23J. Mucho más que unas elecciones Generales (3/3). Por Enrique Miguel Sánchez Motos

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En este artículo final de esta serie, señalo algunas de las actuaciones políticas principales que, en el periodo más reciente desde el presidente Zapatero, han tensionado dramáticamente la situación política de España. Después, hago propuestas básicas de cambio que considero urgentes e importantes de ser tenidas en cuenta en las elecciones generales del 23J a efectos de dar el voto a un partido u otro.

Los graves problemas políticos actuales se gestaron e intensificaron desde la llegada de Zapatero al poder en abril de 2004 y de Sánchez en junio de 2018. Entre ambos, desde diciembre 2011 a junio 2018, estuvo Rajoy que no supo ver la carga ideológica explosiva que le había dejado sembrada su antecesor Zapatero y que no usó la mayoría absoluta de su primera legislatura para reconducirlos.

El presidente Zapatero, nacido en 1960, y que por tanto no había vivido la Transición, mostró pronto que su famoso talante estaba lleno de fanatismo marxista. Llegó al poder inesperadamente, tras los misteriosos atentados del 11M y reabrió el tema de las dos Españas irreconciliables, que parecía ya superado por la Transición. Sus actuaciones inmediatas fueron radicales: “cordón sanitario” al PP; suspensión y eliminación inmediata del Plan Hidrológico Nacional, que había puesto en marcha Aznar; derogación inmediata de la Ley de Educación del PP que no llegó a entrar en vigor; negociaciones con ETA que la reavivaron, haciéndoles concesiones, antes impensables, que resultaban incoherentes con la felicitación que Zapatero envió a Obama por la “operación antiterrorista que ha conducido a la muerte de Osama bin Laden”; ley de Memoria Histórica, que echaba por tierra las leyes de Amnistía y que reabría el enfrentamiento guerracivilista, antiamericanismo rancio, etc.

Afortunadamente, su fracasada política económica dio paso, tras siete años de gobierno, a Rajoy que había obtenido una mayoría absoluta de 186 diputados. Fue un presidente amable, pero sin visión de Estado. Hizo una gestión económica correcta pero no supo ver que la política no es sólo economía y mucho menos tras el “zapaterazo” ideológico. No creyó necesario intervenir con contundencia derogando la ley de Memoria Histórica; retomando el Plan Hidrológico Nacional; frenando la “normalización lingüística” que no pretende otra cosa que eliminar el español; volviendo a poner la ley de Educación que había aprobado Aznar; resolviendo el caso de la Gürtel; atacando firmemente los ERE del PSOE; enfrentándose a la herencia zapaterista de negociación con ETA y al efecto de la doctrina Parot; garantizando la independencia del Poder Judicial, etc.

La guinda de su falta de visión de Estado la puso Rajoy cuando no fue capaz de aplicar, con energía y por el tiempo que fuera necesario, el 155 que le autorizó el Senado, tras el golpe de estado que dio la Generalitat de Cataluña en octubre de 2017.

No supo ver la necesidad y urgencia de revertir las políticas ideológicas erradas de su predecesor, incluida la reforma del Estatuto de Cataluña que ni siquiera habían solicitado los propios catalanes. Se vanagloriaba de haberse contentado con dejar sin presupuesto los programas de ejecución y desarrollo de la ley de Memoria Histórica en lugar de derogarla. Su fracaso político quedó de manifiesto en su debate con Sánchez cuando este le atacó personalmente, tildándolo de indecente, ante lo cual el presidente Rajoy, con toda la información del caso de los ERE en sus manos, no supo ni siquiera replicarle.

Su fracaso, dio lugar a la llegada del presidente Sánchez, que hizo para alcanzar y mantenerse en el poder, una demostración de todo lo que el socialismo marxista es capaz de hacer, incumpliendo sus ya conocidos, y Youtubeados, compromisos en campaña electoral, “con Podemos no podría dormir tranquilo, nunca haré acuerdos con los separatistas, ni mucho menos con los comunistas ni filoetarras, fue un delito de rebelión, no daré indultos a los independentistas, no cederé al independentismo”, “con Bildu no vamos a pactar” “recuperaremos la neutralidad y el prestigio de las instituciones”.

Tan intensa ha sido la política anti española y anti constitucional de Sánchez que algunas de las viejas glorias del PSOE, como Leguina, Guerra, González, etc. lo han descalificado públicamente, pero sin que, hasta el momento, haya surgido en el partido ninguna línea de oposición, por aquello de que “quien se mueve no sale en la foto”. Puede que surja tras su previsible, pero no segura, derrota electoral el 23J. ¡Quién sabe si entonces el PSOE sería capaz de abandonar el marxismo que ha retomado en la práctica a nivel nacional e internacional, a pesar de que, en 1979, debido a la exigencia de Felipe González, el partido lo eliminó de sus estatutos!

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Por ello ha llegado el momento de la POLÍTICA, con mayúsculas, dejando el chalaneo y el oportunismo, porque España se nos va entre los dedos. La primera urgencia consiste en apuntalar la Constitución resaltando sus aspectos claves, los pilares en que se sostiene y los instrumentos de que dispone para reconducirse. Hay que recuperar, con persistencia y firmeza, los objetivos que establece nuestra Constitución en su preámbulo, con especial referencia al logro de “la convivencia democrática”.

Centrémonos por razones de brevedad en sus tres primeros artículos. Hay que lograr que España sea un Estado de Derecho, como establece el artículo 1, para lo cual es imprescindible la separación de los tres poderes, empezando por garantizar la independencia del Poder Judicial, haciendo que el Consejo General del Poder Judicial sea elegido mayoritariamente por los propios jueces. Pero hay que ir más lejos. Visto lo que ha ocurrido, no cabe dejar que siga habiendo puertas giratorias entre el Judicial y el Legislativo y el Ejecutivo. Esto exigiría modificar el artículo 127 de la Constitución de forma que todo Fiscal o Magistrado que, salvo casos muy tasados, pase a ocupar un puesto en el Ejecutivo o Legislativo, deba renunciar definitivamente a su reingreso en la carrera judicial o fiscal. No obstante, cabe explorar fórmulas para que esto se pueda hacer con urgencia sin necesidad de reforma constitucional, mediante cambios en la LOPJ o en la ley de Incompatibilidades.

Igualmente, hay que dejar muy claro, ya lo dijo Tamanes en la reciente moción de censura, que en España no hay 17 soberanías sino una sola, la soberanía del pueblo español y una historia de España común y no 17 distintas. Para que esto se haga realidad existen instrumentos constitucionales que, cuando sea necesario, tendrán que aplicarse, tales como las leyes de armonización del 150.3 y el 155.

La Constitución reconoce en su artículo 2 señala que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española”, lo cual debe quedar claro a nivel nacional e internacional, no sólo en signos, como por ejemplo la bandera y el uso del adjetivo nacional, sino sobre todo en contenidos. Son necesarias políticas que fomenten la cohesión nacional e interterritorial. Cabría, por ejemplo, crear un Servicio Nacional Voluntario, con una doble vertiente civil o militar. Igualmente es obvio que hay que cerrar las Embajadas de las CC.AA en el exterior, cosa que ya hizo Rajoy con su 155. Una cosa son oficinas turísticas, que en todo caso deben estar bajo la coordinación y dirección de la Embajada de España, y otra muy distinta son las “embajadas” que muchas veces hacen una política antinacional.

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La lengua común española, como señala el artículo 3, es el castellano que debe ser lengua vehicular en toda España. A quien le pueda escandalizar esto hay que recordarle que incluso la Constitución de la República de 1931 establecía en su artículo 4 que “Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional” lo que se reforzaba en su artículo 50 con la siguiente disposición “Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas, de acuerdo con las facultades que se concedan en sus Estatutos. Es obligatorio el estudio de la lengua castellana, y ésta se usará también como instrumento de enseñanza en todos los centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas. El Estado podrá mantener o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial de la República. El Estado ejercerá la suprema inspección en todo el territorio nacional pata asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este artículo”

Por cierto, como ejemplo de convivencia cabe regular, mediante leyes de armonización, que en los territorios donde exista una lengua oficial además del castellano, se rotulen en esa lengua, en la parte derecha de la calle o plaza, los indicativos de “carrer”, “avingudas” etc, mientras que en la parte izquierda se pongan en castellano “calle” “avenida” etc. Sin esperar a que el gobierno promueva leyes de armonización, cabe perfectamente que de forma voluntaria las CC.AA gobernadas por el PP y VOX se pongan de acuerdo para establecer este tipo de justas normas de convivencia a la mayor brevedad, que después puedan extenderse al resto de las Comunidades Autónomas, donde fuera necesario. La lengua debe ser un instrumento de unión, y así ocurre en el día a día de los ciudadanos en la gran mayoría de casos. No cabe tolerar que sea un instrumento, de separación, imposición y discriminación.

En suma, lo principal, lo más urgente, es corregir el camino de desintegración de España, al que han llevado las políticas de Zapatero y Sánchez. Hay que volver a retomar el espíritu de reconciliación de la Transición y recrear la España unida y solidaria que pretendía la Constitución de 1978. Si no se hace así el nivel de conflicto aumentará. Estas elecciones no son unas meras Generales sino unas elecciones Nacionales.