|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Estimados lectores:
Hoy he disparado otra larga ráfaga con la “MG-42” (mi computadora). Tengo “el cañón echando humo” de escribir a todos los fiscales de España, enviándoles el escrito que reproduzco más abajo, junto con copia del documento en el que el Ministerio de Sanidad reconoce carecer de pruebas científicas de la existencia del virus del gamusino. https://www.eldiestro.es/wp-content/uploads/2021/09/RESPUESTA-MINISTERIO-DE-SANIDAD.pdf
¿Cumplirán los fiscales su deber para con quienes les pagamos el sueldo, u obedecerán a quienes firman la nómina? ¿Habrá alguno con un resquicio de vergüenza torera?
Se admiten apuestas.
AL FISCAL JEFE DEL TSJ/ÁREA/PROVINCIA
(Mis datos personales)
Que adjunto al presente escrito copia del documento emitido por la Directora General de Salud Pública, Dª María Pilar Aparicio Azcárraga, firmado el 8 de septiembre de 2021, en el que, entre otras cosas, afirma que “El Ministerio de Sanidad no dispone de cultivo de sars-cov-2 para ensayos y no tiene un registro de los laboratorios con capacidad de cultivo y aislamiento para ensayos”.
Como todos los fiscales han hecho el bachiller, me ahorro explicar lo que son los protocolos de Koch (el sentido común aplicado a la medicina), a cuya luz el contenido de este escrito significa que el Ministerio de Sanidad carece de la mínima constancia científica que acredite la existencia del supuesto virus sars-cov-2, y como consecuencia, de la correlación entre este supuesto virus y la enfermedad llamada “covid-19”.
Por si alguno no los recuerda, adjunto enlace donde leerlos: https://es.wikipedia.org/wiki/Postulados_de_Koch
Si un ciudadano del común, como yo, ha conseguido obtener este documento, es imposible que ninguna autoridad o funcionario relacionado directa o indirectamente con las “medidas covid” (todos, en realidad) pueda hacerse el tonto o ignorante al respecto, porque las sospechas de que el famoso virus podría no existir surgieron desde el primer momento, eso sí, en círculos convenientemente desacreditados con apelativos peyorativos. La ley de Transparencia es para todos.
Respecto a este documento sólo caben dos posibilidades: o es cierto o es falso. Si fuese falso, la firmante habría cometido un delito de falsedad en documento público, muy grave además, por las repercusiones que tiene el asunto tratado. Téngase en cuenta que el Ministerio de Sanidad (en el que trabaja la señora Aparicio), especialmente a través del Instituto de Salud Carlos III, afirma haber invertido decenas de millones de euros en investigar el virus, así como tratamientos y vacunas para él. Si, como dice Dª Pilar, no se ha alcanzado el primer e indispensable paso en esa investigación, todo lo demás es humo. Malversación de caudales públicos y falsedad.
Pero es que Dª Pilar, en fechas muy próximas a la firma de este documento, aportó al Tribunal Constitucional un informe que, forzosa y necesariamente debe decir cosa contraria. O miente en este documento, o miente en el informe aportado al T.C.(delito contra la administración de justicia).
La Sentencia del Tribunal Constitucional 148/2021 (BOE de 31 de julio de 2021) en su antecedente 5.b.pfo.2º (pag. BOE 93.569), dice literalmente «cada una de las medidas contempladas en los reales decretos tiene por objeto evitar la extensión y contagio de la enfermedad, lo que se acredita mediante el informe que se acompaña, emitido por la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, donde se incluyen los criterios científicos sobre los que se han asentado las medidas adoptadas, tanto la declaración de estado de alarma como las medidas de confinamiento, que han sido imprescindibles para evitar la propagación de la enfermedad y el garantizar el correcto funcionamiento del sistema sanitario nacional.»
Infinitas medidas prohibitivas, imperativas y restrictivas que sufrimos los españoles desde hace más de 3 años, se basan, supuestamente, en la necesidad de proteger a la población, incluso contra su voluntad (infringiendo los arts. 2 y 5 del Convenio de Oviedo), de la propagación de ese supuesto agente patógeno que, nos dijeron nuestras autoridades y todos los medios de comunicación (debidamente subvencionados, cabe añadir), amenazaba nuestra vida y nuestra salud.
Arrestos domiciliarios declarados inconstitucionales, cierre de establecimientos comerciales, industriales, sanitarios y educativos, prohibiciones a la libre circulación, también declaradas inconstitucionales, obligatoriedad de portar mascarilla, inoculación compulsiva y coactiva de una sustancia experimental muy peligrosa (lo dicen las propias fichas técnicas, para quien las quiera leer), limitaciones al movimiento de quien no obtuviese el certificado que acredita que se ha pasado por el aro de la inoculación, y así hasta el infinito de la irracionalidad y la ilegalidad. Y todo sostenido por una infame y nauseabunda campaña de propaganda (pagada con dinero público en gran parte) para convencernos de la existencia de un virus peligrosísimo, que nadie ha conseguido aislar y cultivar. En suma, un dogma científico –el summum del oxímoron-.
Si el contenido del documento fuese cierto, resulta que los españoles llevamos más de tres años “cazando gamusinos”. Pero es que esta caza ha demostrado ser el deporte más peligroso conocido, porque probablemente lleve ya más de 100.000 muertos, entre protocolos médicos irracionales y criminales, suicidios por depresión y desesperación y “efectos secundarios” de las vacunas que nos deben proteger del virus que no existe científicamente (sólo existe mediáticamente).
Les recuerdo que el 14 de marzo de 2020 (¿se acuerdan de ese día tan negro?) estaban contabilizados con la equívoca etiqueta de “muertos covid” 136 personas (cifras oficiales del Ministerio de Sanidad). Dos años antes la gripe común mató a 15.000 personas, colapsó los hospitales con 52.000 ingresos, y enfermó a 800.000 personas. Y nadie se despeinó.
En suma, que no fue un número excesivo de muertos lo que obligó a adoptar medidas ilegales e irracionales. Fueron esas medidas ilegales e irracionales las que causaron el exceso de muertos.
Así las cosas, si ese documento dice la verdad, es absolutamente seguro que se han cometido por los poderes legislativo y ejecutivo un ingente número de delitos de los tipificados en el Código Penal, incluyendo falsedad en todo documento oficial que mencione al virus, prevaricación en todas las medidas adoptadas, malversación de caudales públicos en los presupuestos destinados a esas medidas, y así un largo etcétera. Porque todas las medidas incurren en una evidente arbitrariedad (arts. 9 C.E. y 4 Ley 40/2015), y con ella en una prevaricación. De ser cierto el contenido del documento, nunca en la historia se habría cometido crimen de mayores dimensiones.
De acuerdo a lo dispuesto en el art. 541 de la L.O.P.J. y la Ley 50/1981 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la obligación de los fiscales es “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.” Estas normas no especifican si las violaciones a la legalidad y los derechos de los ciudadanos los comete un ciudadano normal o una autoridad en el ejercicio de sus funciones.
Por lo expuesto SOLICITO se facilite copia de este escrito y del documento anexo a todos los fiscales del departamento, para su ilustración y conocimiento, se investigue la posible veracidad o falsedad del documento adjunto, y en cualquiera de ambos casos se investiguen y persigan los delitos que forzosamente se han cometido y a quienes los hayan cometido, se procure la reparación a las víctimas, y se restablezca el imperio de la ley.
A 14 de mayo de 2023.
Autor
- Guerrillero insurgente. El sistema lo describe como negacionista, conspiranoico, anticientífico, egoísta e insolidario. Él se cisca en el sistema y no ceja esfuerzos para derribarlo. No usa trabuco, pero a su ordenador lo llama “La MG-42”.
Últimas entradas
Actualidad18/11/2024Denunciado por homicidio, y otros delitos, el general jefe de la UME. Por Galo Dabouza
Actualidad13/11/2024Crimen de la Dana: Soldado Español: cumple con tu Deber y denuncia. Por Galo Dabouza
Actualidad11/11/2024¿Tirar donaciones para damnificados de la Dana de Valencia?… Denunciado el alcalde de Alfafar por delito de estragos. Por Galo Dabouza
Actualidad10/11/2024Un general desalmado al frente de la UME. Por Galo Dabouza
Los fiscales son funcionarios, cobran un buen sueldo, y lo único que quieren, como «buenos» funcionarios, es trabajar lo menos posible.
Esa es la triste y dura realidad.
Hay añguna excepción, por supuesto, pero son los menos…
Muy bueno, espero que mas gente lo haga.