21/11/2024 12:27

Los magistrados del Tribunal Supremo que presidieron el juicio del procés han rechazado la posibilidad de amnistiar el delito de malversación cometido por el ex vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y los demás condenados por el referéndum ilegal del 1-O. El juez instructor, Pablo Llarena, también ha rechazado perdonar la malversación al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y mantiene la orden de detención en su contra.

Esta postura del Supremo contrasta con la opinión del fiscal general del Estado, a punto de ser imputado por las filtraciones de información fiscal sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Álvaro García Ortiz, quien tuvo que sostener su posición frente a sus subordinados para abogar por una amnistía total en los casos relacionados con el procés.

La Fiscalía había informado a favor de aplicar la ley a los condenados y procesados del procés al entender que no hubo enriquecimiento patrimonial ni se afectó a los intereses de la Unión Europea. La Sala de lo Penal ha adoptado esta decisión después de estudiar los informes de las acusaciones (Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox) y de las defensas sobre la aplicabilidad de la amnistía a los distintos hechos que se atribuyen a Junqueras y los exconsejeros Jorge Turull, Raúl Romeva y Dolores Bassa.

El juez Llarena, por su parte, se ha pronunciado tras analizar las alegaciones de las acusaciones y de los exconsejeros Toni Comín, Luis Puig y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

El Tribunal Supremo decidió que la ley de amnistía no protege a Carles Puigdemont y dos de sus colaboradores de los cargos por malversación de fondos públicos. Por lo tanto, las órdenes de detención contra Puigdemont siguen en efecto, impidiéndole regresar al país. Esta situación podría plantear fracasos de gobernabilidad para un Gobierno liderado a la desesperada por Pedro Sánchez. La máquina del fango, de la prostitución periodística a favor de la corrupción legislativa ha empezado a echar humo en los prostíbulos untados, por la contrariedad que supone el impedimento de que Pedro Sánchez pacte con delincuentes por 7 miserables votos de traición cuando el Tribunal Supremo ha cumplido su papel de imparcialidad esperable en un Estado de derecho como es todavía España.

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Ahora todas las miradas están puestas en Conde Pumpido para revocar la decisión del Alto Tribunal, lo que supondría la ratificación de que el presidente del Tribunal Constitucional lame los pies de su amo-cada vez más sospechoso con múltiples indicios criminales de corrupción- ensuciando la toga y la dignidad  judicial.

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