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8 de marzo. Día… ¿De quién? ¿De la mujer? ¿De qué mujer?
¿De la biológica, que es mujer por naturaleza y cromosomas, o de la que lo es por la “ley Trans” y el registro civil? ¿De nuestras madres o abuelas que orgullosas parieron familias y construyeron hogares, o de las que elevan a derecho el de matar las vidas no natas tras llegar a casa “solas y borrachas”? ¿De las mujeres heterosexuales que ven al hombre como su diferente pero complementario, o de las del lesbianismo irredento y resentido que ve en el sexo con el hombre la opresión y proponen el odio al varón blanco, la esterilidad y la masturbación como recetas “liberadoras”?
El 8M es el día grande de la aberración, de la ingeniería social y de las formaciones políticas gubernamentales PSOE y Podemos.
Formaciones políticas cuyas vitolas en 2023 son la excarcelación masiva de violadores, la aprobación de la ley “Trans” destructora de la mujer y corrompedora de niños, y el crimen legalizado del aborto cuyos resultados de asesinato son de al menos una mitad de mujeres inocentes abatidas en seno materno.
Es el día del aquelarre callejero “friki” donde se enarbolan como cuestiones de “Estado” temas como la potenciación de la masturbación femenina frente a la “patriarcal” penetración masculina; el debate sobre sexo con menstruación; o los 573 millones de euros para un Ministerio, el de Irene Montero, donde se gastan – entre otras partidas- 2 millones de euros en la campaña del “hombre blandengue” contra la “masculinidad tóxica”.
Esta porquería ideológica y sectaria representa las celebraciones del 8M donde personas instrumentalizadas, apesebradas o fanatizadas acuden este año no sólo a celebrar la aberración sino a hacernos rememorar al resto -a las personas normales de esta nación que deploramos de esta suciedad-, la orgía de muertos, contagiados e infectados por Covid 19 que un 8 de marzo de 2020 produjeron las 480 manifestaciones feministas que, ocultando once informes de alerta sanitaria, fueron convocadas en España por los partidos de izquierdas PSOE y Podemos para llenar, horas después, todos los hospitales de muerte y desolación.
Contra los que relacionan al repugnante “feminismo hembrista”, a la izquierda y a la “democraciaquenoshemosdado” con la consecución de los derechos de la mujer, tendremos que hacer memoria pero de la de verdad.
Buena parte de la sociedad ha digerido que los derechos de la mujer son obra del régimen de 1978 y de la fenecida II República, y las feministas amaestradas creen que su “lucha por la igualdad” es una consecución de Carmen Alborch o de Irene Montero.
Pero las consecuciones de los derechos políticos, laborales y sociales de las mujeres en la modernidad no son obra de la II República, ni del feminismo resentido ni de “lademocraciaquenoshemosdado”. Fueron, esencialmente, obra de una Monarquía: la de Alfonso XIII; de un dictador militar: Miguel Primo de Rivera; y del régimen del Estado Nacional dirigido por Francisco Franco hasta 1975.
La primera legislación laboral protectora de la mujer en cuanto a accidentes de trabajo y descanso, así como durante la jornada laboral, no la otorgan los socialistas ni los comunistas: se produce en 1912. Se trató de la popularmente conocida como “ley de la Silla”, dada por el gobierno del liberal José Canalejas bajo la monarquía de Alfonso XIII.
Del mismo modo, pululan todavía hoy, en los ambientes de España, los tópicos de que la mujer “se incorpora a la Universidad” en democracia y muy concretamente gracias al PSOE de Felipe González que “abre” la enseñanza superior a las mujeres.
Lo cierto es que el 8 de marzo de 1919 una Real Orden dada por Alfonso XIII autorizó la matriculación de las mujeres en las Universidades de España.
¡Anda!¡ 23 años antes del nacimiento de Felipe González!
El periodismo femenino tampoco es cosa de la “Transición” ni de Rosa María Mateo, musa del felipismo. La primera corresponsal de guerra española, hace más de un siglo, perteneció al ABC y fue Sofía Casanova.
Entrado en el año 1923 el periodo de dictadura del general Miguel Primo de Rivera, se produjeron varios hitos en los logros jurídicos para la mujer española, aplaudidos e impulsados por el gobierno del general, que además de preocuparse por aplacar la guerra de África, destruir el terrorismo anarquista, y desarrollar industrial y socialmente la economía, trazó claros compromisos con la mujer trabajadora, con la ama de casa y con la madre de familia.
El gobierno de Primo de Rivera reconocería los primeros derechos políticos a las mujeres. José Calvo Sotelo –el que fuera posteriormente líder de la oposición derechista asesinado por los escoltas socialistas de Indalecio Prieto en julio de 1936- fue nombrado ministro en los gobiernos de Primo de Rivera, y además de efectuar una reforma de la Hacienda pública para eximir de cargas tributarias excesivas a los obreros y reforzar la tributación de las clases altas promulgó, en 1924, un “Estatuto municipal” que otorgaba el derecho de voto a las mujeres cabezas de familia. De los aproximadamente 6.800.000 electores, 1.700.000 eran mujeres.
Las primeras alcaldesas municipales de España aparecieron gracias a la norma de Calvo Sotelo. Entre ellas: Concepción Pérez Iglesias, alcaldesa de Portas (Pontevedra); Candelas Herrero, alcaldesa de Castromocho (Palencia) o Matilde Pérez Mollá, alcaldesa de Cuatretonda (Alicante). Fueron varias más. Por primera vez en la historia de España la mujer era electora y elegible para cargos representativos.
En 1927 se produce la primera incorporación colectiva de mujeres a una Asamblea constituyente. Primo de Rivera nombró trece mujeres para ocupar asientos en la Asamblea Nacional Consultiva destinada a elaborar un proyecto de Constitución que surgió en 1929 y en la que se otorgaba el derecho a voto en régimen de igualdad a mujeres y hombres.
La llegada de la II República hizo que durante el proceso constituyente de 1931 la diputada Clara Campoamor impulsara el derecho al voto femenino. La oposición de Manuel Azaña, que hizo mofa del debate entre diputadas de la cámara, así como de Indalecio Prieto que consideró la propuesta de Campoamor como letal para la República, es de sobra conocida. Menos conocida es la posición de las diputadas izquierdistas, icónicas para el feminismo español, llamadas Victoria Kent- del Partido Radical Socialista- y Margarita Nelken- del PSOE-. Ambas concebían a la mujer española como ser inferior, alienada por los sacerdotes y su esposo y, por tanto, inhabilitada para votar de forma racional –esto es: a la izquierda-. Ambas se opusieron ferozmente a Campoamor y al derecho al voto femenino. La derecha en bloque votó a favor y el sufragio femenino salió adelante.
Fue la primera decepción de Clara Campoamor con los republicanos de izquierda. La siguiente se daría entre febrero y septiembre de 1936, periodo en que se basó para retratar los horrores del Madrid frentepopulista de las Checas, los “paseos” y los asesinatos “revolucionarios” en su obra: “La revolución española vista por una republicana”, de 1937.
El Estado Nacional comandado por Francisco Franco entre 1939 y 1975 mantuvo y defendió el derecho al voto de la mujer en los refrendos y en las elecciones municipales convocados.
La protección a las amas de casas y trabajadoras del hogar fue plasmada, entre otras, en la institución del “Montepío del Servicio doméstico” creado en 1959. Era una cobertura para millones de mujeres trabajadoras de España.
Un año antes, en 1958, y por impulso de la abogada falangista Mercedes Formica, férrea defensora del derecho de la mujer frente a los abusos de toda índole, se logró la reforma de 66 artículos del Código Civil español para defender a la mujer en las situaciones de separación matrimonial, pues hasta entonces ésta perdía todo derecho sobre el domicilio conyugal y la custodia de sus hijos. Gracias a la “reFORMICA”, como se la llamó coloquialmente, las mujeres de España dejaron de ser el eslabón débil: a partir de entonces obtenían reconocimiento del derecho de propiedad sobre bienes particulares aportados al matrimonio; el hombre también podría ser acusado por adulterio; y la mujer gozaría de pleno amparo legal en caso de separación justificada así como del derecho a disfrutar y educar a sus hijos.
La revolución sobre los derechos de la mujer no cesaría: en 1961 se creó la ley 54/1961 de 22 de julio de derechos políticos, profesionales y de Trabajo de la mujer, impulsada por las procuradoras de las Cortes franquistas encabezadas por Pilar Primo de Rivera (las mujeres, con Franco, podían ser parlamentarias). En virtud de esta norma la mujer accedía a los puestos de la Administración pública en igualdad respecto al varón y con los mismos derechos retributivos. Con el paso de los años, accedería igualmente a la carrera judicial y fiscal. Del mismo modo, la empresa privada garantizaba a la mujer un trato digno que permitía conciliar su vida familiar y laboral, mediante un salario digno y con pleno reconocimiento en las coberturas protectoras de la Seguridad Social y el sistema de pensiones.
Los años 60 vieron una cada vez mayor incorporación femenina al mundo laboral y universitario. Las becas para estudios medios y superiores, basadas en la excelencia académica, y lanzadas por el Ministerio de Educación para los españoles humildes pero sobresalientes en su intelectualidad, no distinguían entre hombres y mujeres de todos los pueblos de España.
En 1970 un Decreto del Ministerio de Trabajo entonces dirigido por Licinio de la Fuente establecía, para todo el territorio nacional, y por imperativo legal, la igualdad salarial entre hombres y mujeres a igual puesto de trabajo. Lo que hasta ahora había estado sujeto a Convenios provinciales y sectoriales, adquiría rango obligatorio para todos los sectores laborales y para toda España.
En 1972 se abolió la autorización familiar para dejar la casa paterna, y en 1975, meses antes de morir Franco, se eliminó del Código civil la llamada “licencia marital” -figura generalizada en los ordenamientos de los países europeos-. De este modo la mujer se convertía en plenamente autónoma jurídica y civilmente.
Mención honrosa merecen las ayudas a la natalidad, los “puntos” retributivos complementarios a los salarios de hombres y mujeres por cargas de familia, y los premios a la natalidad como impulso a la maternidad y que sin duda contribuyeron a que España, en 1975, tuviera uno de los mayores Índices de fecundidad del mundo (de 2.8 hijos/mujer) que ya nunca hemos recuperado.
Así pues desoigan los mitos sobre una supuesta discriminación machista y opresora contra la mujer como vicio inherente y multisecular en la historia de España. Mitos sonrojantes y sobradamente desmontables sobre una supuesta falta de derechos laborales o políticos que habría sido letal para la mujer hasta la llegada de la II República, el feminismo o el régimen de 1978.
Y es que España realizó un camino a lo largo del siglo XX y hasta 1975 en el que la mujer alcanzó, a través de pioneras reformas legales, la igualdad de derechos sociales, laborales y familiares. Y fue gracias a gobernantes, estadistas, políticos y juristas no precisamente de izquierdas y no precisamente encuadrados ni en el feminismo ni en la “democraciaquenoshemosdado”.
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¿Se subirá Irene y su tropa púrpura babilónica de odio a la naturaleza creada por Dios, a un andamio para ganarse la vida por una vez en la vida?
¿Se apuntará voluntaria a la Legión, ahora que las mozas pueden hacerlo?
¿Bajará a sacar mineral de alguna mina con el mono y el casco puestos?
¿Trabajará en alguna cantera de cemento, arena, piedra, pizarra, etc. o en algún oficio o trabajo que implique sudar y fatigarse de verdad?
¿Trabajará de camionera cargando camiones y descargándolos?
¿Trabajará en el campo, en las huertas, incluso con un sol de justicia?
¿Trabajará como albañila, peona de obra, encofradora, ferrallista, yesista, carpintera, fontanera, etc.?
¿O quizá aceptará pruebas físicas iguales a las de los hombres (sin privilegio) en el acceso al ejército, la policía, la guardia civil, etc.?
¿No? ¿Y qué feminismo es ese, tanta «igualdad» que pregona? ¿Es el feminismo, victimismo buscador de privilegios?
¿Seguirán nutriendo su ejército rojo de violadores que han amnistiado recientemente de modo total y que ya empieza a adueñarse de las calles, especialmente de poblaciones pobres (Galapagar ni en sueños. Allí hay protección de guardias civiles constante) toda vez que han dejado ya las celdas de las cárceles cortesía bolchevique morada?