Nos vamos hacia la derogación del régimen de 1978. Por José Sierra Pama

Cuando hay corrupción moral en una nación,

su gobierno se desmorona fácilmente.

Proverbios 28, 2

No, querido lector, no estamos inmersos en un proceso de derogación del régimen de 1978. No hay que dejarse llevar por las apariencias que, en primer lugar, suscita un periodismo de enésima categoría y adepto a ‘su’ partido político. Ni tampoco conducirse por los ‘argumentos’ de las oligarquías de los partidos políticos. Siempre tienen una visión parcial e interesada.

En primer lugar, el régimen de 1978 fue volado, como los trenes, el 11-M cuando Aznar quiso realizar una sucesión tranquila en la persona de Rajoy.

Después se desplegaron todas las potencias sombrías de la política: un juicio sobre los atentados que resultó una apariencia de juicio, con pruebas que no respetaron la cadena de custodia, debidamente orquestadas … y unos encausados, finalmente, condenados de ocasión con pruebas que ni siquiera podrían considerarse circunstanciales. Se cerró el hecho con una versión oficial (e histórica). Punto final.

¿Qué pasó con el autor ideológico de esos dramáticos hechos? Desaparecido.

¿Qué pasó con quien se aprovechó de esos luctuosos hechos ocultando al autor real, mediante una afrentosa alteración de pruebas judiciales y arteras manipulaciones de servicios de inteligencia y mediáticas, para obtener una ventaja electoral?

La justicia se doblegó, por fin, a las aspiraciones de dominio del orden político.

En segundo lugar, al margen de los intereses generales y de una población inane y ciega, desde 2011 se vive en España un nuevo acomodo del sistema de partidos políticos a la realidad de una pluralidad que siempre ha existido pero que en estos momentos requiere una remodelación en profundidad definiendo qué puede expoliarse y a quién pertenecen los territorios de expoliación perimetrados así como el grado permitido de corrupción y de latrocinio.

La cuestión es sencilla: quien recauda y quien gasta. Ese ámbito de la expoliación y del reparto (o gasto) no ha de dejado de crecer desde 1978 (en paralelo con la deuda pública, lo que constituye la medida del hambre expoliadora).

No, no estamos ante en un proceso de derogación de lo que ha dejado de existir desde hace más de una década: el régimen constitucional de 1978. La cuestión actual es remodelar el sistema de corrupción asociado al sistema de los partidos políticos (nacionales y regionales).

La apariencia que nos cuenta el periodismo y los medios de comunicación, en general, dibuja un escenario sorprendente: vienen a contarnos que unos, las minorías etnicistas, pretenden separarse de España. Es completamente falso (en 2017 tuvieron su ocasión y rehusaron). Al esquilmador siempre le interesa tener una presa fácil y sumisa a la que poder expoliar fácilmente. El esquilmador, el político etnicista, por ejemplo, dejaría de existir en el preciso momento en que ya no disponga de una presa apropiada con complejo de culpa. Lo que debemos traducir como aquello que recibe de quienes controlan los presupuestos generales del Estado y de aquello que esquilma, mediante sus tributos propios, a sus siervos en su territorio de exclusiva competencia. Todo lo demás son pamplinas y desvía la atención sobre lo principal: el dinero y el poder que genera y los movimientos, internos y externo, que produce.

Lo que se convierte, en términos de política interna, en discusiones a veces acaloradas entre esos grupos políticos concurrentes:

-Quién ostenta la potestad de recaudar los impuestos principales (pero también quién elabora nuevos impuestos) y, sobre todo, quién tiene competencia administrativa para esas funciones;

-Y, por último, claro, cómo se reparte y quien ha de gastar.

No debemos olvidar una circunstancia primaria: los partidos políticos, todos, han tomado los órganos de representación de todas las instituciones claves y de la alta dirección de la administración del Estado. En toda esa red de intereses integrados, de recaudación y de gasto, esencial para un Estado (más aún, es lo que define un Estado) radican enormes ventajas que deriva de la arbitrariedad de los partidos políticos, la corrupción, que desde hace tiempo resulta completamente inmune a la acción judicial.

En tercer lugar, el problema se origina cuando el presidente del partido político de gobierno, entonces en la región catalana, Artur Mas, nada menos exigió al gobierno de Rajoy más competencias en plena crisis, lo que debía traducirse en más recursos financieros donde medra una buena parte del parasitismo político y económico de El Principado.

La crisis de 2008 hizo auténticos estragos en la merma de los ingresos regulares que procedían del presupuesto público de la Generalidad. Se trata de un presupuesto de gasto que alimenta inmensos sectores esquilmadores de los ámbitos de la obra pública, de los medios de comunicación, de las políticas ‘sociales’, de las instancias educativas, del sector de funcionarios, de las políticas industriales, etcétera. Mas quiso más.

La cuestión esencial, pues, ha sido el cuestionamiento político de las formas de redistribución imperantes desde entonces. Redistribución que es un eufemismo y que debe entenderse, correctamente, como aquella forma de corrupción consistente en destinar las rentas robadas (los impuestos) a finalidades que proporcionan ingresos fabulosos a sectores de los intereses privados (subvenciones, ayudas, licitaciones, etcétera) o para mantener incólume un entramado, dentro de la propia administración pública y de la sociedad civil regional, que se retroalimenta con fines de adhesión política o ideológica. El problema fue y sigue siendo cuantitativo: quiero más.

¿Qué ha tenido que suceder para que, en un momento determinado, todo el esquema que operaba anteriormente exigiera una drástica restructuración? Creo que debemos atender a la aparición de dos hechos esenciales:

-El funcionamiento de las mayorías absolutas, definitivamente, no opera. Por tanto, las exigencias de una nueva redistribución, cualitativa y cuantitativa, se impone por quienes han sido los perceptores, hasta ese momento, de segundo orden. Aspiran ahora igualar a los del primer orden (los partidos nacionales fundamentales).

Esta circunstancia hace que el sistema de negociación entre los principales partidos nacionales y los partidos étnicos cambien por completo. Antes los acuerdos se basaban en la cesión total o parcial de competencias estatales a las regiones. Sin embargo, ahora, nos encontramos con exigencias estratégicas de los partidos étnicos que desbordan el marco de la transacción en materia de competencias.

Por lo que debería de extremarse o limitarse el contenido de la cesión puramente política que constituye el diseño y la estructura actual del Estado: si ahora una de las partes da todo para negociar algo con la otra parte, después ya no quedará nada para negociar. Por esa nueva vía, seguramente, podría plantearse una transformación de la estructura jurídico-política del Estado. Es decir el rediseño del Estado, su transformación interna, derivaría de la necesidad de remodelación de las formas de corrupción de las minorías políticas internas que compiten dentro del marco del Estado que, de consuno, apuestan por un nuevo pacto político total.

-Pero se ha producido otro acontecimiento trágico, no para los españoles, sino para el Estado que resulta ser expresión de la destrucción de la nación: la política ha neutralizado la instancia judicial, mejor dicho, generalizando, la instancia política ha subordinado todas las demás instancia del Estado a su única y exclusiva dimensión de poder y sujeción.

La amnistía, en ese sentido, es un debate estéril porque en política desde hace tiempo todo es posible. Pero nos coloca ante una situación antológica para discernir cómo son los conflictos entre minorías políticas que se expresa en sus debates y que nos proporcionan las diferencias entre los distintos partidos políticos que juegan en el sistema.

Todo lo que hagan esas minorías políticas en conflicto (las nacionales y la regionales) buscan siempre mantener las apariencias… estamos hablando de un sistema de partidos políticos corrupto e instalado en el seno de la organización del Estado y que está en proceso de remodelación. Eso es todo. Y quienes han sido castigados por su ambición desmesurada (los etnicistas catalanes como consecuencia del reto de 2017) exigen ahora que se les excuse y se les devuelva todo lo que han perdido. Es fácil de entender pero inadmisible. Eso, y no otra cosa, constituye el contenido específico y central de la amnistía que reclaman: el perdón entre iguales.

He leído la propuesta de la ley de amnistía presentada por los partidos políticos etnicistas de Cataluña en el Congreso de Diputados. Estas son las ideas que me han evocado sus argumentos, los conceptos que usan, sus anacolutos insufribles y sus excesos demenciales (hay políticos que, ciertamente, son carne de psiquiátrico):

1.- No hay conflicto político ni en Cataluña ni en las Vascongadas: unas minorías -expresadas en partidos políticos étnicos- pretenden imponer al resto de minorías políticas sus principios, sus valores y su catálogo de lo bueno y de lo malo. Y, claro, esto siempre ha sido lo esencial: cómo hacerse con el dinero de los impuestos y cómo gastarlo.

Como invención, el conflicto político, solo se produce entre sus protagonistas propios: los partidos políticos son los únicos protagonistas de esa escena y deben dar credibilidad a sus ideologías. La masa, normalmente, vive al margen de esos supuestos conflictos (que suelen limitarse a quien cobra los impuestos y quien decide cómo gastarlos).

Es cierto que, en ocasiones, se produce el contagio de ‘ideologías étnicas’ hacia parte de la población del territorio pero que no son más que simples instrumentos ‘sociológicos’ para alcanzar objetivos políticos (como, en su día, lo fueron los sindicatos de clase).

Las revoluciones nunca se han producido por la movilización de las masas. Otorgar credibilidad a lo contrario de ese aserto fue, a Dios gracias, el gran error capital de ETA: creer, estratégicamente, que el terrorismo haría tomar conciencia a las masas de su ‘esclavitud nacional’ y que se rebelarían. De hecho son las minorías activas quienes ‘producen’ las revoluciones movilizando marcialmente a una parte de la población. ETA desapareció en aquel momento en el que la política ‘patriótica’ -organizada en partido político- desplazó o desechó la lucha armada por innecesaria (hasta su disolución, el terrorismo fue el centro y la prioridad frente a una acción política subordinada). Zapatero no lo ha entendido.

La última revolución, en el año 2017, la revolución étnico-nacionalista en Cataluña, estuvo siempre y en todo momento tomada o mediatizada por sus medios de comunicación. Fue una revolución mediática. Esa revolución, conforme con el final de los tiempos analógicos, no fue más que un efecto mas-mediático impulsado y proyectado por una minoría política dirigente que hizo valer sus ‘pagos y sus corruptelas’ a todos los que participaron en ese espectáculo.

Más aún: todo en esa revuelta de polichinela no fue más que una enorme performance que creó una impresionante apariencia colectiva: la de un solo pueblo que aspiraba a su libertad (¿?). En realidad todo se limitó a la retransmisión mediática de escenas seleccionadas (en muchas ocasiones ridículas) para sugestionar y crear la sensación de poder y de fuerza para forzar un acuerdo con otras minorías políticas (nacionales) que finalmente no se produjo.

¿Qué se discutía, en realidad, con esa escenificación: la independencia, que duró 8 segundos después de ser proclamada, o, en los términos de una parte del conflicto, ‘un encaje de Cataluña en el Estado español’, es decir el chantaje de reclamar más dinero público, mucho más del que hasta ese momento gestionaba el gobierno étnico de la región? La cuestión estuvo y debe estar clara, porque eso del heroísmo es pura sugestión de supremacistas que, una vez más, quieren convertir una derrota (mediática en esta ocasión) en un culto de adoración a la patria… cuando no es más que una cuestión de dinero. Fanáticos.

Ni protagonistas ni adeptos lo entendieron entonces: si te descubren el juego, como ocurrió con ese coitus interruptus de la declaración de independencia fallida, estás muerto. Y ahora, más muerto que vivo, sales a los focos mediáticos no como delincuente sino a modo de cadáver político que, como el Cid, quisiera alcanzar su última victoria.

2.- Cataluña no es una existencia ontológica sino aquello que resulta y se proyecta como resultado de una ficción o apariencia por parte de quienes suscitan un hipotético conflicto político. Es decir, antes del supuesto conflicto, no existía Cataluña ni como nación ni como comunidad étnica diferenciada.

En cualquier caso, dentro del ámbito territorial definido, ciertamente, no estamos en un espacio homogéneo. Concurren diferentes poblaciones de extracciones y orígenes diversos que viven en él, pululan notables disensiones ideologías, proliferación de posiciones políticas, diferencias patrimoniales y laborales, enormes distancias en los modelos de existir y de concebir la existencia, dos lenguas principales junto una pluralidad de lenguas menores procedentes de los cinco continentes, infinidad de religiones y credos, etcétera.

En ese ámbito no homogéneo la expresión “la mayoría del pueblo” que anhela su libertad y la autodeterminación, ahora la amnistía, como se emplea en la propuesta de ley de amnistía, debe entenderse como una solemne tontería, una expresión arbitraria y delirante de una minoría política. Esas aspiraciones, supuestamente colectivas, en el fondo, no son más que aspiraciones particulares de una minoría política que confunde la parte con el todo (la tiranía de los conceptos que parecen cobrar vida propia en los discursos muertos de estos supremacistas).

3.- El texto sobre la propuesta de ley para la amnistía, es evidente, solo es claro para que sea entendido por juristas y políticos. Aquí debemos apuntar estas notas:

-Es una propuesta de ley de políticos para políticos.

-Elude la cuestión esencial: el indulto sería reconocer que se ha producido el delito pero se te perdona, se te exime de cumplir la pena. Pero con la amnistía, a diferencia del indulto, se parte de que con el hecho ejecutado no hubo delito y las consecuencias de todo orden (civiles, administrativas, penales, etcétera) del mismo deben ser revertidas.

-La amnistía lleva implícito admitir a fortiori que el Estado actuó como un delincuente y que los políticos que cometieron actos criminales no lo eran.

-Se admite que el político criminal pueda otorgar a sus hechos delictivos su propia exención de responsabilidad penal. Lo que nos conduce a la impunidad de unos privilegiados, los políticos, que poco les importa quebrar, por vía de la excepción, el principio de igualdad ante la ley, esencial para todo Estado de Derecho. Lo que nos retrotrae a la época del ‘antiguo régimen absolutista’.

-Para los partidos políticos étnicos no existe división de poderes y toda instancia del Estado debe estar subordinada a la instancia política donde se define el bien y el mal, lo penable y lo no penable, lo que debe hacerse o lo que no… es decir, la concepción del principio de la política como fuente última de cualquier legitimidad divina y humana. La política entendida como la nueva divinidad y el demiurgo del mundo humano.

Esto último, seguramente, constituye la cuestión clave para entender lo que está sucediendo desde hace más de una década, puesto que todos los partidos políticos del sistema han conseguido, de facto y de iure, subordinar todas las restantes instancias del Estado a la regimentación del orden político. Lo que nos conduce directamente a la impunidad política llevada al extremo de la tiranía absoluta, es decir a la arbitrariedad, a la ausencia de todo control, a la autonomía, dentro del Estado, de la instancia política.

Estamos, pues, en una situación en la que ese terremoto político, la primacía de lo político, tiene ahora su hipocentro en el lugar donde todas estructuras de expolio y de corrupción buscan reconfigurarse: el seísmo pretende reordenar el espacio de latrocinio de los partidos políticos y, en su consecuencia, también el privado (donde cierta hegemonía electoral les proporciona el concreto porcentaje de participación en el robo y en la gestión posterior). Se trata de establecer unas nuevas reglas comunes para todos los partidos políticos: que ya no debería haber diferencias, salvo las proporcionales (según criterios imponderables en estos momentos) en el beneficio de los privilegios y en los repartos de rentas entre los partidos nacionales y los regionales.

Es normal, por lo demás, que unas minorías sean más chillonas que otras. Eso siempre se ha dado, desde los tiempos de Pujol. Por eso los acontecimientos que observamos NO tienen por finalidad acabar con el régimen del 78 (está muerto desde el 11-M) sino refundar su aparato de corrupción bajo nuevas bases.

Una vez desaparecida, dentro del sistema de representación, la mayoría absoluta y alcanzado el umbral de la primacía de lo política, la exigencia de quienes no quieren seguir siendo segundones en el reparto dentro del sistema de los partidos políticos, es restructurar el modo, la forma y el porcentaje del reparto: renovar y reequilibrar las estructuras corruptas y de latrocinio. Objetivo al que puede aspirarse sin objeciones, sin limitaciones, imponiendo cualquier ordenación de las estructuras de poder porque, a estas alturas, está perfectamente consumado el dominio de la política sobre las restantes instancia del Estado.

El alcance, pues, de todas estas transformaciones afectan, sin duda, no solo a la instancia política sino que abarcan también aquél ámbito donde obtiene su ‘representación y legitimidad’, o sea en la población convertida en recurso electoral buscando su condicionamiento (en el universo prolijo de las ideologías y en el ejercicio de las prácticas de adhesión; al fin y al cabo las diversas políticas se han convertido en credos cuasi religiosos).

Estamos, por tanto, ante una serie encadenada de experimentaciones antropológicas que buscan crear una nueva ‘humanidad’ que resulta irresistible frente a las innovaciones tecnológicas y que se han convertido en la prioridad del nuevo modelo político.

Modelo político donde convergen la agencia 2030 y las aspiraciones estratégicas de la oligarquía burocrática de la Unión Europea.

Modelo político que, en su más elevada expresión, define lo humano como regido por una subjetividad total, una información pura, una desacralización completa y un universo artificial y virtual, en una estructura en red dominada por la razón de la máquina.

La política, pues, tiene un único límite que está fuera de su esfera, aquel que le impone el orden tecnológico puesto que este modela, la materia y el espíritu, y proporciona a aquel los principios de su acción colectiva que debe ejecutar sobre una población definitivamente convertida en recurso en todos los planos de la existencia: sexualidad, alimentación, ocio, conducta, pensamiento, salud, formación o educación, vida/muerte, intrascendencia, mitos/ideologías, sistema monetario, industria, producción y comercio, consumo, ecologismo, clima, etcétera.

Esto parece no tener fin y se nos presenta como un uróboros.

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Redacción

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