Bienvenidos al estado del malestar: así es la nueva realidad jurídica. Por José Luis Villar

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Ya estamos en condiciones de entender el auténtico significado de la nueva realidad que se nos anunciaba antes del verano, como si fuese un desiderátum al que todos quieren llegar cuanto antes. Ya estamos en ella (desde hace tiempo) pero quizás solo ahora nos damos cuenta de lo que realmente significa, desde muchos puntos de vista. Es una nueva realidad en tres dimensiones que lo abarca todo: nuestra economía y trabajo; nuestras relaciones sociales; nuestra salud física y mental y, también la forma de concebir el poder. Me voy a detener hoy en esto último porque es lo que atenta más gravemente al Estado de Derecho (o a lo que queda de él).

En castizo diríamos que el poder representa “tener la sartén por el mango” cuando este poder es absoluto y dicta lo que es legítimo a los demás, que también puede ser descrito con todo un catálogo de expresiones tales como, “ser el que corta el bacalao”, “ser el que maneja el cotarro” o «tener la parte del león«. Porque desde hace ya tiempo (antes incluso de la primera declaración del estado de alarma, el 14 de marzo pasado), el lema de este inefable gobierno, acunado por dos elementos de cuidado, consiste en hacer lo que le da la republicana (no real) gana. Ha encontrado la panacea en los estados de alarma y a fe mía que los está exprimiendo a fondo, al buscarse las más exóticas parejas de baile para lo que haga falta. Es el caso de ERC o Bildu que confiesan abiertamente tener la intención de destruir España a cambio de lo cual prestan sus Diputados al Gobierno que, a su vez ejercita el doble papel de oposición a sí mismo mediante las “salidas de pata de banco” de Iglesias, dejando el misterio de la Santísima Trinidad en un cuento para niños.

Lo peor de todo (y mira que lo anterior ya es malo) es que parece que nos estamos acostumbrando o resignando a esta forma despótica de ejercer el poder, lo cual me parece mucho más grave, porque no podemos permitirnos el lujo de que se silencien todas las bocas que denuncian los abusos que se están cometiendo. En el último de mis posts daba cuenta de algunos de estos abusos y desafueros, como los contenidos en la Ley de Presupuestos (con grave incremento del gasto público) o en la Ley de Educación (con la postergación del español como lengua vehicular, entre otras muchas cosas), así como el descaro con el que se miente a los propios Diputados y a los ciudadanos. Ahora le toca el turno a la “peculiar” forma de legislar que tiene este Gobierno, mediante disposiciones abigarradas, llenas de neologismos rimbombantes que nada real significan, pero que pretenden dar al ciudadano de a pie la sensación de que va a salir muy beneficiado (lo cual es abiertamente falso). Este es el caso del denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y del Proyecto de Real Decreto Ley en desarrollo del mismo, sobre el cual volveré a insistir más adelante.

Hago, no obstante, un paréntesis para poner de manifiesto que a los seres humanos nos diferencia de los animales la capacidad para pensar, aunque a veces esta capacidad nos sirva de muy poco cuando las utilizamos en beneficio propio sin importarnos demasiado los demás. Esto es lo que se conoce como la Ley del embudo, expresión acuñada popularmente para denunciar una injusticia surgida en alguna confrontación o disputa, en el que el más fuerte se queda con el lado ancho, mientras que el débil se queda con el estrecho, en clara referencia a la forma del embudo. Realmente, se trata de un criterio (más que de una ley) para describir una determinada forma de ejercer el poder, que pretende poner de manifiesto que tal criterio es contrario a los principios de igualdad ante la ley y de equidad. Y es que, como bien decía Fernando de Rojas, el autor de «La Celestina», hace cinco siglos: «Inicua es la ley que igual a todos no es» lo cual tiene hoy plena vigencia. En un Estado de Derecho (que es a donde pretendo llegar) no tiene cabida la citada ley del embudo: donde a los amigos se les aplica el lado ancho y a los enemigos, el lado estrecho. La ley es universal y no admite excepciones, motivo por el cual la Justicia es para todos o no será de ninguno, porque la justicia cuando no es pareja deja de serlo para convertirse simplemente en venganza.

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Lo anterior es tan evidente que no creo que necesite de argumentación alguna que le sirva de fundamento, porque se encuentra en la esencia misma del Estado de Derecho, en donde tampoco caben las trampas ni el engaño, como lo es el abuso de expresiones rimbombantes para trasmitir un mensaje en forma de ley. Ya tenemos bastante con el auténtico caos normativo en el que nos encontramos inmersos, debido a la cantidad dispersa de disposiciones (del más diverso rango y procedencia) que nos dicen lo que podemos o no podemos hacer mientras dure el nuevo estado de alarma. Un estado de alarma que opera, jurídicamente, como una especie de gran burbuja dentro de la cual ya no rigen los postulados más básicos del Estado de Derecho, como puedan ser la seguridad jurídica, la transparencia o la igualdad de trato. Tampoco rige la reserva de ley ni las leyes se dictan teniendo a la vista el interés público, por la simple razón de que vienen avaladas por quienes no buscan lo mejor para todos los españoles, sino para los intereses parciales y sectarios de los grupos parlamentarios que prestan su consentimiento a cambio de cesiones, en asuntos que nada tienen que ver con el contenido de esas leyes. Y a todo esto, sumemos que el Gobierno ya se ha asegurado de que la única verdad sea la que el propio Gobierno (y los medios de difusión que controla) proclama; buen ejemplo de lo que no debe ser un Estado de Derecho.

Pero, a lo que iba; se encuentra a punto de ser aprobado un nuevo Real Decreto Ley mediante el cual se regula, nada menos, que la aplicación de los fondos europeos de los cuales andamos muy necesitados, para lo cual se crea una nueva figura de colaboración público privada, los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). Los PERTE reflejarán a nivel nacional «los proyectos importantes de interés común europeo, englobará a proyectos tractores con un impacto transformador estructural sobre sectores estratégicos o con fases de investigación e innovación disruptivas y ambiciosas (…)». El Gobierno señala que dada la «magnitud de los riesgos asociados a estos proyectos» se establece esta nueva «figura diferenciada«. La declaración de un proyecto como PERTE, se realizará por Acuerdo de Consejo de Ministros, «a propuesta del titular del Departamento competente por razón de la materia«, según el borrador que se ha dado a conocer. A tal efecto, se crea, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el «Registro estatal de entidades interesadas en los PERTE» en el que se inscribirán todas las entidades establecidas en España vinculadas al desarrollo de uno de estos proyectos, «independientemente de su naturaleza jurídica pública o privada».

Pues bien, este borrador de RDL es una norma abigarrada, confusa y llena de neologismos, mediante la cual y bajo la excusa de una “mayor agilidad” se eliminan casi todos los controles en materia de concesión de subvenciones, que es el gran desagüe por donde se nos irá (de forma impune) buena parte de los fondos europeos a quienes le salga del mismo “cipote” a este Gobierno. Porque es el propio gobierno quien va a controlar, mediante las denominadas “estructuras de gobernanza” (nuevamente el neologismo como divisa) todo lo relativo a la aprobación, dirección y coordinación del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”. Evidente muestra de que de la confusión sale el caos y del caos la arbitrariedad, porque resulta difícil encontrar el “hilo conductor” en el seno de este Proyecto de RDL que se asemeja a una auténtica “sopa” de preceptos inconexos, al modo del “puchero de la abuela”. Debido a ello, y para esclarecer algo el contenido y sentido real de este proyecto publicaré, en breve, un análisis preliminar del mismo (en el que ya he comenzado a trabajar), con la finalidad de dejar en blanco sobre negro lo que el legislador ha redactado con un oscurantismo palmario. Ahora me limito a dejar constancia de que este tipo de normas (sobre temas absolutamente trascendentes) deben ser redactadas de forma clara, so pena de quebrar el principio de seguridad jurídica, porque sus destinatarios son los ciudadanos en su totalidad y no los posibles expertos en desentrañar lo que pretenden decir.

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Por otra parte, la gran cantidad de normas con que nos encontramos ahora (diferentes para cada CCAA además), hacen que el ciudadano se encuentre absolutamente inerme frente a las mismas, situación que se agrava con su continua modificación, de tal modo que se hace casi imposible, para los propios expertos, estar al corriente de todas ellas. Y es que el Estado de Derecho reclama pocas normas, de contenido y redacción claras, que tengan cierta permanencia en el tiempo porque lo contrario (que es lo que nos está sucediendo ahora) conduce al oscurantismo jurídico. La sobreproducción, y la falta de transparencia de las normas, no surgen de la ignorancia, sino del interés de la clase política que opta por la profusión y el oscurantismo para ocultar su verdadera finalidad. La extrema complejidad legislativa no es accidental sino deliberada y es un artificial mecanismo para huir de la transparencia que genera enormes ganancias a los avezados pescadores en este espectacular río revuelto. La complicación y la incoherencia abren el abanico de las interpretaciones, eligiéndose en cada caso lo más conveniente para el poder. Una particular ley del embudo, en donde los dirigentes pueden aplicar distintos raseros, a amigos o a enemigos, dejando abierta la puerta a la arbitrariedad porque los gobernantes no se encuentran sometidos a los oportunos y necesarios controles (entre otras cosas, porque ellos mismos controlan a quienes deben controlarles).

Nos encontramos ante una auténtica “rebelión en la granja” orwelliana, en donde el Gran Jefe (que es el cerdo llamado Napoleón) impone su voluntad a todos, mediante el simple artificio de ir modulando y cambiando las leyes a su antojo y conveniencia, ya que los únicos controles que van a pasar son los de unos parlamentarios sumisos que se limitan a apretar el botón del voto que les ordenan sus superiores. Unos superiores que a cambio de estos votos reclaman su parte del botín mediante concesiones que, como ya he dicho, nada tienen que ver con las leyes para cuya aprobación se prestan. Cambiar la política de los presos de ETA o las ínfulas separatistas de ERC, nada tiene que ver con el contenido y finalidad de unas leyes que, se supone, van a perseguir el interés público de todos los españoles y que nos venden como grandes éxitos del Gobierno. Mentira, tras mentira que muy pocos se atreven a desvelar por temor a represalias de todo tipo, lo cual da una ligera idea del estado de sumisión despótica en el que se ha convertido la “nueva realidad”.

Con todo esto en la cabeza y mostrando abiertamente mi sonrisa etrusca, me despido recordando que “las leyes inútiles y absurdas arruinan a las necesarias y claras”, (Secondat dixit), máxima que me parece muy apropiada para la España actual.