- El Gobierno divide su política de alquiler en dos reales decretos para intentar salvar la convalidación en el Congreso; uno concentra las medidas con opciones de reunir a Junts y PNV y el otro las exigencias más intervencionistas de Sumar
Pedro Sánchez ha tenido que partir en dos su nuevo decreto de vivienda para intentar hacerlo viable en un Congreso en el que no dispone de una mayoría estable. PSOE y Sumar han cerrado este martes, después de horas de negociaciones, dos reales decretos distintos: uno concentra las medidas con mayores posibilidades de reunir los votos de Junts y PNV y el otro incorpora las propuestas más exigentes reclamadas por la izquierda del Gobierno.
La operación permite a La Moncloa sacar adelante el Consejo de Ministros después de que la negociación interna llegara hasta el último momento, pero deja intacto el problema que lleva meses condicionando la agenda legislativa de Sánchez: aprobar una cosa en el Consejo de Ministros no significa tener los votos para mantenerla después en las Cortes. El Ejecutivo ya había aplazado el decreto durante el verano precisamente por la falta de apoyos.
Los dos textos entrarán en vigor tras su publicación en el BOE, pero tendrán que ser convalidados por el Congreso en un plazo máximo de 30 días. El Gobierno ha solicitado además un Pleno extraordinario para este viernes, de manera que la batalla parlamentaria se producirá prácticamente de inmediato.
Sánchez necesita a Junts y a Sumar a la vez
El problema que ha obligado a dividir el decreto es político antes que técnico. Sumar quiere endurecer la protección de los inquilinos y Junts exige proteger al pequeño propietario, dos posiciones que durante los últimos días han chocado abiertamente.
La formación de Yolanda Díaz ha presionado para incluir la renovación automática de determinados contratos, una regulación específica de los alquileres de temporada y de habitaciones y una protección mucho más amplia frente a los desahucios. Junts, en cambio, ha reclamado medidas de apoyo a los propietarios y beneficios fiscales para facilitar el acceso a la vivienda, y ha advertido contra disposiciones que, a su juicio, puedan perjudicar al pequeño arrendador.
La aritmética parlamentaria obliga así a Sánchez a intentar contentar a dos espacios diferentes. Junts ya había dejado claro que su voto sería decisivo y condicionó su apoyo a que el decreto no incorporase medidas que considerase lesivas para los propietarios.
El Gobierno ha respondido con una fórmula que permite separar las medidas en dos votaciones. Pero el despiece también deja al descubierto hasta qué punto la política de vivienda depende de una negociación permanente con partidos que no forman parte de la coalición.
Más protección para el inquilino y más obligaciones para el propietario
El contenido acordado supone una nueva vuelta de tuerca a la regulación del alquiler.
El paquete amplía hasta 2030 la protección frente a los desahucios de determinados hogares vulnerables sin alternativa habitacional y establece una prórroga extraordinaria de determinados contratos de alquiler que vencen antes del 31 de diciembre de 2028. También incorpora nuevas reglas para los alquileres de temporada y por habitaciones y limita determinadas operaciones de compra de viviendas por parte de fondos de inversión hasta 2028.
La renovación automática de contratos, una de las reclamaciones centrales de Sumar, queda incluida en uno de los dos reales decretos. La negociación de esta medida había provocado algunas de las mayores diferencias entre los socios: el PSOE partía de una prórroga temporal de dos años, mientras Sumar defendía avanzar hacia una renovación indefinida mientras el inquilino cumpliese sus obligaciones y no existiera una causa justificada para recuperar la vivienda.
La discusión evidencia también el choque entre dos concepciones de la política de vivienda: una basada en ampliar las garantías del arrendatario y otra que reclama que el propietario no soporte en solitario el coste de la protección social.
De hecho, la regulación del alquiler ya ha sido objeto de sucesivas intervenciones por parte del Gobierno. En marzo, otro real decreto estableció una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos y limitó al 2% la actualización anual de las rentas en determinados supuestos.
El caso Maricarmen dispara una crisis que llevaba meses enquistada
La negociación se aceleró después del desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba más de siete décadas viviendo en su vivienda de Madrid, cuyo caso desencadenó protestas y colocó la política de vivienda en el centro de la agenda nacional.
Sumar convirtió el episodio en argumento para exigir una respuesta mucho más contundente. Antes del acuerdo, llegó incluso a advertir de que no aceptaría un decreto que considerase insuficiente. Podemos, por su parte, acusó al PSOE de intentar contener la movilización social mediante «parches».
El Gobierno se encontró así presionado simultáneamente desde dentro de la coalición y desde la calle, mientras Junts planteaba condiciones diferentes para facilitar la convalidación.
Sánchez ha pedido públicamente a los grupos parlamentarios «sentido de Estado» y «responsabilidad» para sacar adelante la norma.
Una solución para aprobar el decreto; no para resolver la aritmética
El troceo permite a PSOE y Sumar cerrar filas este martes y evitar que sus discrepancias impidan aprobar las medidas en Consejo de Ministros. Lo que no resuelve es el problema que provocó el atasco: cómo reunir una mayoría suficiente para que cada decreto sobreviva en el Congreso.
Junts necesita preservar su posición ante el pequeño propietario; Sumar necesita demostrar que su presencia en el Gobierno se traduce en medidas de mayor protección para los inquilinos; y Sánchez necesita que ambas posiciones sean compatibles al menos hasta la votación.
El resultado es una política de vivienda dividida en dos textos, negociada hasta el último minuto y sometida ahora a una nueva prueba parlamentaria.
La imagen final es la de un Ejecutivo que ha conseguido trocear la norma para intentar salvarla, pero que sigue sin disponer de una mayoría estable capaz de convertir sus acuerdos de Consejo de Ministros en una legislación consolidada. Y será el Congreso, no La Moncloa, el que determine cuánto de esa política de vivienda queda finalmente en pie.
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