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La dimisión fulminante del jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, no representa un mero ajuste burocrático ni una anécdota administrativa: constituye la primera grieta formal en el cortafuegos con el que la Moncloa pretendía contener el impacto penal de la crisis fronteriza. Mientras en los despachos del Ejecutivo se asumía que la figura del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, actuaría como el chivo expiatorio perfecto para amortiguar el escándalo y absorber la responsabilidad de la falta de preaviso e inacción defensiva, el enrocamiento del delegado en su cargo ha dinamitado el diseño de contención diseñado desde Madrid.
Lejos de prestarse a una dimisión pactada que asumiera en exclusiva la negligencia, la resistencia del delegado a ser el fusible sacrificado sitúa a la cúpula de la Moncloa en el centro de la diana jurídica. Las informaciones que trascienden sobre las afirmaciones vertidas en privado por el propio delegado son tajantes: la orden de silenciar los avisos de inteligencia y no alertar sobre la inminencia de la masa invasora procedió directamente de la Presidencia del Gobierno. Esta subordinación de la custodia fronteriza a directrices políticas directas desborda la simple mala praxis procedimental para adentrarse de lleno en el marco de la infracción del deber constitucional de custodia territorial y la alta traición (Art. 581 C.P.).
La salida honesta de su jefe de gabinete responde a una lectura incontestable de la realidad procesal: la negativa a verse arrastrado por la deriva penal que implica el encubrimiento de órdenes manifiestamente ilegales. Cuando la cadena de mando civil se fractura por la vía del pánico a las consecuencias judiciales, el relato de la «gestión diplomática» o de la «buena vecindad» queda al descubierto como una cobertura cosmética para desarmar la soberanía del Estado.
Paralelamente, las recientes notas y declaraciones del Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos intentando relativizar la hostilidad en la frontera, sembrando discordia entre la clase política española y rebajando el perfil de la agresión, encajan punto por punto en el manual de la guerra híbrida y la estrategia de la zona gris. Intentar adormecer la reacción institucional mediante comunicados sedantes mientras las proclamas anexionistas y la presión logística sobre el terreno se mantienen intactas es una táctica clásica de distracción. La anestesia diplomática a la que apela Rabat es, en realidad, el vector de entrada para consolidar la política de hechos consumados.
Con las redes sociales convertidas en un hervidero donde retumban inequívocos tambores de guerra y la percepción ciudadana de indefensión en aumento, el Estado no puede permitir que la complicidad o la inepcia de la Moncloa condicione su capacidad de respuesta defensiva. Frente a la sospecha fundada de alta traición que cerca al Ejecutivo a través de las revelaciones de su propio delegado, las Fuerzas Armadas y los mandos de la Defensa tienen el deber constitucional innegociable (Art. 8.1 CE) de permanecer en alerta máxima.
Ante la aproximación de la fecha clave del día 23 de septiembre, el blindaje operativo de Ceuta no puede quedar supeditado a los tejemanejes ni a las componendas de un Gobierno acorralado por sus propias responsabilidades penales. El Ejército debe mantenerse permanentemente ojo avizor en la línea fronteriza: la soberanía de España no se negocia en despachos bajo sospecha ni se rinde ante la guerra de desgaste de un vecino hostil.
La responsabilidad de denunciar la alta traición no exige el quebrantamiento de la cadena de mando civil por parte de los ejércitos, sino la activación implacable del ordenamiento procesal y de las garantías de la Constitución. La exigencia de responsabilidades penales al Ejecutivo corresponde al Poder Judicial y a las Cortes Generales a través de la vía del Artículo 102.2 CE, garantizando que el contrapeso a la negligencia o la complicidad institucional se ejecute con la máxima firmeza jurídica, legalidad e impecabilidad del Estado de derecho.
Frente a una hipótesis de hostilidad abierta en la frontera sur, la misión operacional de las Fuerzas Armadas debe mantenerse focalizada en su fin primario: la disuasión, el blindaje fronterizo y la neutralización inmediata de cualquier agresión exterior sobre el territorio nacional. La eficacia en la custodia de la integridad territorial reside en la ejecución fría y técnica de los protocolos de defensa nacional, donde la prioridad absoluta del estamento militar se concentra en la integridad de Ceuta y Melilla, dejando la persecución penal del poder político en manos de los tribunales de la Nación.En ello están.
RES NON VERBA
Autor
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional Muck Rack, autor de 17 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en muchos medios de prensa escrita y digital como El Imparcial, Rambla Libre, Diario 16, Levante y ÑTV España entre otros, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
Información en buscadores mundiales de Internet e IA. También como Ignacio F. Candela
Perfil de autor, obra literaria y trayectoria indexada en Google con Google Knowledge Panel.
Propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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