- Manuel Llamas atribuye a una llamada de Marlaska el origen de una investigación interna sobre agentes de la UCO, mientras Isabel Pardo de Vera denuncia presiones para contratar consultoras durante su etapa al frente de Adif
Las investigaciones judiciales que afectan al entorno de Pedro Sánchez empiezan a incorporar declaraciones que apuntan más allá de los escalones intermedios de las distintas tramas. El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ha situado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el origen de una actuación interna contra agentes de la Unidad Central Operativa (UCO). Por su parte, la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera ha hecho públicas sus acusaciones sobre las presiones que, según asegura, recibió para favorecer la contratación de determinadas consultoras.
Ambos casos abren nuevos interrogantes sobre el funcionamiento de los organismos públicos durante los años de gestión socialista. Las declaraciones llegan, además, en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, cuando cualquier avance judicial puede adquirir una dimensión política añadida.
No se trata, por ahora, de una colaboración formal de ambos investigados con la Justicia ni de hechos declarados probados. Sí son manifestaciones concretas, algunas incorporadas a procedimientos judiciales y otras realizadas públicamente, que deberán contrastarse con el resto de las pruebas.
El DAO señala una llamada de Marlaska
Manuel Llamas ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que Grande-Marlaska le llamó después de que se filtrara la dirección de correo electrónico de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Esa dirección figuraba en un anexo de uno de los informes de la UCO sobre el caso de David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo.
Según el escrito remitido al instructor por la defensa de Llamas, aquella llamada precedió a la apertura de una información reservada sobre los agentes que habían intervenido en las actuaciones. El documento también señala una comunicación posterior de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.
La cuestión que deberá esclarecerse es si aquellas actuaciones internas respondieron a una reacción proporcionada ante una filtración o si, como se investiga en la causa, se utilizaron mecanismos disciplinarios para presionar a los agentes que trabajaban en asuntos sensibles para el Gobierno.
Llamas figura como investigado en el procedimiento que dirige Pedraz sobre las presuntas maniobras para obstaculizar investigaciones relacionadas con el PSOE y el Ejecutivo. Su propia declaración debe valorarse, por tanto, teniendo en cuenta su posición procesal y el conjunto de elementos que aporte la instrucción.
Lo que ya consta en la documentación trasladada al juez es la versión del mando sobre el origen de aquellas informaciones reservadas. Determinar si existieron presiones indebidas, quién tomó las decisiones y con qué finalidad corresponde ahora a la investigación judicial.
Pardo de Vera rompe el silencio sobre Transportes
El otro frente se sitúa en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif y antigua secretaria de Estado, ha denunciado en varias entrevistas que recibió presiones para que la empresa pública contratara determinadas consultoras cuando se encontraba bajo su responsabilidad.
En sus declaraciones ha relatado episodios en los que, según su versión, intervinieron personas con influencia política. Entre los nombres a los que ha hecho referencia figuran antiguos dirigentes socialistas como José Bono y José Blanco. También ha hablado de propuestas para incorporar a personas afines al PSOE a puestos de responsabilidad en la cúpula de Adif.
Sus manifestaciones adquieren relevancia por el conocimiento que tuvo de la gestión del organismo público y por su situación procesal. Pardo de Vera está investigada en causas relacionadas con presuntas irregularidades en contratos de obra pública y con la contratación de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, en empresas públicas vinculadas al área de Transportes.
En una entrevista publicada esta semana, la exresponsable de Adif describió además una reunión en la que, según su testimonio, recibió presiones para contratar a la consultora Sortis. En ese episodio situó al entonces exasesor ministerial Koldo García y al expresidente de Correos Juan Manuel Serrano. La veracidad y el alcance de esas afirmaciones deberán contrastarse con los documentos y declaraciones que se incorporen a las investigaciones.
La relevancia de sus palabras reside en que describen posibles mecanismos de influencia sobre una empresa pública desde ámbitos políticos. Si esas presiones se acreditaran y se demostrara que condicionaron decisiones administrativas o contrataciones, el caso tendría implicaciones que irían más allá de la responsabilidad individual de quienes intervinieron.
Por el momento, sus declaraciones no equivalen a una resolución judicial sobre los hechos. Pero sí trasladan al primer plano preguntas que la investigación deberá responder: quién propuso los contratos, qué argumentos se utilizaron, si se respetaron los procedimientos y qué papel desempeñaron los responsables políticos.
Aldama colaboró; el caso Leire sigue abierto
El antecedente más claro de colaboración con la Justicia entre los protagonistas de las principales causas de corrupción es el empresario Víctor de Aldama. El Tribunal Supremo tuvo en cuenta su cooperación al imponerle una pena de cuatro años y seis meses de prisión, muy inferior a las condenas de 24 años y tres meses para José Luis Ábalos y 19 años y ocho meses para Koldo García.
Ese precedente demuestra que colaborar con la investigación puede tener consecuencias procesales, aunque no permite deducir que otros investigados vayan a seguir la misma estrategia. En el caso de Santos Cerdán y Leire Díez, el alcance de sus futuras declaraciones y la información que puedan aportar siguen siendo cuestiones pendientes de esclarecer.
La causa sobre las presuntas maniobras para desacreditar o entorpecer investigaciones judiciales ha colocado al PSOE ante un nuevo frente. La Fiscalía Anticorrupción consideró que existían indicios que justificaban seguir examinando una eventual responsabilidad penal del partido como persona jurídica, pero estimó prematuro solicitar su imputación mientras quedaran diligencias relevantes por practicar.
El juez Pedraz rechazó el 9 de octubre imputar formalmente al PSOE en ese momento, al entender que todavía no existían elementos suficientes para acreditar una conexión objetiva entre los hechos atribuidos a los investigados y la organización política. La distinción es importante: hay una investigación en curso y un debate judicial sobre posibles responsabilidades, pero el partido no ha sido formalmente imputado en ese procedimiento.
La campaña, pendiente de los tribunales
La proximidad de las elecciones convierte cada avance de estas investigaciones en un factor potencialmente relevante para la campaña. La declaración de un responsable policial sobre una llamada ministerial y las denuncias de una antigua alto cargo sobre presiones en la contratación pública obligan a exigir explicaciones allí donde las pruebas las reclamen.
Pero el desenlace político dependerá de lo que se acredite, no solo de la gravedad de las declaraciones. Los tribunales deberán determinar si hubo actuaciones irregulares, quién las promovió y si existieron responsabilidades penales o administrativas.
Para el Gobierno y el PSOE, el problema inmediato es que las distintas investigaciones continúan abiertas y que algunas de las personas que ocuparon puestos de responsabilidad están aportando versiones que comprometen a otros dirigentes o responsables institucionales. Para la Justicia, el reto es comprobar esas afirmaciones con documentación, testimonios y diligencias independientes.
En plena precampaña, la pregunta ya no es únicamente qué ocurrió en cada una de las causas. También es hasta dónde alcanzan las decisiones investigadas y si las pruebas permiten reconstruir una cadena de responsabilidades. Esa respuesta no la decidirán las declaraciones ni la campaña electoral, sino la instrucción judicial.
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