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Tan acostumbrados nos tienen ya que ni nos da tiempo a asimilar los despropósitos de este Gobierno, ni tampoco a reaccionar. Es una detrás de otra, desde la llegada al poder incumpliendo su palabra de no pactar con quien pactó y siguiendo con sus continuos desplantes al Congreso y a una oposición que tampoco acaba de aclararse a sí misma. Todo ello en una maldita espiral que parece desarrollarse obedeciendo a la conocida serie de Fibonacci, [1] de forma tal que los despropósitos van creciendo conforme pasa el tiempo. Unos despropósitos que, además, se adentran en el “non law land” [2] desde que comenzaron a tomarse medidas para contener la pandemia con una declaración tardía y de muy dudosa legalidad del estado de alarma. Tardía por cuanto ya es conocido que el Gobierno conocía desde mucho antes la gravedad y existencia de la pandemia y, no obstante, propició la manifestación del 8-M (y otros acontecimientos multitudinarios). Y de dudosa legalidad, porque comportaba una suspensión clara de derechos fundamentales, cosa que solo podría haberse hecho mediante un estado de excepción.[3]
Y ya metidos en la “non law land”, los despropósitos jurídicos se suceden, de forma atropellada, comenzando por los contratos (de más que dudosa legalidad) para la compra de material sanitario, mediante un procedimiento de emergencia “ad hoc” que no cumple con los requisitos mínimos de seriedad y publicidad, tal y como tuve ocasión de exponer en otro post.[4] Durante este estado de alarma, la inseguridad jurídica fue absoluta, desenvolviéndose en una especie de burbuja en la que se mezclan simple Ordenes Ministeriales con Reales Decretos leyes en una especie de “sopa de incertidumbres”, que ni el propio Gobierno supo nunca aclarar. Se nos ocultan las cifras de fallecidos y las de contagiados, se nos dice que están avaladas por un Comité de expertos (que luego resultó que ni siquiera existía), se habló cuando había que callar y se calló cuando había que dar explicaciones. O sea, se nos hizo vivir en la tierra del no-derecho, mientras el Gobierno iba acaparando más y más poder sin ninguna clase de control, ni por el Congreso ni por los Tribunales. La mayoría de los medios de comunicación eran la “voz de su amo” y la oposición andaba como “pato mareado”, con continuas disensiones entre ellos mismos (lo cual se ha ido incrementando gradualmente), permitiendo que el dúo Sanchez/Iglesias hiciera lo que le diese la gana.
En esta situación llegamos al final del estado de alarma, y el Presidente se dirige a los ciudadanos diciendo que la pandemia está vencida, que ahora toca disfrutar de la vida y …se larga de vacaciones, dejando una larga ristra de fallecidos sin reconocer y otra larga lista de empresas en quiebra (con sus empleados en las colas del paro). Nada de esto altera al dúo gobernante que se limita a declarar que a partir de ese momento todo quedaba en manos de las CCAA, desatendiéndose así de la crisis sanitaria y económica en la que seguíamos inmersos. A partir de aquí la situación de caos jurídico, económico y social se incrementa, porque cada Comunidad toma medidas diferentes, sin que el conjunto de ellas pueda evitar que la situación empeore, y nos metemos de lleno en lo que ha dado en llamarse la segunda ola. Se incrementan, día a día, las cifras de contagios y fallecimientos, con un Gobierno en actitud silente, ocupado en otros menesteres que poco o nada importan pero que se airean como grandes triunfos de una política “progresista”. Palabra mágica que nadie sabe bien a qué se refiere exactamente y, por eso mismo, se utiliza como el bálsamo de fierabrás.
Así estábamos cuando el Gobierno parece tomar el rábano por las hojas y hete aquí que acuerda declarar otro estado de alarma en todo el país, con dos peculiaridades muy preocupantes. La primera, que en el propio Real Decreto ya se prevé una prórroga nada menos que de seis meses (que acaba siendo aprobada por el Congreso), absolutamente contraria al espíritu de nuestra Constitución.[5] La segunda, que se trasladan a las CCAA las medidas a tomar en cada una de ellas, pero el Gobierno se reserva la facultad de revisarlas o sustituirlas por otras, en un ejercicio cínico de trasvase de la responsabilidad que puede resumirse en los siguientes términos: yo decido pero tú pechas con las responsabilidades. [6] Este es, en realidad, el verdadero sentido de eso que han dado en llamar la cogobernanza (puro eufemismo, tal y como ya puse de manifiesto en el post de la semana pasada).[7]
Y como la espiral de despropósitos no deja de crecer, ahora se nos anuncia un posible confinamiento domiciliario, utilizando el estado de alarma, a lo que viene a sumarse el Proyecto de Ley de Presupuestos con unas medidas que van a agravar muy severamente el gasto público, en contra de la dirección que han tomado la mayoría de los países de la UE (de quien dependen las ansiadas ayudas económicas). Pero vayamos por partes porque estos dos nuevos acontecimientos son lo suficientemente graves e importantes, en sí mismos, como para no meterlos en el mismo saco de despropósitos. Todo ello sin hablar (tiempo habrá para ello despacio) del impresentable plan de postración del castellano como lengua vehicular en la enseñanza [8] y el procedimiento de actuación contra la desinformación, recientemente aprobado por el Consejo de seguridad Nacional que es todo un atentado contra la libertad de expresión.[9]
Así, y por lo que se refiere a un posible confinamiento domiciliario hay algo que resulta claro hasta para el propio Gobierno. Y es que semejante medida no puede ser tomada por las CCAA, puesto que afecta, muy directamente, a la libertad de circulación, sobre lo cual solo el Gobierno (y mediante el instrumento jurídico adecuado) puede tomar semejante decisión. Pero es que, además, tampoco puede ser adoptado en el seno del actual estado de alarma, ya que el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, no contempla tal medida, sino otras como el confinamiento perimetral (no el domiciliario) y el llamado “toque de queda” (eufemísticamente, denominado por el artículo 5 del RD como “limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno”). Por consiguiente, si el Gobierno pretende imponer otro confinamiento domiciliario tendrá que acordar otro estado de alarma, ya que no resultaría jurídicamente admisible, “ampliar” el actual estado de alarma para incluir semejante medida. Y no resultaría admisible por cuanto que las medidas excepcionales que permite el estado de alarma son las que contiene el propio Real Decreto por el que se acuerda y no otras diferentes, tanto más cuando el estado de alarma ha sido ya objeto de una prórroga (absolutamente improcedente) aprobada por el Congreso. De modo que, si el Gobierno decide seguir adelante con semejante medida, tendríamos dos estados de alarma superpuestos, lo cual es suficientemente ilustrativo del estado de absoluto caos jurídico en el que estamos inmersos. Pero como de eso tiempo habrá para escribir con mayor información, dejo apuntado simplemente el tema pasando a la siguiente cuestión no menos importante.
Se trata de los nuevos Presupuestos (ya en sede parlamentaria) en donde parece que se va a incrementar el gasto público de forma muy notable, sin que exista medida alguna tendente al “adelgazamiento” del Sector Público, que ya se encuentra superpoblado. Tenemos unos 3.200.000 empleados públicos en España a los que deben agregarse los “cargos de confianza” y todas aquellas personas que viven de los Presupuestos del Estado (pensionistas y subsidiados), con lo cual la cifra anterior se vería notablemente incrementada, siendo muy superior a la de la población activa en el sector privado, que es quien genera la auténtica riqueza. Considerando, además que las cifras de cierre de empresas y personas en paro se incrementa a marchas forzadas (como consecuencia de las medidas para controlar la pandemia), el panorama puede resultar sencillamente escandaloso. Un escándalo que se agrava por la “alegría” y falta de pudor con la cual se designan a dedo nuevos cargos públicos, como puedan ser los amigos del Presidente, y su propia esposa (impartiendo seminarios en la Universidad sin tener siquiera titulación para ello).
Y ante el panorama anterior me pregunto ¿estamos volviéndonos todos locos acaso? ¿cómo se pueden tolerar semejantes despropósitos sin reaccionar? Porque con un Presidente cuya única finalidad es mantenerse en el poder y un Vicepresidente que pretende que nos dirijamos hacia un estado totalitario Chavista, poco lejos vamos a llegar. Decididamente, la situación es comparable al camarote de los hermanos Marx, en donde a base de meter y meter mas personas en el cuarto de los Presupuestos del Estado llegará un momento en el que alguien (quizás la propia UE) abra la puerta y salgan todos en tropel amontonados. La futura Ley de Presupuestos que sea aprobada en las Cortes nos dará la respuesta, pero poco tiempo nos queda para que todo lo conseguido en cuarenta años se nos vaya al traste, tanto en materia económica como en la certidumbre y seguridad jurídica que, solo el cumplimiento de las reglas que impone el Estado de Derecho, puede garantizarnos.
Con este triste panorama a la vista y sin perder la esperanza de que la cordura acabe por imponerse, tarde o temprano, me despido de todos con una oculta sonrisa etrusca porque, cada día sabemos más, pero entendemos menos de lo que está sucediendo. No conviene olvidar que las cosas no son justas por el hecho de ser decididas por quien tiene el poder, sino que deben ser decididas porque son justas (Secondat dixit)
[1] En matemáticas, la sucesión o serie de Fibonacci es una sucesión infinita de números naturales: (0, 1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , 21 , 34 , 55 , 89 , 144 , 233 , 377 , 610 , 987 , 1597 ..) en un secuencia tal que cada término es la suma de los dos anteriores. Leonardo Pisano, Leonardo de Pisa, o Leonardo Bigollo, también conocido como Fibonacci, nació en 1170 y murió en 1240.
[2] Respecto de esta expresión, me remito al post TIEMPO DEL NO DERECHO: EL «NON LAW LAND» que puede localizarse en el siguiente link: https://www.linkedin.com/pulse/tiempo-del-derecho-el-non-law-land-jose-luis-villar-ezcurra/
[3] Sobre esto, me remito, también a otro post (ESTADO DE ALARMA Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN) en donde se exponen los motivos jurídicos que permiten sostener lo dicho y que puede leerse en el siguiente link: https://www.linkedin.com/pulse/estado-de-alarma-y-libertad-expresi%C3%B3n-jose-luis-villar-ezcurra/
[4] Vid. EL MAL USO Y LOS ABUSOS EN LA CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA: PARA SALIR CORRIENDO Y NO PARAR … que puede consultarse en el siguiente link: https://www.linkedin.com/pulse/el-mal-uso-y-los-abusos-en-la-contrataci%C3%B3n-de-para-villar-ezcurra/
[5] Sobre esto me remito a lo dicho en el post DEL ESTADO DE DERECHO AL PODER ABSOLUTO que puede leerse en el siguiente link : https://www.linkedin.com/pulse/del-estado-de-derecho-al-poder-absoluto-jose-luis-villar-ezcurra/?published=t
[6] Ver sobre este punto el siguiente link: https://blogs.elconfidencial.com/espana/notebook/2020-11-05/gobierno-dos-falsedades_2819804/
[7] Una “cogobernanza” que persigue la “deconstrucción” del Estado, entendiendo por tal su fragmentación, forzando las normas y nuestra Constitución misma, al entregar a las CCAA la decisión de lo que debe hacerse o no hacerse en cada momento, mientras dure el estado de alarma. Me remito al post DEL ESTADO DE DERECHO AL PODER ABSOLUTO ya citado anteriormente.
[8] La propuesta de ERC, avalada por PSEO y Unidas Podemos, de suprimir el castellano como lengua vehicular en la enseñanza se puede dar de bruces con la doctrina del Tribunal Constitucional, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y algunas resoluciones del propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.Vid. entre otros, el siguiente link:
https://www.larazon.es/espana/20201104/phu4xgdt2fd5rb6xa2cnooges4.html
[9] Vid sobre este turbio asunto el siguiente link: https://www.elconfidencial.com/espana/2020-11-05/gobierno-monitorizara-campanas-desinformacion-ayuda-cni_2820328/. Esta disposición (bajo el título Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre, por la que se publica el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional) puede consultarse en el BOE de 5 de noviembre en el siguiente link: https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/05/pdfs/BOE-A-2020-13663.pdf
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