La Organización y Código Emperador: realidad y ficción. Por Gabriel García

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Escuché hablar por primera vez del Expediente Royuela en vísperas de la pandemia coronavírica. La referencia que tuve en su momento era la de un padre y un hijo del mundillo que acusaban a un fiscal de haber asesinado a un miembro de su familia, destapando además una presunta trama criminal que implicaba a personajes muy poderosos e influyentes. Nada que pueda sorprender a quien estudie cómo se ha comportado el ser humano a lo largo de la Historia, pero reconozco que me inspiraba desconfianza todo lo relacionado con las notas donde los protagonistas de la trama exponían sus planes (asesinatos incluidos) con todo detalle: ¿Cómo era posible que gente que movía tanto dinero y gozaba de tanto poder escribiese a mano sus planes y se comunicara por cartas en papel, existiendo medios informáticos cifrados para comunicarse con mayor discreción? ¿Cómo han interceptado los Royuela esas presuntas comunicaciones internas durante los últimos meses, una vez han obtenido una mínima repercusión mediática y, por tanto, dicha trama debería haber aumentado sus medidas internas de seguridad?

A día de hoy son muchos los interrogantes que aún percibo en el Expediente Royuela, pero a estas alturas no deberíamos escandalizarnos respecto a noticias sobre jueces y políticos con dinero en paraísos fiscales, tramas policiales de corrupción, asesinatos camuflados con accidentes de tráfico o infartos sobrevenidos… Sólo alguien tan lerdo como para creer en la honradez de las instituciones del Régimen del 78 puede pensar, por ejemplo, que un incendio originado en un juzgado donde se está investigando un caso de corrupción no tendría nada que ver con la intención de hacer desaparecer las pruebas y sí con un problema en la instalación eléctrica. Ya lo dijo el excomisario Villarejo en unas declaraciones que los medios presuntamente informativos camuflaron como una excentricidad: cuando se quieren quitar de en medio a alguien no lo dicen expresamente, sino que va a llover. Y por eso mismo debemos dar un voto de confianza, al menos visionándolo una vez, al documental La Organización, de Miguel Rix, disponible al público por medio de Youtube hasta que la censura haga su trabajo en nombre de las ‘normas de la comunidad’. Porque, por muchas dudas que dejen las informaciones expuestas en el Expediente Royuela, un padre y un hijo no pueden estar tantos años ‘acosando’ a influyentes y poderosos personajes públicos por simple ‘obsesión’, ni siquiera por ‘problemas mentales’.

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Como he manifestado en varias ocasiones, no comparto esos discursos de la plandemia orquestada por las élites para controlar a la población mundial por la sencilla razón de que eso ya lo consiguieron hace mucho tiempo por medio de la sociedad de consumo; al contrario, si algo debiera recordarnos la crisis sanitaria de los últimos años es que el paraíso terrenal que venden las élites globalistas no existe porque ni pueden resolver desde las instituciones todos los problemas habidos y por haber ni impedir que una enfermedad ponga en duda la estabilidad de su orden político, económico y social. Del mismo modo, que existan la masonería y el sionismo no significa que sean, cuanto menos, omnipresentes y omnipotentes con todo y para todo. Ahora bien, es innegable que los procesos democráticos son una farsa donde el pueblo participa en un juego trucado y eso se sostiene, entre otros motivos, gracias a los muchos individuos que activa y pasivamente se ven beneficiados con semejante statu quo; como también es innegable que España, como nación política, está secuestrada por organismos supranacionales a quienes los gobernantes de turno sirven con sumisión, entreteniéndonos con las broncas familiares que tienen lugar de vez en cuando dentro de sus filas, porque si de algo peca el ser humano (sobre todo quienes convierten el pecado en virtud) es de avaricia y de pretender acaparar más de lo que debe y necesita.

Debería llamar a la reflexión del público mayoritario, el que acepta sin rechistar las versiones oficiales que les hacen llegar por la televisión, que los nuevos partidos etiquetados como ultras y antisistema que han entrado en las instituciones durante la última década no profundicen en estos escándalos. Vox directamente no parece haber tenido ningún interés (ni siquiera por rentabilizarlo con fines electorales), pero Podemos en su momento sacó a la calle un autobús denunciando la presunta trama organizada desde el Gobierno de Mariano Rajoy contra ellos y, estando ya en el Gobierno de España y gozando de una mayor influencia para abrir investigaciones y profundizar en lo acaecido, han ignorado las declaraciones de Villarejo sobre la corrupción común que implica a todo el entramado de poder del Régimen del 78, limitándose a airear únicamente las polémicas que dañan la imagen pública de su fundador con el fin de presentar a Pablo Iglesias como un mártir en defensa de la democracia y el progreso, tal y como hicieron con la filtración documental llevada a cabo por Alvise Pérez este verano. Ahí quedan también las declaraciones de Gabriel Rufián, presentado por unos como enfant terrible del secesionismo y por otros como bufón parlamentario, ironizando con las declaraciones del excomisario como propias de una producción de Netflix.

Es en esa plataforma donde hace poco se estrenó una película, Código Emperador, que precisamente viene a tratar sobre estas tramas de corrupción al servicio de los individuos más poderosos del país. Cabe destacar que cuando el protagonista está realizando acciones que no son moralmente reprochables ni en beneficio de alguien influyente, cuando de verdad está cumpliendo con su trabajo como policía, es desmantelando la adquisición de armas nucleares por parte de terroristas nazis. Y si consultamos a la mayoría de los espectadores de esa película, es muy probable que crean en la existencia de terroristas nazis anhelando sembrar el caos y el sufrimiento con armas de destrucción masiva que en la existencia de una trama de corrupción donde fiscales, policías y políticos hacen y deshacen a su antojo en la España democrática. O, más bien, si creen que de verdad un fiscal puede ordenar asesinatos y quitarse de en medio a quien le estorba, les dará igual mientras no afecte directamente a sus vidas y su entorno. No cabe duda que el entramado político y económico al que suele aludirse como el Sistema (que va mucho más allá del Régimen del 78) ha hecho muy bien su trabajo haciendo creer a la población que la realidad es ficción y la ficción es realidad.