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El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, paralizó todos los procedimientos administrativos. Sin embargo, aprovechando todo el barullo montado por el coronavirus, se aprobó la Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, por la que se acuerda la reanudación del procedimiento para solicitar y conceder la Gracia del Indulto, que se justifica porque, “Considerando que el interés general que concurre en estos supuestos es el mismo que constituye el fundamento de su excepcionalidad, la consecución de la justicia material, se considera imprescindible la tramitación de estos procedimientos para dar una respuesta adecuada a los ciudadanos que los insten, evitando los perjuicios que pudieran irrogarse por la suspensión que determina el estado de alarma”. Esa resolución dispone “Reanudar por razones de interés general todos los procedimientos para solicitar y conceder la gracia del indulto que estuvieran en tramitación con fecha 14 de marzo de 2020 o que se hayan iniciado o vayan a iniciarse con posterioridad a dicha fecha”.

En el PSOE, en el PSC y en Unidas Podemos hay varios dirigentes políticos que han manifestado en diversas ocasiones que el indulto de los líderes secesionistas condenados por delitos de sedición y de malversación de caudales públicos es un buen remedio para alcanzar la paz social y la restauración de la adecuada convivencia en Cataluña. Sin embargo, dejar sin efecto la Sentencia del Tribunal Supremo 459/2019 con un indulto no sería más que una muestra de debilidad del Estado y un incentivo para que los secesionistas catalanes continúen obrando por el camino que han estado utilizando hasta ahora.

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Ciertamente, no sería extraño que se aprobaran indultos para los líderes secesionistas catalanes condenados por la Sentencia del Tribunal Supremo 459/2019, de 14 de octubre, aprovechando que toda la atención mediática se encuentra enfocada sobre el Covid-19. Por ese motivo, tanto los líderes políticos de la oposición como los medios de prensa no afines al actual Gobierno deberían vigilar el desarrollo de los trámites que puedan llegar a seguirse con las peticiones de indulto presentas por Oriol Junqueras, pues hay que evitar que el orden jurídico perturbado por los independentistas catalanes se vea debilitado por la falta de consecuencias jurídicos por una serie de actos que vulneraron claramente el Código Penal.

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REDACCIÓN