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Todos los días nos encontramos con acusaciones totalmente desproporcionadas de los fiscales, que posteriormente son rebajadas sustancialmente por los jueces y magistrados.
La licencia que otorga el Código Penal para fijar las penas por hechos delictivos en base a las acusaciones, deben de tener un límite proporcionado.
El Código Penal, es un arma jurídica para castigar comportamientos delictivos. Pero como cualquier otro arma, incluida la de fuego, debe utilizarse con mesura, responsabilidad y de manera proporcional.
A los fiscales, se les permite utilizarla, saltándose los límites de un buen uso. Su responsabilidad, a diferencia de la de jueces y magistrados, es ínfima, lo que les permite efectuar acusaciones con penas desproporcionadas. No es suficiente que los jueces y magistrados en sus sentencias corrijan los excesos o las acusaciones imprudentes y temerarias, es urgente poner freno a esos desmanes, sin que ello suponga cuartar, limitar el legítimo derecho del Ministerio Público de cumplir con su obligación.
Se está produciendo un uso abusivo de esa potestad que le confiere nuestra Carta Magna. Y si a este uso abusivo se añade las directrices políticas, que en múltiples ocasiones reciben de sus superiores jerárquicos, utilizando el Código Penal, como agravantes o atenuantes.
El arma jurídica que supone el Código Penal, con la máxima pena de privación de libertad, debe aplicarse con rigor escrupuloso.
El principio constitucional de la seguridad jurídica, quiebra cuando arbitrariamente se producen excesos en las penas por parte del Ministerio Público, aunque con posterioridad sean corregidas en las sentencias por los jueces y magistrados.
Dentro de este contexto, otro hecho relevante, que ya en su día denunció el ya fallecido ex Magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo y Fiscal General del Estado, José Manuel Maza (fallecido en extrañas circunstancias), en el sentido de que las instrucciones en los procesos judiciales no deben ser dirigidas por la UDEF, UCO, o unidades especiales de los cuerpos de seguridad, sino por los fiscales y jueces, circunstancia esta que no siempre se cumple.
Asimismo, se debe garantizar como también apuntó, el ex Magistrado José Manuel Maza, que se eviten filtraciones, y además se sanciones las mismas, algo normal en las causas mediáticas cuyos máximos garantes deben ser los fiscales y jueces.
Una última reflexión sobre la forma de poner freno a esos excesos, al igual que está regulado para las acusaciones privadas y populares, es el hecho de condenar en costas por mala fe o temeridad también a los fiscales.
Autor
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Miguel Bernad Remón (Bilbao, 1942) es un abogado y expolítico español.
Fue fundador en 1995 y secretario general de Manos Limpias.
Entró en política con el Frente Nacional de Blas Piñar, siendo secretario general de su partido.
En 1994, Bernad funda Derecha Española, con el que acude a las elecciones municipales de 1995.
En abril de 2016 Miguel Bernad fue detenido en el ámbito de una investigación de la AN sobre posibles extorsiones de Manos Limpias, consistentes en exigir dinero por retirar querellas previamente interpuestas.
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