- El Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha incorporado ni un solo avión anfibio propio desde su llegada al poder. La flota estatal se ha reducido, buena parte de las aeronaves supera los 40 años y España ha tenido que recurrir a ayuda internacional mientras ya han ardido más de 1,17 millones de hectáreas durante su mandato.
España afronta una de las campañas de incendios forestales más dramáticas de su historia con una capacidad aérea inferior a la que tenía hace ocho años. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez insiste en señalar el cambio climático como principal explicación de los grandes fuegos y reclama nuevos pactos políticos, la realidad es que la modernización de los medios estatales de extinción continúa siendo una asignatura pendiente después de casi una década de gestión socialista.
Desde que el PSOE llegó a La Moncloa en 2018, el Estado no ha incorporado ningún nuevo avión anfibio de su propiedad para combatir incendios forestales. Lejos de reforzarse, la flota pública ha perdido capacidad operativa.
Actualmente, España dispone de 14 aeronaves anfibias estatales —diez Canadair CL-215T y cuatro Bombardier CL-415— frente a las 18 con las que contaba al comienzo del mandato de Pedro Sánchez. La retirada de cuatro aparatos obsoletos en 2023 ha reducido en torno a un 22% la capacidad de la flota permanente.
La situación es aún más preocupante si se analiza el número de aeronaves realmente disponibles. Según un correo remitido por el Ministerio para la Transición Ecológica a las comunidades autónomas, cuatro aparatos permanecen en reserva y otros tres han quedado fuera de servicio por distintas averías: uno tras impactar con un buitre, otro por la pérdida de una compuerta de carga y un tercero debido a una grieta estructural. En consecuencia, únicamente siete aviones anfibios estatales estaban operativos en plena campaña de incendios.
El contraste con la magnitud de los incendios resulta especialmente llamativo. Entre 2018 y 2025 ardieron algo más de un millón de hectáreas, según los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica. A esa cifra se suman las más de 152.000 hectáreas calcinadas durante el presente año, elevando el balance total del mandato de Pedro Sánchez a más de 1,17 millones de hectáreas arrasadas por el fuego.
En términos de superficie, supone la pérdida de cerca de 11.753 kilómetros cuadrados de terreno, una extensión superior al territorio de la Región de Murcia y equivalente a más del 2% de toda la superficie nacional.
Ni siquiera el propio Ministerio oculta el deterioro de los medios disponibles. En comunicaciones internas reconoce que la flota «es cada vez más antigua» y admite que varias aeronaves superan ya los cuarenta años de servicio, una circunstancia que incrementa el riesgo de averías y limita la capacidad de respuesta en las campañas más exigentes.
Ante este escenario, el Gobierno anunció en 2024 la compra de siete nuevos aviones anfibios DHC-515 dentro de un programa coordinado por la Comisión Europea. Sin embargo, la decisión llegó tarde para responder a las necesidades actuales. Los retrasos en la fabricación impedirán que el primero de esos aparatos llegue a España antes de 2028, mientras que la entrega del último no está prevista hasta 2031.
Tampoco ha prosperado el plan para modernizar la flota existente. El Ministerio canceló el contrato destinado a actualizar once aeronaves CL-215T al detectar que la unión temporal de empresas adjudicataria carecía de la documentación técnica y de las licencias necesarias para ejecutar las modificaciones conforme a las exigencias del fabricante.
La consecuencia de esta falta de renovación ha sido visible durante las últimas semanas. España ha tenido que activar el Mecanismo Europeo de Protección Civil para solicitar apoyo a otros Estados miembros, recibiendo aviones anfibios procedentes de Italia y Grecia para colaborar en la extinción de algunos de los incendios más graves registrados este verano.
Paralelamente, el Ejecutivo continúa recurriendo al alquiler de medios privados para complementar una flota pública claramente envejecida. El último contrato adjudicado para las campañas de 2025, 2026 y 2027 asciende a unos 148 millones de euros y contempla la incorporación temporal de 42 medios aéreos operados por empresas especializadas.
La sucesión de grandes incendios vuelve a abrir un debate incómodo para el Ejecutivo. Más allá de las causas que puedan favorecer la propagación del fuego, la protección del patrimonio natural y de la seguridad de los ciudadanos depende también de la capacidad de previsión de las administraciones públicas. Ocho años después de la llegada del Gobierno de izquierdas al poder, España afronta uno de los peores veranos de incendios con una flota estatal más reducida, más envejecida y obligada a depender, en parte, del auxilio de sus socios europeos.
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