- El informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea advierte de los escasos avances en la lucha contra la corrupción, exige medidas más eficaces y vuelve a pedir que los jueces elijan a la mayoría de los vocales del CGPJ.
La Comisión Europea ha vuelto a lanzar una seria advertencia a España sobre el deterioro de algunos pilares esenciales del Estado de derecho. En su informe anual sobre la situación de la democracia y la calidad institucional en los Estados miembros, Bruselas considera insuficientes los avances del Gobierno en la lucha contra la corrupción y reclama acelerar las reformas destinadas a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la independencia del Poder Judicial.
Según el documento, el proyecto de Ley de Integridad Pública y el Plan Estatal contra la Corrupción no han producido, hasta el momento, resultados efectivos. Por ello, la Comisión insta al Ejecutivo a implantar medidas concretas que permitan prevenir, investigar y sancionar los casos de corrupción con mayor eficacia. Entre sus principales recomendaciones figura la creación de un organismo supervisor verdaderamente independiente, dotado de competencias reales de investigación y sanción.
El informe también insiste en la necesidad de endurecer la regulación sobre los conflictos de intereses y reforzar las obligaciones de declaración patrimonial de los altos cargos públicos, con el objetivo de incrementar la transparencia y recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Las observaciones de Bruselas llegan en un momento especialmente delicado para el Gobierno. Recientemente, el Tribunal Supremo condenó al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a 24 años y tres meses de prisión por el denominado «caso Mascarillas». En la misma resolución fueron condenados su antiguo asesor, Koldo García, a 19 años y ocho meses de cárcel, y el empresario Víctor de Aldama, a cuatro años y medio de prisión.
A ello se suma la reciente condena de la Audiencia Provincial de Badajoz a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa relacionado con su contratación en la Diputación de Badajoz. La sentencia no es firme y puede ser recurrida. Asimismo, la Audiencia Provincial de Madrid ha avalado que la causa contra Begoña Gómez continúe por el procedimiento del Tribunal del Jurado, dentro de una investigación en la que se analizan presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Se trata de un procedimiento que permanece abierto y sobre el que todavía no existe una resolución definitiva.
Frente a estos procedimientos judiciales, Pedro Sánchez y varios miembros de su Gobierno han sostenido públicamente que las actuaciones dirigidas contra familiares del presidente responderían a una estrategia de lawfare, es decir, a una utilización de la Justicia con fines políticos.
Uno de los aspectos más relevantes del informe europeo vuelve a centrarse en la independencia judicial. La Comisión Europea respalda nuevamente la recomendación formulada por la Comisión de Venecia para que los doce vocales de procedencia judicial del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos directamente por los jueces y magistrados, evitando su designación por el Parlamento. Bruselas considera que esta reforma contribuiría a reforzar la autonomía del órgano de gobierno de los jueces y a fortalecer la confianza en el sistema judicial.
La Comisión sí valora positivamente algunas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, como el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuye al Ministerio Fiscal la instrucción de las causas penales, modelo vigente en la mayoría de los países europeos. También menciona la futura regulación de la acción popular, aunque recuerda que ambas iniciativas permanecen bloqueadas en el Congreso y aún no han sido aprobadas.
El informe también pone el foco sobre otra asignatura pendiente: la regulación de los grupos de presión. Bruselas lamenta que el proyecto de ley destinado a incrementar la transparencia de las actividades de lobby siga sin salir adelante y recuerda que España continúa sin disponer de un registro público obligatorio de lobistas, una medida que la propia Comisión considera prioritaria para reforzar la transparencia institucional.
Las conclusiones del informe europeo suponen un nuevo toque de atención a España en un momento de máxima tensión política e institucional. Para Bruselas, el fortalecimiento del Estado de derecho exige instituciones independientes, mecanismos eficaces contra la corrupción y una Justicia libre de cualquier apariencia de interferencia política. La confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas, subraya el análisis, depende en gran medida de que estos principios se apliquen con rigor y sin excepciones.
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Europa solo ve cuando quiere, cuando le interesa y se da cuenta ahora despues de 8 años de corrupcion total de todos tipos ahora con P.S. , antes la de ZP….no la vio tampoco????
No me digan que no se para d………e, de risa…