Un final justo para la investigación de las muertes de El Tarajal. Por Diego Fierro Rodríguez

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La Audiencia Provincial de Cádiz ha dictado un auto, difundido por El Mundo, en el que ha establecido el sobreseimiento libre del proceso penal dirigido contra 16 agentes de la Guardia Civil por haber podido causar la muerte de 15 inmigrantes que perdieron la vida en aguas próximas a la playa de El Tarajal. El razonamiento es análogo a uno ya presentado por el que suscribe estas líneas en una propuesta de resolución publicada en octubre del año pasado, en la que se hacía una especial referencia a la falta de causalidad moral por la asunción de riesgos por parte de los fallecidos y a la concurrencia de la circunstancia eximente del cumplimiento del deber de los guardias civiles acusados.

El auto que resuelve el caso de las muertes de El Tarajal es tremendamente tajante, pues afirma que «La peligrosa forma de irrupción era una opción elegida por los propios inmigrantes, y en ella, entre los obstáculos que habría tras superar a las fuerzas marroquíes tanto en tierra como en el mar, se hallaba la ineludible actuación policial española, protagonizada por agentes de la autoridad que cumplían con su deber, como pueda ocurrir habitualmente en cualquier frontera, sin que existan elementos probatorios para sostener ni siquiera indiciariamente una desproporción en su actuación«. A esa conclusión se llega a partir de los hechos verificados en la investigación, por la que se pudo saber que, «de manera sorpresiva y en avalancha«, llegaron «unos trescientos inmigrantes en una desordenada aglomeración que hizo intervenir en el lado marroquí a las fuerzas auxiliares («mehanis») quienes con el empleo de medios violentos y a base de pedradas y palos, consiguieron impedir el avance de unos cien, de manera que los otros aproximadamente doscientos, casi en su totalidad, se arrojaron al mar, en una evidente e incontestable puesta en peligro antes de que iniciaría su actuación la Guardia Civil que se hallaba al otro lado de la frontera«, destacándose que «lo cierto es que la actuación de la Guardia Civil tuvo un carácter progresivo, comenzando a intercalar disparos de salva con los de bolas de goma, y más tarde el lanzamiento de algún bote de humo, y se pone en evidencia su proporcionalidad y flexibilidad por hechos irrefutables como son que, a pesar de su finalidad, no consiguieran establecer una barrera infranqueable, dado que hubo 23 inmigrantes que lograron pasar, y que ninguno de estos sufriera lesión alguna, como pudo comprobarse tras arribar a la playa o ser recogidos por las embarcaciones de salvamento, sin olvidarnos de que tres de los inmigrantes que pasaron lo hicieron por tierra y fueron rescatados en unas cavidades rocosas de la escollera«.

No debe celebrarse el acaecimiento de las muertes que se produjeron en El Tarajal, pero tampoco se puede castigar a los guardias civiles por cumplir con su deber. Las asociaciones que han utilizado la acción popular para intervenir en el proceso penal por el asunto analizado pretendían un castigo para los agentes porque desean fomentar, por amor a la humanidad o por amor a las subvenciones que reciben por los flujos ilegales de inmigración, la entrada irregular de extranjeros por las fronteras de España, aunque ello suponga un riesgo para las personas que, conforme a la ley, mantienen su integridad.

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Hay que tener presente que España en la casa de los que residen legalmente en España. Muchos de los que defienden la inmigración ilegal deberían preguntarse si serían capaces de dejar la puerta de sus casas abierta 24 horas seguidas para que el que quiera pueda acceder libremente. La mayoría respondería que no y, por ese motivo, tendrían que exportar el razonamiento sobre su domicilio al asunto de la entrada ilegal de personas.