- Magnus Brunner pidió viajar a la ciudad autónoma para conocer sobre el terreno las consecuencias de la crisis, pero el Gobierno le desaconsejó el desplazamiento alegando motivos de seguridad
La crisis migratoria que sacudió Ceuta los pasados 30 y 31 de julio continúa proyectando sus consecuencias mucho más allá de la ciudad autónoma. La gestión de aquella entrada masiva, que provocó la llegada de decenas de miles de personas en apenas unas horas y puso al límite los servicios locales, sigue generando interrogantes políticos y una creciente preocupación en Bruselas.
Ahora, según han podido saber las fuentes, uno de los máximos responsables europeos en materia migratoria quiso comprobar personalmente la situación. Magnus Brunner, comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, solicitó desplazarse a Ceuta en los días posteriores a la crisis para conocer sobre el terreno sus efectos y mantener contacto con las autoridades locales.
El Gobierno, sin embargo, desaconsejó el viaje alegando razones de seguridad, según fuentes conocedoras de aquella decisión. La negativa habría impedido a Brunner visitar la ciudad en un momento especialmente delicado, cuando todavía permanecían abiertas numerosas incógnitas sobre el alcance de la crisis y su gestión posterior.
La decisión resulta especialmente llamativa por el interés que las instituciones europeas han mostrado desde el primer momento por lo sucedido en Ceuta. La información trasladada desde Moncloa a Bruselas ha sido seguida con especial atención por los socios comunitarios, mientras las autoridades españolas han mantenido una posición especialmente reservada sobre algunos extremos de la crisis.
Brunner y Weber, en contacto con Vivas
Pese a no haber podido desplazarse entonces a Ceuta, Brunner sí mantuvo contacto con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas. También lo hizo Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo, que recibió al dirigente ceutí en Bruselas.
Weber tiene previsto acudir a Ceuta el próximo 21 de septiembre acompañado por Alberto Núñez Feijóo, en una visita que volverá a situar la crisis de la frontera sur española en el centro del debate político europeo.
La sucesión de estos acontecimientos alimenta las críticas del Partido Popular, que acusa al Gobierno de haber mantenido una política de excesiva reserva sobre lo ocurrido durante aquellas jornadas. Las dudas se mantienen abiertas incluso después de la publicación de documentación oficial sobre la crisis.
Teresa Ribera tampoco ha visitado Ceuta
La ausencia de Bruselas sobre el terreno se prolonga en otro caso especialmente significativo. Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, tampoco ha visitado Ceuta desde que se produjo la entrada masiva.
Su vinculación política con España y su responsabilidad dentro de la Comisión han convertido esa ausencia en objeto de críticas desde sectores próximos al Partido Popular, que consideran poco habitual que una crisis de semejante magnitud no haya provocado una presencia física de responsables comunitarios en la zona afectada.
El Congreso rechaza el plan del PP
Mientras tanto, el Pleno del Congreso rechazó este jueves las medidas planteadas por el Partido Popular para afrontar las consecuencias de la crisis.
La propuesta, respaldada únicamente por Vox y UPN mientras Coalición Canaria se abstuvo, contemplaba reforzar de forma permanente la Policía Nacional y la Guardia Civil, ampliar los medios destinados al control fronterizo y agilizar los procedimientos de expulsión de quienes entraron en Ceuta durante las jornadas del 30 y 31 de julio.
El plan del PP se articulaba sobre cuatro ejes: infraestructuras, medios humanos, tecnología y reformas legales. Entre sus principales medidas figuraba la ampliación del espigón del Tarajal para reforzar el perímetro fronterizo y el incremento de los efectivos destinados a Extranjería.
La iniciativa también reclamaba más medios para los servicios sanitarios y un refuerzo de jueces y fiscales con el objetivo de acelerar los procedimientos derivados de la entrada masiva.
En el ámbito legislativo, los populares planteaban modificar la Ley de Extranjería para extender el régimen de rechazo en frontera a las entradas irregulares por vía marítima y reformar la Ley de Asilo para diferenciar jurídicamente las entradas forzadas de las solicitudes presentadas por los cauces establecidos.
Más de un mes después de la crisis, Ceuta continúa así convertida en un foco de tensión política entre Madrid, la ciudad autónoma y las instituciones europeas. Y la negativa a que uno de los principales responsables de la política migratoria comunitaria comprobara personalmente la situación sobre el terreno añade un nuevo elemento a las dudas sobre la gestión de aquellas jornadas.
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