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El Convenio de Cartagena (enero de 1813) o Plan para Libertar a Venezuela fue el proyecto para la independencia de Venezuela realizado por el caudillo independentista venezolano Antonio Nicolás Briceño. En este convenio se oficializan las directrices de una guerra de exterminio -léase genocidio- contra los españoles nacidos en la península. Este plan queda enmarcado en el periodo denominado “Guerra a muerte”. La “Guerra a muerte” fue el eje de la “ética” bélica de Simón Bolivar, el primer gran genocida de la América hispana. Entre los artículos del primer texto redactado por Antonio Nicolás Briceño, destacan los siguientes:

“En el nombre del pueblo de Venezuela se hacen las proposiciones siguientes para emprender una expedición por tierra con el objeto de libertar a mi patria del yugo infame que sobre ella pesa. Yo las cumpliré exacta y fielmente pues que las dicta la justicia y que un resultado importante debe ser su consecuencia. […]

Segundo como el fin principal de esta guerra es el de exterminar en Venezuela la raza maldita de los españoles de Europa sin exceptuar los isleños de Canarias, todos los españoles son excluidos de esta expedición por buenos patriotas que parezcan, puesto que ninguno de ellos debe quedar con vida no admitiéndose excepción ni motivo alguno; como aliados de los españoles los oficiales ingleses no podrán ser aceptados sino con el consentimiento de la mayoría de los oficiales hijos del país.

Tercero las propiedades de los españoles de Europa sitas en el territorio libertado serán divididas en cuatro partes, una para los oficiales que hicieren parte de la expedición y hayan asistido a la primera función de armas haciéndose su reparto por iguales porciones con abstracción de grados, la segunda pertenece a los soldados, indistintamente las otras dos al Estado. En los casos dudosos la mayoría de los oficiales presentes decidirá la cuestión. […]

Noveno para tener derecho a una recompensa o a un grado bastará presentar cierto número de cabezas de españoles o de isleños canarios. El soldado que presente veinte será hecho abanderado en actividad, treinta valdrán el grado de Teniente, cincuenta el de Capitán, etc. […]”

Este texto deja claras las intenciones del ejército separatista dispuesto a cometer un genocidio sobre toda la población española nacida en la península. Simón Bolívar y Manuel del Castillo aceptaron la aplicación del Convenio de Cartagena en la siguiente carta escrita el 20 de marzo de 1813:

“Como jefes de las fuerzas de la Unión (Nueva Granada) y también de las de Venezuela que se hallan unidas a aquellas aprobamos las precedentes proposiciones exceptuando únicamente el artículo segundo en cuanto se dirige a matar a todos los españoles europeos, pues por ahora solo se hará con aquellos que se encuentren con las armas en la mano, y los demás que parezcan inocentes seguirán con el ejército para vigilar sus operaciones, mientras que el Congreso general de la Nueva Granada a quien se remitirán estos documentos aprueba o no la guerra a muerte a los nominados españoles, quedando por consiguiente el artículo segundo sujeto a la misma disposición”

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En aquel momento ambos líderes secesionistas esperaban simplemente que el Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada diera su consentimiento al artículo que especificaba el extermino de todo español peninsular sin distinguir siquiera entre civiles y militares. Dicho congreso ratificó este artículo siendo la única cámara de representantes de la historia contemporánea en aprobar oficialmente un genocidio  premeditado. Una vez obtuvo el apoyo de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, Simón Bolívar declaró el 8 de junio de 1813: “nuestro odio será implacable y la guerra será a muerte”.

Firma de El Decreto de Guerra a Muerte, por Simón Bolívar

 Esta declaración fue completada y firmada por Simón Bolívar el 15 de junio de 1813 en la ciudad venezolana de Trujillo durante el desarrollo de la “Campaña Admirable”. Desde ese ese momento se inició un proceso genocida “legal” contra cualquier español nacido en la península que no colaborase activamente con el bando independentista aunque fuera civil y mantuviera una posición neutral, y por supuesto contra todos los prisioneros de guerra. El texto firmado por Bolívar añadía:

“[…] Nosotros somos enviados a destruir a los españoles, a proteger a los americanos y establecer los gobiernos republicanos que formaban la Confederación de Venezuela. Los Estados que cubren nuestras armas están regidos nuevamente por sus antiguas constituciones y magistrados, gozando plenamente de su libertad e independencia; porque nuestra misión sólo se dirige a romper las cadenas de la servidumbre que agobian todavía a algunos de nuestros pueblos, sin pretender dar leyes ni ejercer actos de dominio, a que el derecho de la guerra podría autorizar […]  A pesar de nuestros justos resentimientos contra los inicuos españoles, nuestro magnánimo corazón se digna, aún, a abrirles por última vez una vía a la conciliación y a la amistad; todavía se les invita a vivir entre nosotros pacíficamente, si detestando sus crímenes y convirtiéndose de buena fe, cooperan con nosotros a la destrucción del gobierno intruso de la España y al restablecimiento de la República de Venezuela. Todo español que no conspire contra la tiranía en favor de la justa causa por los medios más activos y eficaces, será tenido por enemigo y castigado como traidor a la patria, y por consecuencia será irremisiblemente pasado por las armas. Por el contrario, se concede un indulto general y absoluto a los que pasen a nuestro ejército con sus armas o sin ellas; a los que presten sus auxilios a los buenos ciudadanos que se están esforzando por sacudir el yugo de la tiranía. Se conservarán en sus empleos y destinos a los oficiales de guerra y magistrados civiles que proclamen el Gobierno de Venezuela y se unan a nosotros; en una palabra, los españoles que hagan señalados servicios al Estado serán reputados y tratados como americanos.

 Y vosotros, americanos, que el error o la perfidia os ha extraviado de la senda de la justicia, sabed que vuestros hermanos os perdonan y lamentan sinceramente vuestros descarríos, en la íntima persuasión de que vosotros no podéis ser culpables y que sólo la ceguedad e ignorancia en que os han tenido hasta el presente los autores de vuestros crímenes, han podido induciros a ellos. No temáis la espada que viene a vengaros y a cortar los lazos ignominiosos con que os ligan a su suerte vuestros verdugos. Contad con una inmunidad absoluta en vuestro honor, vida y propiedades; el solo título de Americanos será vuestra garantía y salvaguardia. Nuestras armas han venido a protegeros, y no se emplearán jamás contra uno solo de vuestros hermanos.

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Esta amnistía se extiende hasta los mismos traidores que más recientemente hayan cometido actos de felonía; y será tan religiosamente cumplida que ninguna razón, causa o pretexto será suficiente para obligarnos a quebrantar nuestra oferta, por grandes y extraordinarios que sean los motivos que nos deis para excitar nuestra animadversión. Españoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes, si no obráis activamente en obsequio de la libertad de la América. Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables”

 Los primeros asesinados de la Guerra a Muerte fueron todos los españoles apresados tras la Batalla de Agua de Obispo acontecida tan sólo tres días después de la firma del decreto. El 31 de junio de 1813 son fusilados todos los realistas hechos prisioneros tras la Batalla de Taguanes. El 21 de septiembre de 1813 son ejecutados 69 españoles. Para esa fecha el ejército independentista ya había asesinado a unos 1.600 prisioneros realistas por haber nacido en España. El 5 de diciembre de 1813 en la Batalla de Araure, Simón Bolívar ordenó la ejecución de 600 prisioneros. 

El 8 de febrero de 1814, Simón Bolívar ordenó a su subordinado Juan Bautista Arismendi asesinar a todos los españoles que se hallaban en Caracas y La Guaira con las siguientes palabras: “En consecuencia, ordeno a usted que inmediatamente se pasen por las armas todos los españoles presos en esas bóvedas y en el hospital, sin excepción alguna”. Esta orden incluía a los heridos de guerra y enfermos civiles que se encontraban en el hospital de La Guaira. Unas 2.000 personas fueron asesinadas durante los tres días que duró la masacre. Durante ese mismo mes de febrero, Simón Bolívar ejecutó a unos 800 prisioneros de la península en la ciudad de Valencia.

 Los horrores de este genocidio continuaron durante casi 20 años. Un dato trágico a destacar: en 1815 fueron asesinados todos los españoles europeos residentes en Bogotá y Cartagena de Indias. Ya es hora de denunciar este verdadero genocidio y no el que se inventó la leyenda negra.

Javier Barraycoa

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