- La titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid da cinco días a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la querella por presunta prevaricación presentada contra la hermana del ministro Óscar Puente
La Justicia estrecha el foco sobre la actuación de Sofía Puente en la aplicación de la denominada «ley de nietos». La titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid ha dado un plazo de cinco días a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la admisión de la querella presentada contra la hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, por un presunto delito de prevaricación administrativa.
La decisión supone un nuevo paso en unas diligencias que el juzgado abrió después de recibir la querella de Hazte Oír. Antes de decidir si la admite a trámite y abre formalmente una investigación penal contra Sofía Puente, la magistrada ha reclamado al Ministerio Público que fije su posición.
La providencia llega después de que el juzgado recibiera el contenido de otras dos actuaciones judiciales anteriores dirigidas contra Puente y que terminaron archivadas. Con esa documentación ya incorporada, la magistrada ha trasladado ahora la cuestión a la Fiscalía.
El contenido de la instrucción, en el centro de la querella
La denuncia presentada por Hazte Oír sitúa el origen del conflicto en la Instrucción de 25 de octubre de 2022, dictada para desarrollar la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática.
La organización sostiene que aquella instrucción habría ampliado por vía administrativa los supuestos previstos por el legislador para acceder a la nacionalidad española. En concreto, cuestiona que determinados españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 pudieran ser considerados exiliados a efectos de la norma sin necesidad de acreditar individualmente que su salida estuvo vinculada a motivos políticos, ideológicos, religiosos o relacionados con su orientación sexual.
Ese es precisamente el núcleo jurídico de la querella: determinar si la instrucción se limitó a interpretar y desarrollar lo dispuesto por la Ley 20/2022 o si, como sostiene la acusación, introdujo una ampliación que excedía el contenido de la norma aprobada por las Cortes.
Hazte Oír sostiene en su escrito que la instrucción habría supuesto una alteración sustancial del mandato legal y atribuye a Puente una actuación deliberada. Es una acusación de parte que deberá ser examinada, en su caso, durante la eventual investigación judicial.
La jueza tendrá que decidir ahora, una vez recibida la posición de la Fiscalía, si admite la querella y transforma estas diligencias en una investigación penal sobre la actuación de la responsable de la instrucción.
La «ley de nietos», también bajo la lupa del Supremo
El procedimiento contra Sofía Puente se produce además en un momento especialmente delicado para la aplicación electoral de la Ley de Memoria Democrática.
El Tribunal Supremo acordó recientemente medidas cautelares sobre determinados efectos electorales de las nacionalizaciones vinculadas a la denominada «ley de nietos», después del recurso presentado por Iustitia Europa. La Sala de lo Contencioso-Administrativo apreció un «peligro fundado, real y serio» para la objetividad y transparencia del proceso electoral y suspendió cautelarmente determinados efectos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) hasta que se resuelva el fondo del procedimiento.
La controversia no afecta, por esta medida cautelar, a la nacionalidad española ya concedida a sus beneficiarios, sino a sus efectos electorales mientras continúa el procedimiento judicial.
La decisión del Supremo ha provocado además un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y el alto tribunal. La Abogacía del Estado ha recurrido la medida y ha defendido que la suspensión vulnera el derecho de sufragio de los afectados, mientras que la Sala sostiene, al acordar la cautelar, que existe una controversia jurídica relevante sobre el alcance de la instrucción de 2022 y sus efectos electorales.
Así, mientras el Supremo mantiene bajo examen judicial las consecuencias electorales de la aplicación de la norma, un juzgado de Madrid debe decidir ahora si abre una investigación penal sobre la actuación administrativa que estuvo en el origen de parte de esa controversia.
El siguiente movimiento queda en manos de la Fiscalía: dispone de cinco días para pronunciarse sobre la querella contra Sofía Puente. Será después cuando la magistrada determine si procede admitirla a trámite y avanzar hacia una investigación penal por el presunto delito de prevaricación administrativa.
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