18/05/2025 18:52

Finalmente, luego de algunos meses de incertidumbre, se ha solucionado el problema de Muface y, con ello, se ha garantizado la asistencia sanitaria de los funcionarios y de sus familiares, al menos para los próximos tres años. No seré yo el que felicite al ministro de turno, es decir, al ínclito Óscar López, por haber solucionado bien pero tarde, lo que tenía que haber solventado mejor pero antes. Porque lo que voy a intentar demostrar a través de este artículo, es que pertenecer a Muface, algo de lo que yo me honro públicamente, no es un privilegio, sino un derecho. Entremos en materia.

He estado trabajando durante casi cuarenta años como funcionario público, cotizando para Muface, es decir que, en mi nómina, cada mes, me descontaban una cantidad de dinero (la que correspondiera, según la ley), para la Mutualidad, o sea, que no es que la Administración me pague a mí una póliza de seguro privado, pues eso es una cosa muy distinta, sino que yo he pagado para recibir asistencia sanitaria… y lo he hecho durante mucho tiempo. Además, cuando ingresé en la función pública, el 1 de septiembre de 1984, y así adquirí la condición de funcionario, lo hice con la premisa de recibir la asistencia sanitaria a través de una figura administrativa concreta y perfectamente definida, a saber: el mutualismo administrativo. Tengo derecho, pues, a que se mantenga. En jurisprudencia eso se llama un “derecho adquirido” y, si algún abogado lee este artículo, sabe perfectamente a qué me refiero.

Son muchas las mentiras que se han dicho en los meses pasados sobre este tema, pero también se han ocultado algunas verdades, porque molestaban, siendo sobre todo la ministra de Sanidad, Mónica García, la que más cizaña ha sembrado en este asunto, lo cual no debe de extrañarnos, siendo comunista la colega.

Así, conviene recordar que cada mutualista ahorra al Gobierno quinientos euros anuales en lo que a asistencia sanitaria se refiere, pues la gestión privada del sistema de salud ha demostrado ser más eficaz y racional que cuando se hace mediante la gestión pública, por mucho que este dato le moleste a la izquierda. Para corroborar lo dicho anteriormente, conviene recordar aquélla frase lapidaria de la inefable Carmen Calvo que, para nuestra desgracia, fue ministra de España hasta no hace mucho tiempo, la cual (Carmen Calvo, digo), llegó a afirmar que “el dinero público, no es de nadie”, una frase ésta digna de pasar a los anales de la estulticia, pero que a mí me sirve para argumentar la razón por la que Muface supone para el Gobierno un ahorro de dinero bastante considerable. Para comprobarlo, multipliquen ustedes quinientos euros, por los más de dos millones de mutualistas que hay en España (entre Muface, Isfas y Mugeju), y les saldrá una cantidad de dinero nada desdeñable, por lo que resulta obvio deducir que el mutualismo administrativo, más que un privilegio de unos pocos, representa un ahorro para las arcas del Estado que redunda en beneficio de todos los ciudadanos.

Luego está también el tema de los medicamentos, un detalle en el que nadie quiere entrar, pero que se lo recuerdo yo a ustedes. Un pensionista de la Seguridad Social paga por sus medicamentos una cantidad variable, dependiendo de la cuantía de su pensión; hay quienes no pagan absolutamente nada, mientras otros aportan unas cantidades mensuales que, en todo caso, son módicas. Y ahora viene la picaresca, que todos sabemos que existe, pues en España, cada ciudadano lleva a un pícaro dentro. Hay muchas personas que, una vez que han abonado la cantidad que le corresponde al mes por su medicación, retiran de las oficinas de farmacia todos aquéllos fármacos que dé de sí su tarjeta sanitaria, según la prescripción médica, aunque no los necesiten, y así tienen abastecida a toda la familia de aquéllos medicamentos que son de uso habitual.

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Nosotros, los mutualistas, estemos en activo o jubilados, no tenemos tope de aportación, es decir, que siempre abonamos el treinta por ciento del coste de los medicamentos que necesitamos, por lo que cuando nos llega la edad de jubilación, así como las patologías inherentes a los años, destinamos, a gasto farmacéutico, una cantidad importante de nuestro presupuesto, como es mi caso. Pues bien, hasta la presente, ninguno de nosotros ha protestado por esta situación, a todas luces injusta.

Y ya, para ir terminando, conviene reconocer que sí, que en Muface tenemos algunas ventajas, como lo es el hecho de poder elegir a los especialistas (dentro de los que tenemos en nuestro cuadro médico, obviamente), pero en otros aspectos estamos peor que los de la Seguridad Social. Yo mismo, por poner un ejemplo, resido en una ciudad media de la provincia de Jaén, en la que a nivel de atención primaria estamos perfectamente atendidos, incluso en algunas especialidades. Pero cuando hablamos de cirugías o de hospitalizaciones, tenemos que desplazarnos a la capital de la provincia, Jaén, o cuando se trata de algo más delicado, necesitamos ir a Córdoba o a Granada; y yo, por desgracia, sé bien de lo que hablo.

Resumiendo: que pertenecer a Muface no es ningún privilegio, sino un derecho que me he ganado a pulso, y quiero que se me mantenga, sobre todo en medio de esta desquiciada sociedad en la que nos ha tocado vivir, en la que la palabra “derechos” está constantemente en la boca de todo el mundo. Así, los hombres pueden casarse con hombres, y las mujeres, llegado el caso, a hacerlo también con mujeres. Además, los hombres que así lo deseen, tienen derecho a cambiar de sexo, y pasar a ser mujeres; y a la inversa, las mujeres pueden optar por ser hombres, pues también tienen derecho a ello. Y de los animales, mejor no hablar, pues cualquier perro callejero tiene más derechos que las personas, sobre todo muchos más que las personas mayores, que a lo único que tienen ¿derecho? es a morir de soledad en una residencia, si antes no los ha matado el covid o lo que se tercie en cada caso.

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Por eso mismo yo también tengo derecho a ser de Muface y lo hago… a mucha honra.

Autor

Blas Ruiz Carmona
Blas Ruiz Carmona
Blas Ruiz Carmona es de Jaén. Maestro de Educación Primaria y licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación. Tras haber ejercido la docencia durante casi cuarenta años, en diferentes niveles educativos, actualmente está jubilado. Es aficionado a la investigación histórica. Ha ejercido también el periodismo (sobre todo, el de opinión) en diversos medios.
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