Requisitos mínimos de los programas electorales. Por Javier Marzal

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Como venimos describiendo en nuestros trabajos, la metamafia institucional nos ha llevado al punto de no retorno de la decadencia, es decir, que si no se hace un cambio sustancial del sistema, cada día la pobreza y la corrupción serán mayores, empeorando desde hace décadas nuestro presente y nuestro futuro. Igualmente, la metamafia institucional, incluyendo a sus organizaciones internacionales, impulsan regímenes totalitarios, especialmente desde la declaración de pandemia de la OMS (ONU) en 2020.

La única solución a la decadencia consiste en disminuir y controlar el poder de la metamafia institucional; por ello, se hace necesario que la población vote sólo a partidos políticos que se comprometan con este cambio.

Tanto el freno de la decadencia y del totalitarismo, como el cambio de sistema, sólo desde el sector social puede realizarse. El sector social está constituido por las organizaciones privadas sin ánimo de lucro, y, por tanto, representan a la sociedad civil y al conjunto de la población.

Para la contención de la decadencia y la realización del cambio social necesario, los programas electorales deben contener los siguientes compromisos:

La sociedad civil debe poder controlar las instituciones.
La metamafia institucional no puede tener control alguno sobre el sector social. El sector social debe crear sus propias normas y registros de organizaciones, al margen de las instituciones.
Se impulsará la creación de una estructura privada de financiación y control del sector social que distribuya el 0,7 del PIB más otro 0,7 voluntario que actualmente asignan las instituciones al sector social en España.
Los jueces, como última garantía del control de la legalidad, deben ser controlados por la sociedad civil como establecía las Cortes de Cádiz de 1812 (La Pepa), es decir, siendo tribunales populares quienes juzguen la prevaricación de los jueces, limitándolo a las sentencias firmes, siempre que éstas hayan sido recurridas en otra instancia.
Se considerará prevaricación judicial cuando un juez desestime un recurso donde se refiera el artículo incumplido por la resolución impugnada.
Se considerará prevaricación administrativa cuando un funcionario desestime un recurso donde se refiera el artículo incumplido por la resolución impugnada.
Se considerará prevaricación administrativa cualquier injerencia en el sector social, como la constitución de asociaciones, fundaciones o cualquier otro tipo de organización privada sin ánimo de lucro, así como las subvenciones a cualquier organización del sector social.
Se considerará delito grave el déficit público.
Los gobiernos de países con una deuda pública superior al 60% del PIB, se comprometerán a reducir la deuda en un 2% anual.
Los delitos de los funcionarios públicos prescribirán a los quince años, comenzando el plazo cuando las víctimas tengan toda la documentación relacionada solicitada.
Todos los delitos de los funcionarios públicos tendrán pena de prisión.
La Responsabilidad Patrimonial del Estado (RPE) se establece en 10 años (actualmente en un año), desde que la víctima tenga toda la documentación.
Las actuaciones de organizaciones privadas no estarán sujetas al derecho administrativo, como actualmente sucede con los colegios profesionales.
Considerando que las organizaciones Internacionales (intermetamafias) se han convertido en un peligro para las democracias y para los derechos humanos, se dejará de financiar y pertenecer a las mismas, salvo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Si ningún partido político incluye estos principios básicos, la mejor opción es la abstención activa.

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Conscientes de la alta corrupción existente en las grandes ONLs (Organizaciones No Lucrativas), la International Association to Change the World se compromete a redactar las propuestas normativas necesarias para el autogobierno del sector social.

“Otro mundo es posible” y necesario