar ante la opinión pública internacional la cruel represión desencadenada contra los disidentes en el territorio republicano. Primo había tenido contacto estrecho con los conjurados del alzamiento, pero no había podido sublevarse pues estaba preso desde marzo… Y es que para rebelarse, era menester, en conformidad con el Código de Justicia Militar, el alzarse en armas, por lo que la conducta de José Antonio no podía ser catalogada como delito de rebelión, desde una perspectiva técnico-jurídica. Pero la legalidad era lo de menos en aquellos difíciles instantes: lo perentorio eran las necesidades político-militares; y la muerte de marqués de Estella estaba decidida de antemano, a los efectos de desmoralizar al bando contrario y a sus simpatizantes, habida cuenta los miles de soldados que se enrolaban por momentos en las filas azules. Una vez dictada la pena máxima en la sentencia, la represión izquierdista mostró su verdadero carácter: la ejecución de la sentencia se efectuó antes de que se discutiera el indulto en el consejo de ministros y el sacerdote que había confesado a Primo fue fusilado por no revelar el contenido de su última confesión, según razonaría la diócesis de Orihuela en un informe de 1941. No en vano, el administrador apostólico de la diócesis –la máxima autoridad eclesiástica- sería asesinado en la noche del 30 de noviembre, junto con otras dignidades diocesanas, sin necesidad de comparecer ante tribunal alguno, pese a llevar solamente un año al frente de la diócesis alicantina.
Pues bien: unos de los primeros procesos fueron los incoados contra más de setenta vecinos de Callosa de Segura, Rafal y Crevillente, acusados todos de intentar liberar a Primo de Rivera: fueron dictadas 55 penas de muerte, omitiéndose que la mayoría de los reos ni siquiera eran directivos del compló y que, por tanto, no podían ser sancionados con la pena capital, en conformidad con las leyes marciales y de orden público de la época. La justicia había comenzado a brillar por su ausencia, no en vano serían condenadas a la última pena tres personas de Elche, pero las fuerzas frentepopulistas exigieron más dureza en las penas; y el proceso fue inmediatamente revisado, siendo sentenciados a muerte otros quince vecinos más por idénticos cargos, siendo ejecutados todos a principios de octubre. También de estas fechas son las condenas a muerte de dos de los fundadores de la Falange alicantina y las dictadas contra el general García Aldave y seis jefes y oficiales alicantinos, pese a haber tenido el primero una posición tibia a la hora de secundar el alzamiento militar de julio.
Con todo, no fue infrecuente la comisión de múltiples barbaridades dentro del territorio provincial: dos comandantes fueron linchados multitudinariamente en Alcoy el dos de agosto de 1936; el sacristán mayor de la concatedral alicantina fue asesinado por unos pistoleros de la FAI, tras robarle su dinero personal, al no hallar la codiciada imagen de la Virgen del Remedio, patrona de la ciudad; el párroco de Calpe fue asesinado tras extirparle en vida sus órganos genitales; al director de la compañía telefónica en Elche lo fusilaron los milicianos por oír misa…. El Servicio de Información del Ejército refiere a finales de la guerra algunas atrocidades cometidas en varias localidades de Alicante; a saber: cuatro hermanos, miembros de Derecha Regional Agraria, fueron detenidos con sus mujeres e hijos, siendo aquéllas violadas en presencia de los citados maridos, resultando a continuación todos asesinados y martirizados; otra familia de hermanos fue quemada en vida con gasolina; la señora Matilde Albert (casada con un escritor en lengua vernácula) fue violada y luego asesinada con amputación de sus pechos, etc.
La misma Causa General contiene en los inventarios de las diversas poblaciones referencias de cadáveres hallados con heridas en el cráneo y roturas de la masa encefálica, lo que indica fallecimientos por mor de palizas y objetos contundentes. No obstante, las vilezas más grandes de la provincia fueron el asesinato de cinco niños y el martirio sufrido por un chico de dieciocho años de edad –menor según la normativa-, vecino de la localidad de Ibi; se trataba del estudiante Vicente Pascual Valls, cuyo registro municipal en las diligencias oficiales refiere un episodio absolutamente terrorífico:
Heridas de cráneo por disparos de escopeta, y seccionado por mitad en sentido vertical con extracción de su corazón, el que fue devorado por sus asesinos…
El desafortunado pertenecía a la Falange, siendo amenazado en la cárcel para que revelara información; cosa que no hizo, lo que le costó el martirio, pues su muerte ya estaba decidida. Ni siquiera constituyó un hecho excepcional, pues también fueron asesinados cruelmente un obrero, un mecánico y otro menor de 17 años, todos falangistas de la misma localidad, apareciendo los cadáveres con disparos y señales de numerosas heridas; suicidándose en el municipio hasta un albañil de 57 años, militante de Derecha Regional Agraria, al tirarse al vacío por temor a ser detenido. Particularmente, se conocen los causantes de estas atrocidades tan silenciadas; así como sus responsables e inductores directos, entre ellos un agente republicano de información, capturado en Alicante en 1939, y dos vocales del comité revolucionario local, miembros del partido socialista y huidos al norte de África tras el fin de la contienda. Por lo demás, el canibalismo tampoco fue un suceso tan insólito en el devenir de la persecución izquierdista, pues conocemos sucesos similares en Aragón, Andalucía o Castilla-La Mancha. Lo que sí nos resulta extraño es el mutismo con que se han tratado estos episodios tan espeluznantes en algunas parcelas de la historiografía.
Foto: Causa General, accesible libremente por internet: pinchad en google: PARES; después escribid IBI y una vez dentro, encontraréis la imagen en la página 37 .
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